Señalan que “tampoco es válida la equiparación de los delitos contra la libertad sexual con los robos con arma de fuego u homicidios en ocasión de robo, pues esto evade la discusión sobre las desigualdades estructurales existentes entre varones y mujeres que posibilitan la existencia de las violaciones y de las distintas violencias e impone una agenda de “Mano dura” que se ha comprobado deficiente para los delitos relacionados con la violencia de género”.
Además detaca que se quiere imponer una agenda de mano dura: “Insistir con que el derecho penal es la única alternativa para enfrentar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes es un error. El derecho penal sólo se hace efectivo cuando la violencia se ha manifestado sobre nuestros cuerpos. Un abordaje más eficiente sería considerarlo como una herramienta con la que contamos las mujeres, en el marco de muchas otras políticas públicas, que deberían existir para prevenir y erradicar la violencia de género, así como dispositivos de acción que resuelvan los problemas materiales de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia y que les brinden alternativas y opciones”
Señalan las mujeres: “A su vez, se hace urgente que el Poder Judicial incluya la perspectiva de género y que se presenten iniciativas de paridad para los altos cargos dentro del Judicial, así como capacitaciones de calidad e importancia sobre la problemática. Actualmente el Poder Judicial trabaja con nula percepción del riesgo en el que nos encontramos las mujeres y suele incurrir en revictimizaciones basadas en estereotipos de género que poca relación tienen con la realidad”.
EL PROYECTO YA TIENE MEDIA SANCION DE DIPUTADOS
Red de Mujers pide: “es imperativo que el Estado invierta en que el sistema carcelario sea un dispositivo eficiente de resocialización de los victimarios y varones violentos y que realmente se pregunte sobre cómo evitar la reincidencia de delitos y casos de violencia de género, pues resulta más que evidente que el sistema penitenciario no genera ninguna clase de rehabilitación y que, eventualmente, los varones violentos, femicidas y violadores, recuperan la libertad y pueden reincidir en las mismas conductas machistas y misóginas que los llevaron a cometer los delitos en cuestión. La implementación de una justicia punitiva más rígida en ningún caso se ha correspondido con una baja en la incidencia de delitos sexuales”.
Señala la ONG: “Otro aspecto fundamental que escapa a esta iniciativa es el entendimiento real que la mayoría de los casos de abusos y agresiones sexuales a mujeres no suceden de manera aislada por desconocidos ni en el espacio público. Este tipo de delitos son muy pocas veces denunciados en particular cuando se dan en espacios domésticos o dentro de relaciones de pareja. El proyecto de ley desatiende y desampara a las mujeres en situación de violencia doméstica que son sexualemente sometidas”.
“Si urge una demanda social en repudio a la violación y femicidio de Micaela y otras jóvenes, esperamos una respuesta integral y no una ficción punitivista fogoneada por los medios hegemónicos de comunicación complacientes a un gobierno ausente que vacía políticas públicas centrales como la educación sexual integral”.
Finalmente, acota que “en un sistema patriarcal donde el machismo es ley, queda claro que quienes violan y matan a las mujeres no están incumpliendo las leyes, por el contrario, las están enunciado y exponiendo. Por eso, en lugar de destinar recursos a endurecer las penas, el Estado debería, por empezar, abocarse a impulsar la paridad de género en las listas legislativas; debido a que resulta casi cínico que las leyes destinadas a defender la vida, los derechos, las libertades y la integridad de las mujeres, se debatan en un espacio integrado en su mayoría por varones sin perspectiva feminista (59% 29 mujeres y 43 varones) y a diseñar políticas públicas y de capacitación desde todos los espacios, con el fin de que no tengamos que morir para que se exija “justicia” en nuestro nombre”.