Con un solo golpe, el decreto deja en manos del Ministerio de Justicia el control de los archivos secretos y la responsabilidad de una futura investigación, al mismo tiempo que le corta un brazo a la Fiscalía y su equipo, limitando su independencia y alcance real para realizar una investigación y establecer las responsabilidades criminales del Estado nacional y/o de cualquier otro en la comisión del ataque terrorista. Ahora le quita los archivos a la Unidad Fiscal para entregárselos a…Arribas y Majdalani.

Una vez más, en nombre del esclarecimiento, el decreto de Macri y Garavano significa un refuerzo en la histórica determinación del Estado por seguir encubriendo. Es una infamia.
Nos devuelve al año 2000, cuando el gobierno De la Rúa creó la Unidad Especial AMIA en el Ministerio de Justicia, puso a la SIDE y a todos los servicios de seguridad en su dirección –los mismos que hoy están siendo juzgados por los delitos cometidos en la causa AMIA- y se dedicó a ocultar los archivos secretos hasta el día de hoy.

El decreto y el proyecto de Ley para modificar el Código Penal estableciendo los “juicios en ausencia” cierran una semana de ataques sin precedentes contra la Verdad y Justicia en el tema AMIA, coordinados por el Ejecutivo, con el apoyo del PJ, del partido de Massa y de los integrantes de Cambiemos, al servicio de las exigencias de DAIA, AMIA y el Estado de Israel, contra la expresa oposición de las agrupaciones de familiares de las víctimas.