Según comentó el abogado patrocinante de las víctimas Hermindo González la denuncia consiste en tres momentos: en una primera instancia en los “hechos ocurridos durante la manifestación” la cual fue reprimida por la Policía de Corrientes.

En un segundo momento con los “apremios, vejaciones y torturas a los detenidos”, mientras que el tercero por el “atentado contra la dignidad humana”, ya que según explicó, a las mujeres detenidas “se les obligó a quitarse la ropa exterior e interior habiendo entre ellas una menor de edad” siendo además expuestas a “burlas y golpes por parte de policías mujeres”.

Luego del desalojo, nueve personas fueron trasladadas a la Comisaría Segunda de la ciudad, entre ellos siete mujeres y dos hombres.

En tanto según detalló el abogado, la última persona detenida fue un miembro de la organización que se había acercado a preguntar sobre la situación. El argumento policial para retenerlo habría sido que revestía el carácter de “persona peligrosa”, a quien le habrían “tomado declaración por el mismo delito que se instruyó para los que estaban en el puente”, comentó el abogado, haciendo así un total de diez personas demoradas.

Hermindo explicó que una vez que se asigne el Juez que va a intervenir se va a “acompañar como querellantes conjuntos”.