(Por Oscar Castelnovo/APL) Uno de los referentes de los detenidos en Devoto, Carlos Palazzo, expresó a esta agencia que “el acuerdo fue positivo, es un tramo de nuestra lucha ante un sistema tan injusto, tenemos compañeros y chicas que ya deberían estar en libertad porque pasaron años sin condena firme, porque ya la cumplieron o porque pertenecen a grupos de riesgo ante la covid-19. Y no estamos hablando de violadores o genocidas. Sino de la mayoría de la población en las cárceles que pudo o no haber cometidos delitos contra la propiedad o infringir la ley de drogas. El próximo 20 de mayo nos volvemos a juntar porque hay mucho para resolver. Nosotros solo luchamos por nuestros derechos”. (continúa en link de más abajo).
Con el acta-acuerdo firmada, este miércoles, por detenidos, funcionarios, miembros de la justicia y de organismos de derechos humanos, en medio de la pandemia de la covid-19, amainó el conflicto en la cárcel de Devoto. Allí, estuvo el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, cuya ausencia la semana anterior fue motivo de tensión ya que los presos reclamaban que viniese como interlocutor ministerial. Su presencia era necesaria para que asuma, por caso, el compromiso con relación a los criterios criminológicos e informes que elabora la autoridad penitenciaria, punitivos como método, que resultan decisivos para la libertades y/o morigeraciones.
Así, acordaron la conformación de un grupo de trabajo que aborde la temática penitenciaria en forma “integral”, con lo que dieron por concluidas las negociaciones iniciadas el 24 de abril pasado tras la jornada de protesta de detenidos en reclamo de prisiones domiciliarias por el coronavirus.
También participaron del encuentro el subsecretario de Política Criminal, Pablo Barbuto; el juez Daniel Morín, de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional; la jueza de Ejecución 2 Vilma Bisceglia; y el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Emilio Blanco. En la mesa de diálogo estuvo Ariel Cejas Meliare, de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), Andrea Casamento de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (Acifad), Claudia Cesaroni (Cepoc) y el abogado Matías Isequilla del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad (Sutpla), entre otras organizaciones.
Como ha denunciado esta Agencia, tanto el presidente Fernández como los gobernadores de las provincias podrían haber decretado conmutaciones de penas, pero negaron esa posibilidad al tronar de las cacerolas de la ultraderecha que hoy también manifestarán en las esquinas contra “el comunismo” (sic). Así, de las 1.280 personas detenidas en las cárceles federales que reúnen los requisitos establecidos por Casación, muy pocas fueron excarceladas hasta ayer, a más de un mes de declarada la cuarentena. Países de todo el planeta, incluido Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, España o Irán liberaron o dieron arrestos domiciliarios a miles de sus detenidos ante el riesgo de la covid-19. La Argentina, hasta el momento, eligió hacer equilibrio al borde del precipicio.