Además resaltaron la posición del Comité de Derechos Humanos de la ONU que “ya pidió al Estado argentino que tome medidas para su inmediata liberación en virtud de las violaciones que se cometieron a estándares internacionales de derechos humanos. Belén no puede seguir presa y condenada. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán no puede ser parte de la cadena de violaciones a sus derechos fundamentales. Inmediata liberación para Belén. Gobierno nacional y provincial deben tomar medidas para que no hayan más Belén.”

El 21 de marzo de 2014, la joven de 27 años ingresó a la guardia del Hospital Avellaneda con fuertes dolores abdominales y fue derivada al Servicio de Ginecología, bajo la sospecha de que podría estar teniendo un aborto. Desde ese momento comenzó a sentirse maltratada por el personal médico que la acusó por lo que supuestamente había hecho. Belén en cada una de sus declaraciones afirma que no sabía que estaba embarazada y hasta el día de hoy no hay pruebas de ADN que comprueben el vinculo entre el feto encontrado en uno de los baños del Hospital y ella. Desde ese día permanece privada de su libertad por orden de la Fiscalía V a cargo de Washington Davila. A fines de abril fue condenada a 8 años por “homicidio agravado por el vinculo y alevosía” , según el fallo de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán, conformada por 3 hombres, Dante Ibañez, Nestor Macoritto y Fabián Fradejas.