“Los tribunales no tienen independencia, y eso es muy grave para un Estado de derecho, que el poder judicial ceda a las presiones políticas de los estados con un juicio como éste, plagado de irregularidades”, agregó. La defensora trabajará en la apelación mientras su defendido vuelve a la cárcel de Temuco. El fiscal Sergio Fuentes había solicitado una pena de 12 años pero el tribunal modificó la acusación de “incendio en casa habitada” a solo “incendio” por lo que la condena va de 3 a 10 años. La defensa pidió que se tome en cuenta que Jones Huala está preso desde junio de 2017.

Por estos mismos hechos ya hubo un juicio en 2014 y los demás imputados quedaron absueltos por el incendio de 2013. En diálogo con PáginaI12, Isabel Huala explicó las circunstancias en las que fue apresado su hijo. “En Chile estuvo detenido por acompañar a la familia de Matías Catrileo. Ahí vieron a alguien que estaba luchando, y cuando volvió a cruzar (la frontera) para buscar medicinas y visitar a su hijo lo encuentran en la casa de la machi (sanadora) Millaray Huillaray, que es la cara visible de una pelea contra la hidroeléctrica Pilmaiquén, que quiere encerrar a todos los ríos que quedan libres”. Esa detención se produjo casi un mes más tarde, el 30 de enero y es entonces que habrían encontrado un arma bajo su cama. Isabel Huala agregó que “participé en los dos juicios y sé que no había ninguna prueba, a la machi le dieron apenas unos días de prisión condicional y los demás fueron todos absueltos”.

En el juicio que culminó en Valdivia, una de las testigos dijo que lo conocía personalmente pero cuando le dijeron que lo identificara señaló a su hermano, Fernando Jones Huala. Hubo risas en la sala, incluso de los jueces del tribunal. “Uno de los hechos graves fue el conocimiento previo que tenía el Ministerio Público de una investigación que se encontraba en calidad de secreto por la Ley de Inteligencia, lo que origina la posibilidad de que un miembro de inteligencia haya filtrado información antes de que fuera relevada del secreto”, denunció la abogada Riquelme y agregó que “cinco años más tarde nos dimos cuenta de que el informe que teníamos era distinto al del Ministerio Público. Por eso creemos que el tribunal no debe valorarlo e incluso está la posibilidad de presentar una denuncia dado que la prueba que se incorporó al juicio es ilegal”.