La organización de defensa de derechos humanos coordinó la reunión de los delegados de todos los pabellones el martes 11 donde se resolvió la mediad de protesta, que implica no asistir a talleres ni la tareas de cocina, sino simplemente a la escuela.

En ese encuentro se redactó el petitorio en el que solicita que “se reanuden las mesas de diálogo de manera periódica porque son el medio para canalizar las demandas y evitar conflictos en una unidad sobrepoblada”.

En el marco de esta huelga “las resoluciones se tomarán mediante una mesa que convoque a las autoridades penitenciarias, al Defensor General de Cámara en lo Penal de Santa Fe, al juzgado de ejecución penal, todos los delegados y voceros de la unidad y la Coordinadora de Trabajo Carcelario”.

También solicitan que “se arbitren las medidas para resolver de manera urgente los incidentes en el juzgado de ejecución penal, ya que la mora existente vulnera la garantías y derechos procesales”. En la misma línea piden “agilizar las conmutaciones de pena”.

La “atención médica de calidad y con profesionalidad”, además de la “entrega de medicamentos adecuados” figura en otro los ítems, al igual que “el acceso a la educación de todos los interesados de nivel primario secundario y terciario, asi como a los cursos de capacitación laboral”.

En la lista se enumera un llamativo punto que incluye a todos los detenidos y en especial a los presos de “alto perfil” para quienes solicitan “se generen talleres auto gestionados, ya que por disposiciones del Servicio Penitenciario no tienen trabajo ni acceso a la educación, incurriendo en una discriminación inadmisible”.

El apartado 7 del petitorio es el más explícito sobre los motivos de la protesta: “el decreto 4127‑16 es inconstitucional y aun así es aplicado de facto sobre los presos. Sin embargo el mismo decreto señala obligaciones para el grupo criminológico y de seguimiento, que por un lado incumplen y se extralimitan en dictámenes que exceden sus funciones” dicen los presos que piden “una intervención de carácter urgente, ya que esta ineficiencia produce agravamiento en las condiciones de detención”.

Para la población carcelaria de Coronda “el decreto 4.127/16 no solo es inconstitucional y regresivo, sino de imposible implementación porque obliga a las unidades penitenciarias a ofrecer trabajo: en Coronda hay 350 cupos laborales en una población de 1300”. Por eso solicitan que “ese incumplimiento sea sancionado de manera urgente”.

Otro de los puntos solicitados son “urgentes medidas para garantizar el ingreso y la seguridad de la visita, y que se entreguen los números a la hora cero del día anterior”.

Finalmente se exige “comida adecuada, y suficiente ración y que se permita el ingreso de comida por parte de la visita. Demás como siempre se hizo, posibilitar el ingreso de alimentos especiales para eventos, como bautismos, casamientos, días del padre, madre, niño, y fiestas de navidad y año nuevo”.