Por caso, Diego Borja (17) murió por las quemaduras sufridas en el Instituto Agote a fines de 2014. Habia sido aislado en una celda de castigo, en los socavones del subsuelo del edificio por hablar en forma “irrespetuosa” a un adulto. El aislamiento está prohibido por la Convención de los Derechos del Niño y ni siquiera está previsto en las propias reglamentaciones de estas prisiones.
En aquella oportunidad, la titular de Correpi, María del Carmen Verdú, detalló la muerte de Diego y agregó: “Pero podría haberse llamado Germán Humberto Medina (16); Rodolfo Arancibia (18); Maximiliano Ezequiel Rodríguez (17); Marcos Dunda (17); Cristian Candela (16); Damián Caballero (17) y mil nombres más. Podría haber estado en el Agote, en el Rocca, o en alguno de los “institutos” (cárceles) para niños de menos de 18 años de cualquier lugar del país. Podría haber muerto quemado, asfixiado, ahorcado o por no recibir atención médica”.
Y luego, Verdú narró otro caso: “Como Diego, Germán Medina era adicto y tenía una patología psiquiátrica. La respuesta del juez fue “alojar preventivamente al menor en el Instituto Manuel Rocca, a fin de evaluarlo y derivarlo a un lugar adecuado a su problemática”. Unos días después, una asistente social informó al juez – que también había pedido que fuera resguardado por la posibilidad de autolesiones- que encontró a Germán en una “celda de aislamiento de 3 por 2 m., oscura, sin luz natural ni aberturas, sin luz artificial durante el día, con una puerta de metal ciega, sin más mobiliario que un camastro sin almohada, con aire enrarecido y olor fuerte y desagradable. El 11 de enero de 2007, muy temprano por la mañana, Germán fue hallado muerto. Ahorcado”.
También los archivos refieren a Rodolfo Arancibia (16), quien tenía una causa por lesiones: “No se presentó cuando lo citaron del juzgado, lo declararon rebelde y lo detuvieron. El 6 de mayo de 2009 lo encerraron en el instituto Agote, como a Diego. A las 7 de la mañana del día siguiente, lo encontraron colgando del único ventiluz del calabozo. Y, según informó: “La médica forense que revisó el cuerpo en el lugar, escribió que ‘presentaba una tela sobre la boca a modo de mordaza’. Cuando se la quitaron, encontraron dos medias forzadas dentro de la boca. También, tenía marcas de golpes en la cara. Sus muñecas mostraban las típicas lesiones por esposas muy apretadas”. También por la época, fuentes periodísticas revelaron otra muerte: “Apareció ahorcado en una celda de castigo del Instituto Rocca–, ‘el hisopado rectal muestra la presencia de líquido seminal de una o más personas, lo cual demuestra que había sido violado’, reveló Verdú,
Entre 2004 y 2014 murieron 58 niños y adolescentes en instituciones de encierro (institutos de menores, comisarías, etc.) en el país. Esta cifra no es exhaustiva ya que la carencia de estadísticas públicas en la materia obliga a relevar y sistematizar la información sobre estos casos que publican los medios de comunicación. La muerte de un joven en el encierro no siempre resulta aplicable al criterio de lo noticiable, por lo cual seguramente exista un sub-registro en estos datos.
CEJAS MELIARE
Como se sabe, luego de que en primera y segunda instancia se resolviera hacer lugar a la acción de habeas corpus, la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (voto de los jueces Catucci y Riggi), rechazó el planteo de la PPN subestimando las facultades del organismo, reconocidas por legislación local e internacional, y argumentando, entre otras cosas, que la falta de un monitoreo de esos centros de detención juvenil no implicaba riesgo alguno para los niños, niñas y adolescentes detenidos allí. Asesinatos, suicidios inducidos y torturas demuelen este argumento, que ahora reconoció la Corte.
Por su parte, Ariel Cejas Meliare, Protector de Derechos Humanos de la PPN, elogió el fallo de la Corte, (que ordenó que el Juzgado de Instrucción 38 emita un nuevo fallo en consonancia son su resolución), resaltó el carácter inapelable del mismo y sostuvo que inmediatamente la entidad inspeccionará estos institutos. También fustigó a la Cámara del Crimen y la Sala III de Casación, (Catucci y Riggi) que durante años impidieron el monitoreo que podría haber evitado la masacre.
A la vez, Cejas Meliare remarcó que diversos equipos idóneos de la PPN abordarán estos institutos “donde reina la arbitrariedad y en muchos casos terminan con el peor de los finales”.
Es hora de pulverizar el encubrimiento que mantiene oculto cuántos chicos son los que permanecen tras las rejas en los institutos de la Caba, y de todo el país, qué trato reciben, cuál es su alimentación y cómo se vulneran sus derechos a la integridad. Solo trascienden sus nefastas condiciones de vida cuando sucumben en el encierro donde nunca debieron estar. El estado tiene una diversidad de herramientas para abordar la problemática de los jóvenes sin acudir al garrote, las rejas o el exterminio. Que así sea.