El caso Cubas y el gobierno de los derechos humanos
Los seis dirigentes campesinos fueron algunos de los imputados por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas Gusinky, hija de un ex presidente paraguayo. Todos ellos a excepción de Roque Rodríguez, dirigente máximo del Movimiento Agrario y Popular, pertenecían al Partido Patria Libre, organización a la que la Fiscalía Antisecuestro atribuyó el plagio de Cecilia Cubas.
El juez de Garantías Pedro Mayor Martínez nunca consideró pertinente su detención dado que la fiscalía y la querella nunca reunieron pruebas contra los seis y construyeron la acusación contra los mismos solamente con el testimonio, sumamente controvertido, de un informante policial. Sin embargo, dada la gran influencia política de la parte querellante – la señora Mirtha Gusinky, madre de la víctima- y de su abogado, miembro del Consejo de la Magistratura, Enrique Baccheta, los seis evaluaron que la justicia paraguaya no les brindaba ningún tipo de garantía de imparcialidad ni de objetividad. Tuvieron la certeza de ello cuando en noviembre de 2005 la fiscalía, sin un mínimo criterio de objetividad, que caracterizaría todo su accionar en la causa, solicitó el cambio de acusación que pesaba contra ellos de “Omisión de aviso de hecho punible” por el de “Secuestro, homicidio doloso y asociación criminal”. El juez de Garantías rechazó el cambio de carátula porque la fiscalía no había agregado elementos que lo justificaran, sin embargo el Tribunal de Apelación aceptó el pedido de la fiscalía y la querella. A pesar de ello, no dictó la prisión preventiva hasta después de que los seis campesinos se presentaran a pedir el refugio en Argentina.
La decisión de los seis de buscar refugio en Argentina ante la evidente falta de garantías judiciales para ellos se basó en parte en el discurso “derechohumanista” del gobierno de Néstor Kirchner. Además, hasta ese momento la Argentina nunca había entregado en extradición a ningún perseguido político. Los antecedentes resultaban favorables. Una entrevista con el embajador argentino en Asunción, Rafael Romá, quien les recomendó su ida a Buenos Aires y dejó tal recomendación por escrito, terminó por decidirlos.
Pero una vez en Buenos Aires se encontrarían con una realidad muy diferente. La actitud de las autoridades argentinas fue la de dar tiempo a las autoridades paraguayas para que el pedido de detención llegue antes de que los campesinos pudieran iniciar el trámite del refugio definitivo. De esa manera se hizo posible su detención en Buenos Aires.
Una vez iniciado el trámite de extradición la defensa de los campesinos se esforzó en demostrar que la situación de persecución política en Paraguay hacían desaconsejable su entrega a las autoridades paraguayas. Se arrimaron pruebas y testimonios acerca de la violencia estatal crónica contra el campesinado, la existencia de grupos paramilitares en todo el país al amparo del Estado, la falta de imparcialidad de la justicia y la relación de sus funcionarios con los grupos del poder, en particular con el Partido Colorado. El juez interviniente, Ariel Lijo, se negó a considerar todos esos antecedentes argumentando, no se sabe basándose en qué, que en el Paraguay rige el estado de derecho y que por lo tanto solamente cabía asegurarse del cumplimiento de ciertos requisitos formales del pedido de extradición.
Con esto se negaba a considerar también ya no la actuación futura de la justicia paraguaya con los campesinos, sino las insalvables irregularidades que esa justicia ya había cometido en el tratamiento para con ellos y que justamente había sido el motivo de su traslado a Argentina.
Estuvieron presos en Argentina durante dos años y siete meses, a lo largo de los cuales recibieron el apoyo y la solidaridad de una gran cantidad de organizaciones, entre ellas de influyentes personalidades políticas y defensores de los derechos humanos. A pesar de esto la extradición fue concedida y la presidente Cristina kirchner les negó el refugio político, por lo que fueron entregados a las autoridades paraguayas en diciembre de 2008. El Estado Argentino pisoteaba así una más que centenaria tradición de refugio a los perseguidos políticos.
