En febrero pasado, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre dirigió un reclamo escrito a la cancillería argentina debido al incumplimiento del estado paraguayo respecto a los compromisos asumidos ante la justicia argentina en el proceso de extradición de los seis dirigentes.

La arbitraria Justicia paraguaya no solamente ha actuado deliberadamente a su antojo con respecto a los derechos de los dirigentes campesinos, sino que para cumplir su propósito de mantenerlos en prisión no ha dudado en desobedecer abiertamente los compromisos asumidos ante el estado argentino en el proceso de extradición, entre ellos, el de contar el tiempo de prisión que cumplieron los campesinos en Argentina “como si hubieran transcurrido en la República del Paraguay”.

Pero, así como la justicia paraguaya incumple abiertamente los compromisos contraídos, el estado argentino no cumplió con su compromiso de monitorear el proceso judicial contra los seis dirigentes extraditados a pesar de las reiteradas advertencias de que en Paraguay no se respetarían sus derechos a un juicio justo por su carácter de perseguidos políticos, lo cual debía ser el principal motivo de rechazo de la extradición.
En este sentido, el reclamo presentado por el equipo jurídico de la Liga Argentina apunta a la responsabilidad de ambos estados, el argentino y el paraguayo, con respecto a la situación de los seis campesinos.
La omisión deliberada de los dos años y siete meses que estuvieron detenidos antes de su extradición al Paraguay es uno de los mecanismos que utilizó la Justicia paraguaya para mantenerlos en prisión sin sentencia firme. Esto también ha permitido distorsionar el conteo del tiempo para la extinción del proceso penal, el cual está establecido en cuatro años desde el comienzo del proceso: en este caso ya han transcurrido casi diez años.

A raíz de esta situación, la defensa legal ejercida por abogados de la Coordinadora por los Derechos Humanos del Paraguay (CoDeHuPy) en conjunto con la Gremial de Abogados de Argentina planean dirigirse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a los fines de solicitar el levantamiento de la prisión preventiva a la que están sometidos hace ya casi nueve años los seis dirigentes.