(Por el Zumbido) El fiscal general del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, José Gerez, a contramano de toda recomendación contra el avance de la pandemia en contextos de encierro, presentó en la legislatura provincial un proyecto que pretende extender las prisiones preventivas en un año. Al respecto, el Zumbido dialogó con la defensora oficial Ivana Dal Bianco, quien aseguró que en este contexto “tendríamos que estar pensando en solucionar los problemas de infraestructura, de salud, y no estar viendo cómo seguimos encarcelando inocentes”.
El Código Procesal de la provincia de Neuquén, detalla que las prisiones preventivas no pueden durar más de un año y que, vencido ese plazo, no se podrá decretar una nueva medida de coerción privativa de la libertad. Sin embargo, el fiscal general José Gerez presentó este jueves en la legislatura un proyecto de ley para “contemplar la incidencia de la situación excepcional que estamos transitando para el cómputo del plazo legal máximo de duración de la prisión preventiva, teniendo en cuenta la imposibilidad de poder concretar juicios orales y públicos en este tiempo y en dicho contexto” y plantea “extender por un año los plazos legales de duración máxima de la prisión preventiva a consecuencia de la emergencia sanitaria dispuesta a causa del COVID-19”.
José Gerez, fiscal general de Neuquén, autor del proyecto de ley contra la libertad de personas inocentes.
Sobre esto, dialogamos con la defensora oficial de vasta trayectoria en la defensa de los derechos humanos, quien explicó que “lo primero que hay que tener claro es que cuando hablamos de prisión preventiva estamos hablando de encarcelamiento de personas inocentes, porque así lo son hasta que se demuestre lo contrario, y me parece importante señalar que la privación de la libertad no significa solamente la privación de la libertad, sino la privación de muchos derechos que van acompañados de eso, que significa que la gente esté en muchos casos en lugares con condiciones deplorables, con gente que no conoce, compartiendo cuartos, lugares muy inhóspitos, compartiendo baño, y eso quiere decir que también se afecta el derecho a la intimidad”.
“En esta situación de emergencia, las personas privadas de la libertad la están pasando muy mal, tanto los que están con prisión preventiva como los condenados, principalmente porque a su conexión con el mundo exterior, que es su familia, no la pueden ver, no pueden tener contacto”, remarcó.
Dal Bianco aseguró que “extender la prisión preventiva un año va a hacerle pagar a los más vulnerables, que en este caso son las personas que están encarceladas y que en su mayoría son personas de escasos recursos, con su propio cuerpo y con su propio tiempo esta pandemia” y sugirió que “hay otras medidas alternativas, como la prisión domiciliaria, que se podría aplicar, como medidas de coerción diferentes; pero, sin embargo, lo que se tiende a hacer es a privar uno de los principales derechos que es el derecho a la libertad”.
“Permitir al estado extender las prisiones preventivas también tiene que ver con la propia ineficacia de la fiscalía”, señaló: “es como si se lo hiciera responsable a la persona que es vulnerable y que está privada de su libertad de todas las situaciones de emergencia y las situaciones que estamos atravesando”.
“Me parece que la solución tendría que ser otra”, concluyó la abogada: “yo estoy en contra de este proyecto de ley de privación de la libertad, porque lo que tendríamos que estar pensando en el marco de una pandemia es solucionar los problemas de infraestructura, de salud, y no estar viendo cómo seguimos encarcelando inocentes”.