La justicia mafiosa paraguaya y la vigencia de las palabras ante el tribunal de uno de los mártires de Chicago:
Desde ese entonces, todas las advertencias que hicieron tanto la defensa legal de los campesinos como las muchas organizaciones que lucharon contra su extradición se demostraron acertadas. Ente ellas, la de que la composición misma de la justicia paraguaya, totalmente entroncada por relaciones de parentesco, amistad o intereses con los grandes poderes del país hacia imposible la garantía de un juicio justo para los seis. Se referían al inmenso poder político de la familia querellante y de sus abogados, asi como al carácter inquisitorial de la Fiscalía Antisecuestro. Por caso, el abogado enrique Baccheta es un miembro de muchos años del Consejo de la Magistratura: el organismo que designa a los jueces en el Paraguay. Al momento del juicio era además el representante de ese Consejo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, aunque se encontraba provisoriamente con licencia, tal posición no pasa inadvertida para ningún Tribunal que no se discipline a los designios políticos de los grupos de poder.
Los seis campesinos nunca gozaron de los beneficios del principio de presunción de inocencia, ni en Paraguay ni en Argentina. Una vez en Paraguay la justicia los mantuvo arbitrariamente en prisión durante 5 años y 10 meses antes de llevarlos a juicio, convirtiendo la prisión preventiva en una pena anticipada. Para esto incumplió abiertamente con las pocas condiciones que le impuso el juez argentino al momento de la extradición, como la de contar el tiempo de detención en Argentina como si hubiera transcurrido en Paraguay.
Al cumplirse cinco años de su detención, el tribunal rechazó levantarles la prisión preventiva argumentando que no habían cumplido aún el tiempo máximo de la misma, pues en Argentina no habían estado presos sino alojados en pensiones y hoteles.
Este hecho, solamente uno de un listado muy largo de irregularidades que cometió la justicia paraguaya con los seis campesinos, sirve para ilustrar como fue a lo largo de estos ocho años la relación de la justicia con los seis.
En esos términos de total falta de respeto por sus derechos y garantías mínimas, pisoteando a su antojo hasta elementales cuestiones de procedimiento, basándose en pruebas incomprobables como las surgidas de la computadora de Raul Reyes y en testigos pagos de la fiscalía, que cayeron en innumerables contradicciones y equivocaciones groseras, la Justicia condenó a los seis en una farsa de juicio a 35 años de prisión.
El abogado de la querella Enrique Baccheta, hoy senador por el Partido Colorado, lamentó ante el tribunal la inexistencia de la pena de muerte en Paraguay.
Palabras y actualidad
Al término de ese juicio, gracias al cual los campesinos hoy cumplen ocho años de injusta prisión, asombra la actualidad de las palabras de August Spies, uno de los mártires de Chicago, ante el tribunal que lo condenó a muerte en 1887: “…empezaré con las mismas palabras que un personaje veneciano pronunció hace cinco siglos ante el Consejo de los Diez en ocasión semejante: Mi defensa es vuestra acusación; mis pretendidos crímenes son vuestra historia. Se me acusa de complicidad en un asesinato y se me condena, a pesar de no presentar el Ministerio Público prueba alguna de que yo conozca al que arrojó la bomba ni siquiera de que en tal asunto haya tenido intervención alguna. Sólo el testimonio del procurador del Estado y de Bonfield y las contradictorias declaraciones de Thomson y de Gilmer, testigos pagados por la policía, pueden hacerme pasar como criminal. Y si no existe un hecho que pruebe mi participación o mi responsabilidad en el asunto de la bomba, el veredicto y su ejecución no son más que un crimen maquiavélicamente combinado y fríamente ejecutado, como tantos otros que registra la historia de las persecuciones políticas y religiosas. Se han cometido muchos crímenes jurídicos aún obrando de buena fe los representantes del Estado, creyendo realmente delincuentes a los sentenciados. En esta ocasión ni esa excusa existe. Por sí mismos los representantes del Estado han fabricado la mayor parte de los testimonios, y han elegido un jurado vicioso en su origen…”