En la provincia de Buenos Aires nunca hubo tanto presos como en la actualidad. Este es el resultado más preocupante de la política criminal impulsada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que ha desencadenado una grave crisis en materia de derechos humanos. Pero no es el único dato alarmante. A los indicadores de prisionalización se le suman otros vinculados al agravamiento de las condiciones estructurales de hacinamiento y superpoblación, y las prácticas de tortura que siguen siendo sistemáticas.

Este verdadero sistema de la crueldad es la cara oculta de las políticas de mano dura y es la consecuencia de la demagogia punitiva. La emergencia en seguridad decretada por el Gobierno provincial en 2014, implicó también un aumento considerable del ejercicio de la violencia policial, que se refleja cotidianamente en prácticas como las detenciones arbitrarias y en el uso letal de la fuerza.

La estrategia de saturación territorial con la presencia de efectivos y patrulleros en los barrios pobres de las periferias urbanas ha generado restricciones en la circulación por el espacio público de un sector de la población estigmatizado como peligroso, lo que a menudo da lugar a situaciones de hostigamiento, maltrato y persecución por parte de la policía.

Todo esto es lo que se documenta y analiza de manera rigurosa en el Informe Anual 2015 de la CPM. Esta novena edición se presenta en un contexto electoral que conducirá a la renovación de autoridades de gobierno en todos sus niveles, donde las políticas de seguridad están en el centro de la escena, orientadas a la profundización de la “mano dura”. Por esta razón se vuelve imprescindible hacer un balance en torno a la lucha contra la tortura y otras formas de violencia institucional. En este sentido, se abordan cuestiones asociadas con las políticas de seguridad y justicia, penitenciarias, de niñez y de salud en neuropsiquiátricos.

La presentación pública
La CPM presentará el Informe el próximo lunes 22 de junio a las 16 hs. en el teatro Coliseo Podestá de La Plata. Familiares víctimas de la violencia policial de todo el país, organizaciones sociales de lucha contra la violencia policial y penitenciaria, y referentes del movimiento de derechos humanos acompañarán el acto. Además, estarán presentes representantes de los mecanismos de prevención de la tortura de las provincias de Chaco, Mendoza, Salta y Río Negro.

Este marco de amplios y diversos respaldos al trabajo de la CPM resulta fundamental para enmarcar el resultado de este trabajo en la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos en la agenda de la democracia. Como señala Adolfo Pérez Esquivel, co-presidente de la CPM, “la lucha por los derechos humanos no tiene que ver sólo con lo que pasó durante la dictadura sino también con lo que pasa hoy. No puede haber tortura en democracia y por eso hay que denunciarlo. Los gobiernos deben escuchar y tomar medidas. Los derechos humanos, como la democracia, no se conquistan de una vez y para siempre; son el resultado de la lucha permanente de los pueblos”.

En este sentido, desde el año 2003 la CPM viene realizando un trabajo de monitoreo sistemático en lugares de encierro, y también analizando, proponiendo y participando activamente del debate en torno a las políticas de seguridad en la Provincia. Desde las áreas del Comité contra la tortura y Justicia y seguridad democrática, se realiza esta tarea que una vez más adquiere la forma de un Informe Anual que analiza las prácticas y datos que describen el sistema de la crueldad bonaerense.

Roberto Cipriano García, miembro de la CPM, afirmó que “el Informe Anual 2015 da cuenta de la crueldad de las políticas penitenciarias, de seguridad, de niñez y de salud mental, políticas regresivas en materia de derechos humanos que apelan a discursos demagógicos y soluciones fáciles que no resuelven los problemas sino que los agravan. La tortura es una práctica sistemática, y la muerte de pibes jóvenes una consecuencia inevitable de la desatención sanitaria y las violencias. Para estos sectores pobres captados por el sistema penal, no hay derechos”.