En el intento de construir la unidad dentro del conjunto diverso, uno de los principales ejes trabajados en todas las comisiones fue la convicción de que el movimiento de Derechos Humanos debe ser independiente del Estado. De ese modo, se concluyó también que es necesario seguir trabajando en la consolidación de un movimiento de Derechos Humanos unido e independiente, que incluya un análisis político profundo y global, que enuncie y denuncie la cooptación de Estado de sus consignas como también la resignificación y apropiación de sus luchas y que supere la fragmentación.
Así, emerge con fuerza la pelea por el sentido, para no permitir congelar institucionalmente desde el estado lo que aparece con fuerza cuando el encuentro cara a cara, entre los represaliados, hace visible lo que las palabras y los discursos ocultan.
En esta dirección, se hizo énfasis en la necesidad de crear una red o espacio de comunicación y difusión colectiva de los diferentes casos de impunidad y represión, como así también de una base de datos común y propia de las organizaciones nucleadas en el Encuentro.

7000 judicializados por protestar
Una de las características del intercambio fue la amplia participación de agrupamientos de todo el país, quienes dieron a conocer numerosos casos de criminalización de la protesta (más de 7000), torturas, detenciones y muertes de adolescentes en los barrios (Neuquén, Chaco, Miramar, Rosario, Chubut, entre otros) como también la profundidad del análisis político vertido en el debate.
Así, a las 16 horas culminó el Encuentro con la lectura en plenaria de los principales temas trabajados en cada Comisión (Impunidad de Hoy, Criminalización y Represión de la Protesta, Impunidad y Genocidio) que serán enviadas próximamente a los participantes para su difusión.
La gran diversidad de problemáticas y realidades cotidianas de quienes asistieron a la masiva reunión, superó las miradas parciales y permitió ahondar el análisis político vertido en la plenaria del Encuentro.

En toda América Latina
Si algo quedó claro fue la necesidad de intensificar el análisis político, caracterizado por una mirada global del fenómeno de la impunidad y la represión que está instalado en toda América Latina.
Este análisis, que podríamos llamar diagnóstico, permite contar con herramientas para hacer frente a los aparatos represivos del estado y para documentar minuciosamente la profundidad y la complejidad de este aparato.
Dentro de este aparato enunciaron la militarización de los barrios que desalienta la organización popular independiente del estado, la instalación de la narco política reforzada por la creación permanente de consumidores y soldaditos a fuerza de apriete policial, el fracking y la fumigación con agrotóxicos como elementos económicos de concentración de la riqueza, comprendiendo también la creación de cercos mediáticos que no permiten la visibilización de que impunidad. “No es estado ausente sino estado presente para reprimir e imponer sentidos con todas sus armas en pos de instalar intereses económicos globales”, afirmaron los militantes en el debate.