“Cuando estudiamos qué ejes en común unían a todas estas localidades, observamos que eran pueblos que habían comenzado con la producción sojera a gran escala hace 20 años. De hecho, muchos de ellos tenían tradición ganadera, pero con las perspectivas de rendimiento que prometía la soja y las políticas ganaderas tan poco favorables del gobierno anterior, se aseguraban una rentabilidad muy alta a corto plazo con el ingreso de los transgénicos. Por ello, cambiaron su cultura centenaria de producción por el monocultivo sin rotación. Las enfermedades que prevalecen en estas localidades, según los datos observados, coinciden con los problemas de salud asociados a los agrotóxicos, de uso obligatorio en el paquete de transgénicos”, dice Verzeñassi.

Casos que se multiplican
En 2010 se formó la Red Universitaria de Ambiente y Salud, para coordinar y potenciar el trabajo de investigación científica, asistencia sanitaria y divulgación de los médicos de pueblos fumigados. Es una situación que no afecta sólo a la cuenca sojera, sino también a otras provincias como Chaco, Santiago del Estero, Salta y Formosa. El Dr. Medardo Ávila es coordinador general de la red y su posición es clara. “Los agrotóxicos no sólo afectan la soja, sino también el arroz, la yerba y el algodón. Durante el gobierno anterior nos cortaron los subsidios a la universidad para realizar estas investigaciones y apoyaron la construcción de una nueva planta de Monsanto en la provincia. Finalmente, se fueron, hicimos un bloqueo en la puerta que no permitió entrar ni un ladrillo”, denuncia Ávila, y lista algunos casos conocidos.

Leila Derudder falleció de leucemia en el hospital Garrahan a los 14 años. Los profesionales relacionaron su enfermedad a las reiteradas exposiciones a las fumigaciones. Nicolás Arévalo, de 4 años, murió por envenenamiento tras pisar descalzo un charco de agroquímicos entre las tomateras de Lavalle, provincia de Corrientes (hay un juicio en marcha por ese fallecimiento). También resultó envenenada Celeste, la prima de Nicolás. Y un año después murió José Carlos Rivero, de 4 años, en el mismo lugar y por la misma causa.

Los médicos también evalúan a diario niños con malformaciones, abortos espontáneos, problemas endócrinos, dificultades respiratorias y problemas de desarrollo.“Tengo pacientes que son hijos de productores; ellos tratan de pensar que las enfermedades o, inclusive la muerte de sus hijos, son por algo ajeno a esta problemática, que les podría haber pasado en otro lugar, siguen creyendo en el discurso de la industria, pero desde hace algún tiempo también tienen que escucharnos a nosotros”, agrega.

Fabián Tomasi, de Basavilbaso, Entre Ríos, tiene una pensión otorgada por la Anses tras constatarse que sufre una polineuropatía tóxica por efecto de cargar agroquímicos en los aviones fumigadores. Los casos se multiplican y están muy cerca. Fueron expuestos ante la Cámara de Diputados de la Nación, este año, por Patricio Eleisegui, autor del libro Envenenados, una investigación sobre los efectos de las fumigaciones en el país. Fue invitado para disertar en las Jornadas por la primera Ley Nacional de Agroquímicos.

Valeria Katzman vive al lado de una chacra pequeña que hasta hace pocos meses se fumigaba sin control, intoxicando a los vecinos. “Yo sabía los daños que provocaban los agrotóxicos, pero mi vecino me decía que no pasaba nada. En 2012, a mí me detectaron cáncer en el sistema linfático; al tiempo, mi yegua tenía un cáncer en la vulva y una de mis perras, cáncer en la pata. Mi vecino suspendió las fumigaciones temporalmente, ante las numerosas denuncias que se venían acumulando, pero un día volvió clandestinamente mientras yo estaba con quimioterapia. Lo denuncié y lo multaron. Finalmente, abandonó el campo, aunque nunca supe qué químicos usaba. Mis vecinas, que trabajaban en ese campo, tienen trastornos tiroideos. Es demasiada población enferma en un radio reducido para ser coincidencia”, cuenta Katzman.

Los chicos, afectados
Las escuelas rurales son afectadas en forma directa por las fumigaciones de agrotóxicos, en horarios de clase y sin previo aviso. “Paren de fumigar escuelas” decían los carteles de asociaciones docentes, padres y organizaciones ambientalistas que se movilizaron contra esta práctica. Al igual que Ana Zabaloy, también la docente Estela Lemes sufrió fumigaciones mientras daba clases en la escuela Bartolito Mitre, en Gualeguaychú, en 2012. Luego de eso, comenzó a padecer mareos, problema de respiración y dolor en los músculos. Los estudios realizados detectaron glifosato en sangre, lo que sería la causa de su problema neurológico. Tres años después, sigue en discusión con la ART para que le cubra el tratamiento, ya que no reconocen el diagnóstico.

Un informe realizado entre 2014 y 2015 por el sindicato docente en la provincia de Entre Ríos destaca que sobre 82 escuelas, con un total de 447 docentes, 82 de personal no docente y bajo una población de 2452 alumnos, aseguran haber sido fumigadas en horarios de clase y la mayoría de los casos no son denunciados. En el departamento de Uruguay sufrieron aspersiones 15 escuelas de las 28 censadas. En Nogoyá, 18 sobre 23. Y en Gualeguaychú fueron fumigadas 19 escuelas sobre 23 relevadas. Confirmaron casos de afecciones en la piel y vías respiratorias de chicos y maestros, vómitos y problemas gastrointestinales.

