CARTA PUBLICA

Sr. Intendente Gustavo Genusso – Municipalidad de San Carlos de Bariloche.

Las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos a Ud. a fin de manifestarle nuestra profunda preocupación ante la gravísima situación de falta de vivienda que están atravesando cientos de familias en Bariloche. Como Ud. bien conoce, numerosos asentamientos tuvieron lugar durante los meses de enero y febrero en diferentes lugares de la ciudad. Esta “Tremenda radiografía” vuelve a poner al descubierto la acuciante realidad que los gobiernos insisten en ignorar. Radiografía que muestra también que ante la falta de trabajo y la durísima situación económica, las familias se asientan como pueden en un espacio de tierra fiscal, viviendo prácticamente a la intemperie. Ud. también sabe que muchos barrios del llamado Alto de la ciudad nacieron “contra la corriente” es decir en asentamientos a partir de la organización de lxs vecinxs a quienes sistemáticamente se les ha negado el derecho a la tierra. Nahuel Hue, Frutillar, Jamaica, Barrio Inta, 29 de septiembre, La Lomita, entre otros tantos, son un clarísimo ejemplo de la ausencia del estado en la implementación de políticas públicas en las que se planifique una ciudad en la que todos los sectores de la comunidad estemos incluidos y tengamos un lugar digno donde vivir y desarrollarnos. A lo largo de todos estos años hemos sido testigos de gobiernos y funcionarios que han legitimado esta situación de injusticia y desigualdad y que respondiendo a los intereses de los sectores de poder de lo que se han ocupado es de concretar la privatización de casi la totalidad de la tierra fiscal, dentro del ejido municipal actual.

El derecho a la tierra y a la vida digna en nuestra ciudad se ha convertido en el privilegio “reservado” para unos pocos elegidos que sí pueden acceder. Injusticia y desigualdad que es legitimada por los gobiernos contradiciendo así lo que dicen los artículos 25.1 de la declaración de los DDHH , el artículo 11 del Pacto internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales y art. el 14 bis de nuestra constitución nacional.

(Artículo 25.1 Declaración de los Derechos Humanos.

«Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad».

El reconocimiento del derecho a la tierra como el derecho de todo ser humano de acceso, uso y control – tanto individual como en comunidad – de la tierra y de los recursos naturales relacionados, con el fin de alimentarse y subsistir por sí mismos, así como de vivir y desarrollar sus culturas. Basándose en el hecho de que todo ser humano depende, de manera directa o indirecta, de la tierra u otros recursos naturales para su subsistencia, los estados están obligados a reforzar el reconocimiento, respeto, protección y cumplimiento de este derecho.

Sin embargo cuando la gente reclama, la respuesta gubernamental es siempre la misma. “No hay tierras fiscales». Ante el conflicto, el gobierno propone un falso diálogo sin alternativas concretas, ni plazos precisos, prometiendo a futuro planes de vivienda a los que lxs vecinxs saben que no podrán acceder.

Sin respuestas que den un mínimo marco de esperanza a la problemática, desde el ejecutivo municipal se impuso como condición inmodificable para dialogar con lxs vecinxs, el desalojo inmediato negando la posibilidad de lograr acuerdos que faciliten la solución del conflicto.

Más allá del engañoso carácter de delincuencia organizada que desde los diferentes lugares de su gobierno se pretendió dar a los asentamientos, Ud. mismo ha reconocido que quienes los han protagonizado, “Son gente de los barrios que todos conocen y que las protestas se deben a la pobreza estructural de décadas”.

No entendemos por qué entonces la primera acción del municipio ha sido la formulación de una denuncia penal en contra de las familias presentada por el titular del Instituto de Tierra y Vivienda, José Mella el 31/1 /20, expresando públicamente “su sospecha” de que estos hechos sean parte de una acción política organizada y como si esto por sí mismo constituyera un delito, comunicó que se habían realizado allanamientos a domicilios y secuestro de celulares y computadoras. También se detuvo a una mujer acusada de instigar a la ocupación de tierras por las redes sociales.

Por todo lo expresado anteriormente nos preguntamos: ¿Cuáles son las políticas del municipio en relación a la implementación de planes de viviendas para familias que no cuentan con un ingreso fijo o estable o un ingreso en blanco?

Si se reconoce la necesidad de lxs vecinxs pero no aprueban los métodos… ¿Cuáles serían los canales que propone el municipio para garantizar el derecho a la tierra históricamente negado?

¿Qué pena correspondería aplicar a funcionarios de gobiernos democráticos que a lo largo de décadas han prometido e incumplido sistemáticamente su función sin aportar ni generar políticas que den solución a la creciente demanda de tierra y vivienda de los sectores populares ?

Las familias que se han asentado en el predio del Omega han decidido mantenerse en el lugar, porque no tienen donde vivir, ni cómo afrontar la actual crisis económica, debiendo enfrentar una denuncia judicial por usurpación que ha determinado en pocos días el desalojo por la fuerza pública, condenándolos a la intemperie y al hacinamiento.

Es claro que cuando los conflictos se intentan resolver por medio de la violencia terminan tributando siempre alguna vida (que por supuesto, en estos casos, las víctimas, como Ud. también sabe, siempre se contabilizan entre los más humildes), situación que ya se ha vivido lamentablemente en la ciudad de Bariloche en estos últimos años.

Es por ello que las organizaciones firmantes solicitamos a Ud., que en forma urgente arbitre los medios necesarios para que esta situación pueda resolverse sin violencia, entendiendo el conflicto de derechos que se encuentra en juego. En este sentido, ya que Ud. mismo ha reconocido que esta situación es consecuencia de la pobreza estructural, le pedimos además que desde su lugar marque la diferencia en el accionar, retirando la denuncia penal y convoque posteriormente a la conformación de una mesa de trabajo a fin de establecer un diálogo serio entre el municipio y las familias demostrando así la firme voluntad de acordar con ellas alternativas que tengan en cuenta su situación real, sus posibilidades, sus propuestas de pago y de trabajo para dar pacífica solución al conflicto.

En sus manos está la oportunidad de lograrlo. Así mismo, también será suya la responsabilidad de los daños que pudieran sufrir las familias, si esto no sucediera.

Atentamente.

Organizaciones firmantes: Multisectorial contra la Represión y la Impunidad en Bariloche / Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina/ APDH Bariloche/ HIJOS Bariloche/ Convocatoria Segunda Independencia/ Cetep Bariloche/ATE PAMI Bariloche/Sutepa Sindicato de trabajadores de PAMI/ La Poderosa Bariloche/ Bariloche tiempo de ayuda/ Bachillerato Popular Furilofche/ Vamos – Frente Patria Grande/ Observatorio por el derecho a la ciudad de Bariloche.

C/copia al Concejo Deliberante.