Evidentemente somos “una muerte anunciada”, por el grado despiadado de abandono de las autoridades institucionales, las cuales, junto con cada uno de los jueces de ejecución, conspiran y violan nuestros derechos, permitiendo que los enfermos mueran tirados dentro de un pabellón, por falta de asistencia médica.
En esta prisión construida a escasos metros del gran basural de la ciudad de Córdoba, la plaga de ratas y ratones es una amenaza para nuestra salud. El agua que tomamos está contaminada con la bacteria de la leptospirosis, trasmitida por los roedores. No tomamos agua potable, el único tratamiento que le realizan es el decantamiento, y le agregan cloro, nada más. Esta agua no es apta para consumo humano, y pone en riesgo a toda la población carcelaria.
En cuanto a nuestra enfermedad como diabéticos, lo único que nos proveen es la insulina y los descartables, aunque en algunos casos hemos tenido que utilizar los descartables cuatro o cinco días seguidos, y en un espacio invadido por los bichos, no podemos guardar normas de mínimas de bioseguridad.
Ninguno de nosotros quiere perder la vista o que nos amputen un dedo o un pie, que es lo que ya les ha sucedido a varios presos.

Los jueces de ejecución son los responsables de controlar que cumplamos nuestra condena en un ambiente sano y limpio, como dice el artículo 18 de la Constitución Nacional. Deben garantizarnos una vida digna.

Por todos estos motivos solicitamos: Peritos médicos judiciales, especializados en nuestra patología y peritos judiciales para analizar las enfermedades contraídas en esta unidad, como la leptospirosis.

Pedimos se resuelva de forma urgente, somos personas, no desechos humanos.

Detenidos insulinodependientes en la Cárcel de Bouwer