Lo mismo sucede en Córdoba, según Medardo Ávila, donde hay 1500 escuelas a menos de 1000 metros de campos fumigados, con 12 mil alumnos y 900 maestros que están expuestos a los agrotóxicos. Esta realidad se repite en todas las provincias expuestas a fumigaciones de este tipo. Todos los que luchan por cambiar esta realidad coinciden en que algunas leyes se van logrando a nivel municipal, pero no se cumplen y los docentes tienen miedo a denunciarlo.

Cañuelas, un caso emblemático
Diana Iceruk es periodista. Se mudó a Cañuelas en el 2006 para formar parte del Canal 5 de esa ciudad. Al lado de la escuela donde concurría su hija había campos donde se sembraba soja y se fumigaba en horario escolar. Al lado de la casa donde ellos vivían también sucedía lo mismo. Entre 2008 y 2013, toda la familia pasó por un episodio de salud relacionado a las enfermedades que provoca el contacto con agrotóxicos: el marido tuvo cáncer de colon, ella tuvo problemas endócrinos y su hija, luego de una fumigación durante horario de clases, tuvo una intoxicación aguda con derrame ocular.

En 2010 en Cañuelas promulgaron una ordenanza que prohíbe las fumigaciones aéreas y otorga un resguardo de 20 cuadras para fumigar por vía terrestre. Fue muy difícil lograr el apoyo de la gente, cuentan, porque los mismos que se enferman viven de lo que les produce la enfermedad y prefieren no denunciar por miedo a perder su trabajo. Recuerda Eliana Muñoz, vecina de la zona: “Nos fumigaban al lado de donde estábamos comiendo asado o con los chicos, en las piletas. Uno asocia después las cosas y se pregunta por qué tantos enfermos de cáncer tan cerca. Así fue cómo empezamos a movilizarnos”.

Legislación y agroecología
El actual gobierno carece de estadísticas oficiales. Ha recibido a organizaciones vecinales, profesionales, docentes y voluntarios que trabajan hace años para denunciar estas realidades y redactan proyectos de leyes para proteger la salud de la población. Diego Moreno, el Secretario Nacional de Medio Ambiente, le manifestó a LA NACION su compromiso por cambiar el rumbo de esta tendencia. “Creo que tenemos que ir a sistemas biodiversificados de producción. No es lo mismo producir cerca de lugares poblados y tendríamos que tener sistemas productivos que requieran menos uso de insumos agrotóxicos. Hemos presentado un proyecto para trabajar el ordenamiento medio ambiental del territorio y eso incluye al tema de las fumigaciones en zonas urbanas y periurbanas.”, afirma.

Mientras que en Europa se está discutiendo prohibir las fumigaciones aéreas en todos los países de la comunidad, acá recién se está estudiando redactar una ley nacional que unifique los criterios para las legislaciones provinciales y municipales. En la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se está analizando la propuesta del senador Carlos Coll Areco, rechazada por los ambientalistas: “definimos una especie de división de zonas y de amortiguamiento, de acuerdo a su cercanía al casco urbano, escuelas y hospitales. La distancia de fumigación es lo menos importante. Las diferencias están dadas en el tipo de producto a utilizar y cómo lo clasifica las OMS y en las condiciones climáticas del día de la aplicación.El productor tiene que pedir permiso al municipio para hacerlo y ese día tiene que ir un inspector a verificar que se cumpla la ley”, explica Coll Areco.

En la ciudad de Buenos Aires, la ley prohíbe fumigar los parques y jardines públicos; la Cámara de Diputados de la Nación, luego de 20 años, se apresta a debatir la primera ley nacional de agrotóxicos

Parte de la discusión está en definir con certeza el impacto de los agrotóxicos en la salud, sobre todo cuando se usan cerca de los poblados. Son múltiples las organizaciones que piden que se prohíba su uso cerca de plazas, jardines, escuelas o donde haya chicos.

En 2015, la Agencia Internacional del Cáncer (IARC), que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, recategorizó al glifosato como “probablemente cancerígeno”; es el mismo status que tiene tomar mate (en ese caso, el problema viene por la temperatura del agua y su efecto sobre la laringe). Pero ese mismo año la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) desautorizó al IARC: considera que el glifosato no es ni carcinogénico ni mutagénico.

El 29 de junio último, un mes después de que la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura publicaran un estudio conjunto en el que sostienen que el glifosato no es cancerígeno, la Comisión Europea renovó el permiso de uso del glifosato en su continente hasta el último día de 2017; para entonces la Agencia Europea de Productos Químicos tendrá se espera una conclusión definitiva sobre el efecto de esta sustancia en las personas.

La agroecología, una solución sustentable
Es claro que el uso de agrotóxicos responde a una necesidad de generar más alimentos, con más eficiencia y menores costos. Ese es el argumento más importante que sostienen quienes los defienden.

La agroecología es una alternativa posible. No se trata de soluciones hippies a problemas serios, sino de soluciones científicas a problemas de salud y al deterioro del suelo y del medio ambiente cuya reparación llevaría muchas décadas. El ingeniero agrónomo Javier Souza es investigador y un referente en este tema. “Desde siempre, la humanidad pudo alimentarse sin usar plaguicidas. Hoy tenemos estrategias que se basan en la diversidad biológica y en cómo trabajar la nutrición adecuada de los suelos. La rentabilidad es lícita, pero debe ser razonable y sustentable. La agroecología te propone trabajar, planificar y pensar en las futuras generaciones, como hicieron muchos siglos antes los productores de todo el mundo. Luego de la revolución tecnológica, se tendrá que volver a estas soluciones porque son mucho más viables desde una mirada humana, donde se pone al ser humano por delante de las ganancias”, reflexiona Souza.