Convocado por organismos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, la Multisectorial Berisso, La Plata y Ensenada y familiares de víctimas de gatillo fácil y organizaciones políticas y sociales, se realizó este sábado 19 un multitudinario intercambio antirrepresivo. Elia Espen, Nora Cortiñas, Sergio Maldonado, Mónica Alegre y compañeros de la Toma de Guernica, entre otrxs referentes de derechos humanos y luchadorxs, apoyaron la iniciativa. (Más abajo, el documento completo)

Desde la cuarentena que dictó el gobierno con su DNU 297 hubo110 muertes a  manos de las fuerzas de seguridad y 3 desapariciones seguidas de muerte. En  paralelo al ajuste, estas duras cifras confirman que el accionar represivo  recrudece en todo el país. La política de los gobiernos fue dejar en manos de  las fuerzas de seguridad el control integral de la pandemia mediante represión.  La violencia policial, la impunidad y el encubrimiento, lejos de cesar se  agravan.

El asesinato de Luis Espinoza en Tucumán, la represión policial y abusos  sexuales a una familia qom en Chaco, la desaparición forzada y muerte de  Facundo Astudillo Castro, el despliegue represivo sobre niñes y adolescentes,  entre muchos otros casos, dan cuenta del reforzamiento de ese aparato.

La “maldita policía” Bonaerense, fuerza responsable del asesinato de Maxi y  Darío, la segunda desaparición de Jorge Julio López y hace poco de Facundo  Castro, entre tantos otros pibes, muestra la impunidad y el encubrimiento  político hacia ella y la necesidad de este plenario. En el caso de Facundo todas  las pruebas señalan que es otro crimen cometido por la Bonaerense. El  accionar de la jueza y el fiscal siguió un camino de desvío e impunidad. Y  luego, la ratificación de Berni como ministro de Seguridad bonaerense reafirma  el camino del gobierno del Frente de Todos de empoderamiento, represión,  encubrimiento e impunidad de las fuerzas represivas. Por eso decimos: Fuera  Berni. Justicia por Facundo y por todas las víctimas. Castigo a los culpables  directos y a los encubridores. El Estado y los gobiernos son responsables.

Represión a luchas obreras. En un cuadro de grave crisis social y económica,  producto del ajuste por el pago de la deuda externa y el FMI, y de las continuas  luchas de la clase trabajadora ante despidos y suspensiones, pérdida de  salario, condiciones de salud por COVID, etc; también se refuerza una salida  represiva. En Córdoba, la policía de Schiaretti entró al barrio Estación Ferreyra  disparando balas de goma; la marcha de los choferes de UTA que reclamaban  salarios adeudados fue duramente reprimida y también los municipales de  Jesús María que reclamaban por salario y condiciones laborales. En el  Frigorífico Penta, la feroz represión a los obreros garantizó el vaciamiento y los  despidos. Entre otras luchas, también se reprime a les jóvenes repartidores en  varios lugares del país.

Gatillo fácil. Bajo el gobierno de Macri creció la cifra de asesinatos por las  fuerzas represivas, mientras Patricia Bullrich alentaba la doctrina Chocobar.  Aun con otro discurso, bajo el nuevo gobierno de Alberto Fernández esos  asesinatos continúan. Desde marzo se registraron 113 muertes: más de 44  casos de gatillo fácil, 52 muertes en cárceles y comisarías; femicidios y tres  desapariciones forzadas. Esta situación expresa que la doctrina Chocobar es  de hecho una política de Estado. Berni es responsable directo de la política de  empoderar y encubrir a la Bonaerense así como Bullrich lo hacía con la  Gendarmería.

Con el agravamiento de la crisis económica, los efectos del acuerdo con los  buitres y de la negociación con el FMI seguramente habrá nuevas luchas  obreras y populares. Empoderar a la policía y gendarmería al darles el control  total de la cuarentena, buscar reconciliar al pueblo con las FF.AA. mediante  “operativos humanitarios” y otorgarles más presupuesto a todas esas fuerzas  son medidas preparatorias porque, como siempre, el ajuste no cierra sin  represión. Ante esta avanzada, es necesario organizarnos contra las políticas  represivas y la criminalización de la protesta social y por la defensa irrestricta  de los DD.HH.

