Este hecho no es aislado. Por caso, la noche anterior, el mismo menor, y un grupo de amigos, fue víctima de abuso de autoridad, violencia física y amenazas, por parte de personal policial de la ciudad de Miramar. Durante una requisa y averiguación de antecedentes, en la zona de la costa de la ciudad, dos efectivos policiales, sin la identificación correspondiente, les solicitan los documentos y realizan el pedido de averiguación de antecedentes por radio, siendo negativo. Tres patrulleros más se suman al operativo, cortando la arteria. Un oficial que venía en esos móviles, que resultó ser el que secuestró y torturó al menor el día lunes, solicita les hicieran una nueva requisa a los menores. Al resultar negativo el pedido de antecedentes, el damnificado pregunta por el número de identificación del patrullero, momento en que el oficial que dio la orden de la nueva requisa, lo sujeta del cuello, golpeándole la cabeza contra el capot. Este oficial profiere amenazas, tales como “pendejo, yo no te conozco ni vos a mí, te voy a desfigurar la cara a piñas y te voy a tirar en el vivero” (sic). Cabe aclarar que el documento del menor fue retenido por personal policial y nunca devuelto.

Vale mencionar también que desde el verano pasado, personal policial viene deteniendo al mencionado menor, en la vía pública, para solicitar documentación y averiguación de antecedentes, resultando siempre negativa. Preocupados por la persecución y la prácticas policiales, que incluían abuso de autoridad, insultos, discriminación, amenazas, procedimientos inapropiados, entre otras, es que sus padres recurren a la justicia, motivados también por la falta de respuesta de la cúpula policial. Primeramente, solicitan Habeas Corpus a la Jueza de Paz de General Alvarado, Florencia Hogan. Este fue denegado, por considerar la jueza que no corría riesgo la integridad psicofísica del menor . Mismo procedimiento se realiza en el Juzgado de Garantía N° 3 de la ciudad de Mar del Plata, siendo también denegado pero dándole curso a la Fiscalía General y al Comité Provincial de la Tortura. Al día de la fecha, se realizó la denuncia correspondiente por el secuestro y tortura, ante la Fiscal de General Alvarado, Ana María Caro.
Resulta grave y preocupante que hechos de éste tipo continúen sucediendo en el país, sobre todo cuando se atenta contra los derechos de un menor de edad, quizás la franja de la sociedad más vulnerable ante éste tipo de prácticas abusivas. Y más aún ante quienes participan activamente de movimientos sociales o de reivindicación de derechos, como el caso del menor daminificado, quien además de presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Media N° 1 Rodolfo Walsh es militante de la comunidad LGBTIQ.