La huelga, que lleva casi una semana, comenzó el pasado lunes 29 en los pabellones centrales y otros sectores del Penal. Los detenidos que se plegaron a la protesta aclararon que no desean generar conflicto y por ello solicitaron desde un principio la continuidad de actividades laborales, educativas y de visitas. Fundamentan la decisión en que el reclamo es de larga data, precisamente desde el año 2007. Desde esa fecha, en que se puso en funciones el Juzgado de Ejecución de Condena, a cargo de la Dra. Teresa Zacarías de González aún no fueron creados los cargos de Defensor y Fiscal de Condena. Esta situación genera que los detenidos que no tienen abogados particulares deban recurrir a la única Defensora de Cámara que además es sustituta, lo que implica que los pedidos no puedan vehiculizarse con la celeridad que corresponde, más allá del compromiso o la predisposición de la profesional. A las cuestiones señaladas se le agrega el reclamo por el funcionamiento del gabinete criminológico, para lo que habían señalado al Poder Judicial que realizara monitoreos correspondientes.
También reclaman que en el transcurso de seis años en dos oportunidades no prosperó un proyecto de ley para crear la figura del Procurador Penitenciario, quien es la persona encargada de proteger los derechos de los presos, velando por una adecuada implementación de los mecanismos de reinserción que ayudan a que el detenido internalice la conducta que deberá seguir una vez que recupere la libertad.
Según trascendió antes y después de iniciada la huelga, el STJ se dispondría a crear una nueva secretaría para auxiliar al Juzgado de Ejecución de Condena en el seguimiento de trámites. En tanto que días atrás fue presentado al Legislativo por tercera vez el proyecto de ley que prevé la figura del Procurador Penitenciario. La presentación corrió por cuenta de la diputada María Inés Fagetti de Mansutti y el expediente en esta oportunidad dos veces anteriores había pasado a archivo tomó estado parlamentario. Asimismo, también en los últimos días pasó de Senado a Diputados un proyecto de creación del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, acorde al Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que rige como Ley Nacional en Argentina desde el año pasado.
Hilda Presman- Red de Derechos HUmanos