Derecho a la vivienda. En Guernica, más de 2.500 familias luchan por el  derecho a la vivienda. El viernes 11, a la noche, la Bonaerense ejecutó un  violento desalojo contra 300 familias que estaban en terrenos en Ciudad Evita,  La Matanza, causando 15 detenidos y decenas de heridos. Esto ocurrió apenas  al otro día en que el gobierno les concedió a esa misma policía todos sus  reclamos, desde un aumento salarial hasta el punto 14 de su pliego para lograr  impunidad, lo que rechazamos. Este gravísimo hecho se da luego de que los  gobiernos nacional y bonaerense hicieran campaña para justificar la represión  a las tomas de terrenos. La lucha por la tierra y la vivienda es hoy una de las  principales demandas populares, que ante la inflación y el desempleo en medio  de la pandemia no pueden pagar un alquiler y se ven empujados a ocupar  terrenos ociosos para tener un techo. Por eso apoyamos el derecho a la  vivienda y repudiamos la criminalización de esa y de todas las luchas sociales.

Ni Una Menos. En lo que va del año ya van 206 femicidios y con la cuarentena  crecieron las denuncias por violencia de género. El gobierno se limitó a

anunciar un “plan bianual”, con un magro subsidio de $ 16.875 por seis meses  a las mujeres y disidencias que sufren violencia machista, totalmente  insuficiente para lograr autonomía. Además el plan desecha las casas-refugio,  cuando el “quedate en casa” es insostenible para quienes conviven con el  violento. A su vez, la policía no es ninguna garantía de control de las  perimetrales y por eso muchas mujeres fueron desaparecidas y asesinadas en  la vía pública o en sus hogares. Se calcula que una de cada 5 asesinadas  había hecho denuncias ante el Estado y que uno de cada 5 femicidios lo  comete un agente o ex agente policial o de “seguridad”. Por eso decimos: Ni  Una Menos, basta de violencia de género.

Asimismo, siguen el hostigamiento y crímenes de odio hacia las diversidades  sexuales y de género, a menudo por parte de la policía y en especial contra el  colectivo travesti-trans. Pese a los derechos conquistados por la comunidad  LGBTI+ con su lucha, la violencia institucional y de las iglesias continúa. Por  eso decimos: basta de crímenes de odio y de violencia institucional y religiosa.

Mientras el 51% de les niñes y adolescentes está en la pobreza, el sistema de  protección y promoción integral de derechos y sus organismos de control  sufren precarización, vaciamiento presupuestario y de políticas públicas. Ante  la falta de acceso a derechos, el despliegue de las fuerzas punitivas del Estado  ha incrementado su accionar sobre la población de niñes y adolescentes  pobres.

Desde la cuarentena crecen las denuncias por las violencias que aplican las  fuerzas de seguridad en todo el país. Lo confirman los asesinatos de Lucas  Verón, Valentino Correa, Franco Maranguello y otros. Y la muerte de jóvenes  bajo custodia del Estado desnuda el abandono estructural de los gobiernos en  cuanto a política social para les adolescentes y la violencia estatal por omisión.

Ante este fortalecimiento represivo hacemos este plenario nacional como un  paso para unir los reclamos de les familiares y amigues de las víctimas de  gatillo fácil. Por juicio y castigo a los responsables de la desaparición y muerte  de Facundo. Contra la criminalización de la pobreza. Por el derecho a la  vivienda. Apoyo a las tomas de tierras, luchas ambientales, de los pueblos  originarios y demás luchas. No al Plan Centinela. Por los derechos de toda  persona privada de libertad. Fuera Berni. El Estado y los gobiernos son

responsables. Ni Una Menos. Infancias libres de violencia. Basta de crímenes  de odio y de criminalizar a la comunidad travesti-trans. Continuidad de los  juicios a los genocidas. Apertura de los archivos de la dictadura. Restitución de  la identidad de les nietes apropiades. Por la defensa de los derechos humanos,  gobierne quien gobierne.