Interior se ha visto forzado a hacer público el nacimiento de este fichero porque la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal obliga a todas las administraciones a anunciar la creación de cualquier archivo a través del BOE. Interior lo publicó en el boletín el pasado 5 de diciembre, pero la polémica base de datos pasó totalmente desapercibida, difuminada entre otros 21 archivos de nueva creación, la mayoría meramente administrativos y sin aparentes aristas que fueron publicados en la misma orden.
La base en sí se denomina Ucpi («punto único de comunicación para el intercambio de mensajes»). Según el documento que crea Ucpi, el «colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal» son todas aquellas «implicadas en actividades delictivas e infracciones sobre las que se solicita información o son objeto de investigación policial a nivel nacional e internacional». En ningún momento se especifica quién decide si un sujeto está «implicado» en una actividad delictiva o en una «infracción». O qué es estar «implicado» en un hecho ilegal o ser «objeto de investigación», conceptos que no son ni jurídicos ni administrativos.
Responsables policiales han admitido que ante esta indeterminación y lo ambiguo de estos términos queda al arbitrio de los propios funcionarios decidir a quién se introduce en esa base de datos y el por qué. El texto legal que crea Ucpi tampoco especifica cuánto tiempo los datos personales de ese sospechoso estarán en esa base ni qué circunstancias deben darse para que las informaciones sobre esa persona sean borradas. Solo se apunta que el órgano al que se pueden dirigir los ciudadanos para ejercer sus derechos es la División de Cooperación Internacional, algo que parece improbable porque los ciudadanos no tienen forma de saber si su nombre y datos están o no en ese archivo.
Según la orden de creación de la base, Ucpi tiene como «uso previsto» el «apoyo a la investigación policial nacional e internacional». Ese fichero de Interior, sobre el papel, servirá para el intercambio de datos entre Policía, Guardia Civil y policías autonómicas. Pero el departamento que dirige Jorge Fernández también abre la posibilidad a «intercambiar mensajes» sobre sospechosos con los que nutrir esa base con «entidades externas» nacionales como el Ministerio de Justicia, Aduanas o el Banco de España, pero también extranjeras como Interpol, Europol o Sirene (el sistema de información de Schengen).
La orden firmada por el ministro faculta a los funcionarios a «recoger» datos para esa base «automatizada» a través de «comunicaciones» de otros cuerpos de cualquier tipo, como correo electrónico o fax.
Infinidad de información
Interior da luz verde a que en ese fichero – que tendrá un nivel de protección «alto»- los agentes puedan introducir, básicamente, todos los datos personales que tengan en su poder o que le hayan llegado de otras administraciones o policías. La información que puede ser incluida y, por tanto procesada automáticamente por Ucpi, es extensísima. La aplicación admite la inclusión de datos estructurados como cualquier otro archivo clásico (nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento o sexo), pero su punto fuerte es la posibilidad de añadir «información no estructurada» de todo tipo: «datos biométricos», fotografía, dactilogramas, vehículos, cuentas bancarias, armas, joyas, coches…. «o cualquier otro dato que pudieran ser identificativo de la persona». La orden invita a los funcionarios a incorporar al fichero incluso imágenes, documentos digitales, vídeo o audio de esas «personas implicadas en actividades delictivas o infracciones».
Fuente: Boletín Tokata