La CPM expresa su preocupación por las denuncias de torturas realizadas ayer por cinco mujeres detenidas en una dependencia policial de la departamental San Vicente. La gravedad de los hechos exige una contundente intervención judicial y de las autoridades del Ministerio de Seguridad Bonaerense, para salvaguardar la integridad de las víctimas e investigar a fondo las responsabilidades policiales en todas sus jerarquías.

Tienen entre 20 y 30 años de edad. Permanecían alojadas todas juntas en una celda de 3 × 4 con sólo dos camas de cemento y un baño que se tapaba de manera recurrente. Dormían en el piso sobre colchones que sus familiares les habían traído. No tenían acceso a cuidados médicos de ningún tipo ni recibían alimentos. Sólo comían lo que, también sus familiares, alcanzaban cada día a la dependencia policial. Permanecían encerradas las 24 horas, en aislamiento extremo.

Ayer denunciaron que en los últimos meses fueron víctimas de torturas sistemáticas por parte de los policías encargados de su cuidado, todos agentes varones, pese a tratarse de una dependencia destinada únicamente a mujeres. A las condiciones antes descriptas, se sumaron las agresiones físicas, psicológicas y verbales; abuso sexual y hostigamiento permanente por su condición de mujer: “están acá por putas”; “sus familias saben que son putas”, eran algunas de las frases con las que convivían.

Un equipo del Comité contra la Tortura de la CPM inspeccionó ayer en el lugar e intervino para garantizar un rápido traslado que permita salvaguardar la integridad de las mujeres. Al ingresar a la celda donde permanecían detenidas, se percibió rápidamente un clima de hostigamiento y violencia que las obligaba a permanecer en silencio. Luego reconocieron estar amenazadas por los victimarios. Al momento de la entrevista, presentaban síntomas de estrés post traumático: episodios de llanto, temblores, imposibilidad de sostener la mirada.

Entre los episodios narrados refirieron a la noche del 31 de diciembre, cuando varios agentes policiales ingresaron a la celda, les entregaron una sidra, las agredieron verbalmente y amedrentaron violentamente lo que motivó que salieran al patio. Con las detenidas allí, los agentes se subieron al techo enrejado y comenzaron a masturbarse mientras les gritaban “a ver a quien le cae este guascazo”.

Esa misma madrugada alrededor de las 4 am, un agente comenzó a arrojarles petardos dentro de la celda y amenazarlas diciéndoles que les iban “a meter un tiro en el culo por putas” y que iban a informar que “habían querido escaparse”. La secuencia de la noche entera las aterrorizó completamente.

En otra ocasión, a una detenida la obligaron, mientras la golpeaban, a limpiar con una tapita de gaseosa una letrina colmada de excremento.

En el relato, las detenidas mencionaron ser testigos de un hecho ocurrido a mediados de enero: la detención y torturas a un hombre que fue ingresado a una celda contigua. Escucharon ruidos que confirman que fue golpeado y torturado con picana eléctrica. Luego, el detenido fue vestido con ropa íntima de las detenidas y abusado.

La inspección realizada ayer por el CCT-CPM habilitó la rápida intervención de la Fiscalía de Brandsen que constató las graves condiciones de detención y el riesgo que implicaba la permanencia de las detenidas en el lugar. Luego, el Juzgado de Garantías Nº 1 de La Plata, en articulación con la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Derechos Humanos, dispuso el traslado de las mujeres a la Alcaidía Nº 3 de La Plata. En el día de hoy, todas ellas prestaron declaración en la Fiscalía Nº 7 a cargo de la Dra. Virginia Bravo, quien lleva la causa por las denuncias de las detenidas contra los agentes policiales. Sobre el nuevo destino de cada una de las mujeres decidirán los juzgados donde se encuentran radicadas las causas correspondientes a cada una.

Desde la declaración de la emergencia de seguridad decretada por el ex gobernador Daniel Scioli en 2014, se ha ido incrementando la cantidad de personas detenidas en comisarias en condiciones agravadas por el estado de abandono de las dependencias policiales. Esto significó un grave retroceso en materia de derechos humanos, ya que desde el 2005, producto del denominado fallo Verbitsky, la Corte Suprema había prohibido las detenciones en comisarías.

La CPM ha denunciado recurrentemente esta situación que de manera sistemática reproduce prácticas policiales de vulneración de derechos. La denuncia realizada por estas mujeres no da cuenta de un estado de excepcionalidad sino que se trata de un síntoma de un sistema cruel y perverso de encierro que se extiende en toda la Provincia, donde la tortura se ha enquistado como la más habitual de las prácticas por parte de los agentes policiales para el trato con las personas detenidas.

La situación se agrava en este caso por la perspectiva de género en que se inscriben los abusos denunciados. Aunque esto no constituye una excepcionalidad. De manera reiterada la CPM ha expuesto los argumentos que dan cuenta de los modos particulares con que el sistema de encierro constituye a las mujeres en víctimas por su sola condición de tal.