La Penitenciaría Nacional de Tacumbú: criminalidad del Estado paraguayo

Tacumbú, cárcel para varones mayores de edad, es el mayor establecimiento penitenciario del Paraguay. Casi la mitad de la población penitenciaria del país se encuentra recluida allí, alcanzando en este momento una población estimada en 4100 reclusos.

La capacidad real de alojamiento del lugar se estima en 1600 reclusos, aunque el Ministerio de Justicia alega que alcanza a los 2200. En el mejor de los casos la superpoblación es de casi el 100% de la capacidad.

El perfil más habitual del preso en Tacumbú es el de varón joven, acusado de delitos menores, proveniente de los cordones de miseria de Asunción Muchos reclusos llegan alli tras haber pasado por institutos de menores o de haberse criado en situación de calle, asi como también los funcionarios admiten que muchos de ellos están allí por problemas de adicción y no siempre por haber cometido delitos.
Aproximadamente el 80% de los internos aguardan en prisión ser llevados a juicio, mientras soportan condiciones paupérrimas de vida todos aquellos que no pueden pagar para acceder a ciertos beneficios mínimos como un lugar para dormir. A pesar de sucesivas intervenciones, informes, críticas de organismos tanto paraguayos como internacionales, unos 400 reclusos viven a la intemperie.

Pero también existe el “Pabellón VIP”, ubicado cerca del ingreso al penal. Algunos pocos políticos y empresarios se encuentran allí junto a un cierto número de acusados y condenados por pertenecer a bandas de narcotráfico. Su solvencia les permite vivir allí tras pagar alto precio con el cual acceden a privilegios impensados en el resto del penal.

El Estado paraguayo desnuda su carácter en Tacumbú: obliga a vivir encerradas a personas a las que no les garantiza en muchos casos ni la comida ni un lugar donde vivir. Deja librada a la capacidad de pagar de cada preso las condiciones en las que vivirá o sobrevivirá dentro del penal.

También terceriza en manos de ONGs o Iglesias tanto las gestión de proyectos educativos, culturales, de trabajo o la misma gestión de pabellones enteros.
El incendio desatado en el penal de Tacumbú no era algo imprevisible. Todo lo contrario.

Año tras año diferentes organizaciones vienen advirtiendo sobre la extrema precariedad de las condiciones edilicias del penal y las penosas condiciones de vida que se imponen a los internos.

En reconocimiento de que la situación de deterioro y precariedad del lugar eran insostenibles, en el año 2010 el entonces Presidente de la República Fernando Lugo decretó el cierre del establecimiento, el cual nunca se concretó aduciendo cuestiones “prácticas”.

En el año 2011 se creó por ley en el Paraguay el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MPN) que entre otras atribuciones, inspecciona lugares de encierro y formula recomendaciones acerca de medidas para evitar tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre los que se incluyen a las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad.

En septiembre de 2013 el MPN publicó un informe específico sobre Tacumbú, titulado “El estado de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú” en el cual, además de denunciar el hacinamiento, la superpoblación, la carencia de condiciones mínimas de habitabilidad del penal, indicaba algunos peligros de la situación, entre ellos:
“… a las desgastadas instalaciones eléctricas se suman las iniciativas espontáneas, las de los internos, para tener acceso a servicios cotidianos (…). Los cables son desplegados desde el techo hasta las paredes, pasando por las camas superpuestas para llegar finalmente a las fuentes de electricidad (tomas). El peligro de cortocircuitos e incendios es latente…”

Pabellón Sótano:
Ubicado en el subsuelo del penal, el sótano era un recinto que se reservó durante el stronismo para mantener en cautiverio a presos políticos. Clausurado durante algunos años, se rehabilitó para su uso en el año 2012 con el objetivo de destinarlo a actividades de “reinserción” de los internos, así como a talleres laborales. Allí se emplazó un pequeño taller de carpintería, al que luego se sumaron varios otros, el más importante de ellos, el taller textil.
Debido a la falta de espacio en el penal, también varios reclusos comenzaron a vivir allí, entre quienes estuvieron los presos políticos del Caso Curuguaty, actualmente con prisión domiciliaria. Con el tiempo, aumentó la cantidad de internos residentes en el lugar.

El incendio comenzó a la madrugada en el taller textil y se cree que fue ocasionado por un cortocircuito. El amontonamiento de materiales y artículos de uso personal facilitó la propagación del fuego.

Superpoblación y hacinamiento: “tolerancia cero” es igual a cárceles llenas (de pobres)
Siempre que la prensa hipócrita y el funcionariado paraguayo hablan de superpoblación carcelaria parecen estar hablando de un problema arquitectónico, que habilita a una solución que en estos términos parece obvia: hace falta construir más cárceles.

Cuando se habla de las condiciones en que se vive en los penales paraguayos, para la prensa y el funcionariado se trata de una cuestión de administración presupuestaria. La Jueza de Ejecución Ana María Llanes aprovechó en la rueda de prensa de la mañana para criticar al Ministerio de Justicia por el estado del penal, indicando el astronómico monto que se destina en el presupuesto anual para el mantenimiento de los penales.

En ambos casos existen intereses para circunscribir la discusión en estos términos, cuyos resultados nunca tienen beneficios para los reclusos. Sin duda que la corrupción es una de las cuestiones en todo este problema, pero no es el único.
Una de las cuestiones indicadas en el informe sobre Tacumbú era que entre 2009 y 2012 existió por parte del Estado Paraguayo un notorio incremento presupuestario hacia los organismos que tienen injerencia en el sistema penal y en el subsistema penitenciario. Sin embargo, ninguno de esos aumentos presupuestarios mejoraron las condiciones de vida de los reclusos, ni disminuyeron la mora en la resolución de causas judiciales, ni favorecieron el acceso de los acusados a la defensa.
A pesar del notorio fracaso de la política penal, Paraguay insiste con la receta. Bajo el lema de la guerra contra la inseguridad y la tolerancia cero para los delitos menores, las cárceles paraguayas están cada días más llenas.

La utilización de la prisión preventiva es generalizada, lo que sumado a la mora judicial da como resultado el grado de superpoblación carcelaria actual.
A ello se suma la negativa a conceder medidas alternativas de prisión a quienes ya fueron condenados y cumplen los requisitos para acceder a salidas transitorias y / o a prisión condicional.

Justamente la jueza Ana María Llanes, a cargo de la mayor cantidad de ejecución de causas de los reclusos en Tacumbú, es conocida por no conceder medidas alternativas de prisión obligando a los reclusos a cumplir hasta el último día en prisión efectiva.

Esta jueza, de cuestionada actuación en otros casos como el incendio en 2001 en el Centro de Menores Panchito Lopez, manifestó en la rueda de prensa al informar sobre la muerte del Jefe de seguridad del penal que el mismo falleció porque “Perdió tiempo queriendo abrir los candados para liberar a los internos”
Todo un exponente del pensamiento penal hegemónico en el Paraguay.