En una carta entregada a Zainuco ayer, luego del inicio de la huelga, y habiéndose cosido la boca para garantizar su medida de fuerza, Ramón manifestó respecto a los penitenciarios que “ellos han ido a juicio por torturas y malos tratos a diversos internos, y no se ha llegado a ninguna resolución”, recordando que es esa impunidad la que “le costó la vida a un interno alojado en la Unidad” en relación al asesinato de Cristian Ibazeta, sucedido en 2012 y vinculado a su participación como testigo en esta causa de torturas en la U11.

“En los últimos dos meses he sufrido diversas amenazas verbales de parte de los funcionarios mencionados, me han sustraído elementos varios, y no he tenido respuesta alguna”, y recordó que “he padecido sucesos varios por parte de la policía. He sido apuñalado en la cabeza en Zapala, casi pierdo un testículo en Cutral Co por golpizas que recibí de la requisa, y más agravios hacia mi persona, físicos y psicológicos”.

Frente a esta medida, Mansilla decidió “poner su vida en manos del poder judicial”, a la espera de una respuesta frente al peligro cierto que corre al estar detenido en una Unidad de Detención donde al día de la fecha prestan servicios dos de los policias acusados por torturas y próximos a ser llevados nuevamente a juicio.
Desde Zainuco, como organismo de derechos humanos, exigimos una pronta respuesta a la situación de riesgo en el que se encuentra Mansilla por estar bajo el poder de custodia de sus propios torturadores. Como medida concreta, exigimos se remueva a los policías Bernardelli y Gonzalez de la U11, hasta tanto se resuelva su situación en el juicio de torturas pronto a realizarse.

Sabemos y hemos denunciado desde un primer momento, que a Cristian lo mataron por haber denunciado al poder penitenciario, por haber denunciado torturas dentro de la U11. En este contexto, y siendo los mismos penitenciarios los que vienen hostigando y amenazando a Mansilla en los últimos meses, exigimos que la respuesta sea urgente.
Responsabilizamos al Poder Judicial en su conjunto y a la jueza de Ejecución Raquel Gass, así como al Gobierno de la Provincia de Neuquén, por la salud y la integridad física de Ramón.