Entre el 20 y el 27 de julio de 1976, las fuerzas represivas de la dictadura cívico-militar ejecutaron uno de los más grandes operativos de desaparición forzosa en la ciudad de Libertador General San Martín, Jujuy. Durante una semana se provocaron cortes de luz para secuestrar a más 400 personas. Esto solo fue posible gracias a la asistencia del ingenio Ledesma, que en ese momento era el que brindaba el suministro eléctrico a toda la ciudad y le proporcionaba las camionetas y vehículos necesarios para subir a todo el que apareciese en la lista.

Exigimos cárcel común, perpetúa y efectiva, para todos los genocidas y cómplices civiles y eclesiásticos.
Nuestra Lucha te juzga, Nuestra Memoria te Condena.

Si no hay justicia, hay Escrache

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Entre los desaparecidos se encuentra quien fuera intendente de Ledesma en la década de 1950, el médico Luis Arédez, ya que el mismo fue secuestrado por las fuerzas de seguridad el 24 de marzo de 1976. Su esposa Olga Arédez fue una de las personas que más se destacó en la búsqueda de los responsables del hecho. Pero murió en el 2005 a causa bagazosis, una enfermedad que se manifiesta en personas expuestas a los polvos de la caña de azúcar enmohecida e irónicamente esta contaminación la produce la fábrica de azúcar Ledesma.

Hace 39 años estudiantes, militantes políticos y sociales, sindicalistas y profesionales fueron subidos a los autos de Ledesma para ser llevados a los centros clandestinos de detención
donde fueron salvajemente torturados, asesinados y desaparecidos. Carlos Pedro Blaquier era y es actualmente el dueño del Ingenio Ledesma, el más grande de Latinoamérica, que desde hace más de 100 años se enriquece con la sangre y el sudor de todo un pueblo. Forma parte de los grandes grupos económicos que además de ser instigadores ideológicos, participaron activamente en la articulación del aparato represivo y la desaparición de personas.

La causa judicial contra Blaquier fue una prueba de cómo el Poder Judicial Federal de Jujuy y Salta impidió durante años que avanzaran los juicios de lesa humanidad, que se allanaran los

edificios de Ledesma y que se llamara a indagatoria a Blaquier, presidente del Directorio de la empresa, y a su Administrador General, Alberto Lemos. Luego de una paciente tarea, en la que hubo que desterrar a la camarilla de jueces que protegían al empresario, trabajar en la querella judicial, pero también en la movilización popular y la presión política, se fueron acumulando elementos para acusar a las autoridades del Ingenio como cómplices. Se logró imputarlos en las causas “Arédez” y “Burgos”, por sólo un grupo de los secuestros y desapariciones. Pero para impedir ser procesado, Blaquier recusó a jueces y fiscales, y hasta logró que su indagatoria fuera no en Jujuy sino en Buenos Aires.

La querella de la familia Arédez, junto con la Fiscalía, pretendieron ampliar la imputación de cómplices a partícipes necesarios, por entender que sobran elementos que los ponen como
colaboradores activos, más que como meros colaboradores de la represión.