La innumerable lista de dispositivos utilizados para el castigo y el amedrentamiento cotidiano de las personas encarceladas incluye el hacinamiento en las cárceles; el encierro prolongado sin salidas al patio durante el día; la negación del acceso al área de educación y recreación así como la suspensión de actividades y talleres; el constante maltrato, la interminable espera y la obstaculización e impedimento del ingreso de las visitas, algo tan perverso como la requisa vejatoria tanto para las personas presas como para las visitas; los traslados compulsivos a otras ciudades y provincias como método de represión, destierro y aislamiento de los afectos, por ejemplo en las cárceles del sur como Rawson y Río Gallegos más del 80% de la población proviene de otras provincias al igual que en el Chaco que cuenta con una población elevada de cautivos/as de distintas procedencias; la medicalización forzada; el encierro en celdas de aislamiento por tiempo indeterminado que puede variar entre algunos días hasta semanas y meses, permitiéndose la salida sólo por una hora diaria para la higiene personal o para realizar comunicaciones telefónicas quedando suspendida cualquier otro tipo de actividad; hacer permanecer a las personas presas de pie por varias horas mientras un guardiacárcel los vigila y maltrata psicológica y emocionalmente con expresiones verbales de todo tipo. Por su parte, en los traslados a otras dependencias carcelarias o instituciones (hospitales, juzgados, etc.), las y los presas/os viajan sentadas/os con cadenas muy cortas que sujetan fuertemente sus pies y manos al piso del vehículo lastimándose sus muñecas y tobillos. En caso de algún siniestro, esta práctica impediría o dificultaría su auxilio inmediato.
La cama de sujeción es un mecanismo de tortura que se utiliza desde épocas medievales hasta nuestros días para inmovilizar a una persona como forma de castigo y con la pretensión de anular sus acciones y su psiquis. Dentro de las cárceles del país se utiliza este dispositivo atando por varias horas y días a presas y presos de manos y pies con cadenas o correas a una camilla que por lo general está ubicada en las salas del Servicio Médico. Si la persona ofrece mayor resistencia también se le ata por el torso. Debajo de la persona se coloca un nailon para retener su orina y materia fecal ya que no le está permitido ir al baño mientras dure el castigo. En muchos casos, como método para recrudecer la tortura se sujeta a la persona boca abajo teniendo que comer con sus manos atadas pudiendo utilizar sólo su boca mientras que permanece boca abajo.
A este listado no exhaustivo de tratos crueles, inhumanos y degradantes hay que agregarle el sufrimiento provocado por el maltrato cotidiano de las/os agentes de seguridad de todas las instituciones de encierro cuyas políticas de control y disciplinamiento buscan quebrar la integridad tanto física como psíquica de la persona detenida. Para ello, en las cárceles del país se siguen utilizando mecanismos de tortura del Medioevo así como aquellos denunciados a los que recurrían los genocidas en la última dictadura cívico-militar-eclesiástica: el submarino y el submarino seco, la picana eléctrica, el barquito, golpes, quemaduras y vejaciones sexuales entre otros.
En los últimos días en la provincia de Córdoba se evidenciaron las consecuencias de estas políticas de seguridad implementadas por el estado como herramientas de disciplinamiento que instituyen los gobiernos para llevar a cabo programas y mecanismos de violación sistemática de los derechos humanos de las personas presas hasta el límite extremo de la pérdida de la propia vida. En esta provincia se vienen implementando políticas de seguridad basadas en la doctrina de la “tolerancia cero”. Dentro de las cárceles, esta apuesta por la “mano dura” se traduce en la naturalización e implementación de mecanismos de violación sistemática de los derechos humanos de las personas presas, hasta el límite extremo de la pérdida de la propia vida. Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las y los presos en Córdoba no son hechos aislados sino que forman parte de las políticas de seguridad que se vienen implementando en nuestra provincia.
Como consecuencia de la persecución psicológica, fue encontrado ahorcado en su celda a la hora del recuento Iván, un joven de 23 años cuya vida transcurrió desde temprano en distintos lugares de encierro. El día anterior a su muerte había recibido la visita de su compañera y de su hijita de dos meses. Iván venía siendo atormentado por funcionarios del Servicio Penitenciario amenazándolo con el traslado a Cruz del Eje lo que le imposibilitaría ver a su hijita y a sus seres queridos. Además, él desde hace tiempo reclama entrevistarse con la psicóloga sin ninguna respuesta a su pedido. Lamentablemente su muerte es otro ejemplo de las torturas cotidianas del Servicio Penitenciario así como del abandono de las/os presas/os por parte del estado.
Otro triste ejemplo de estas políticas públicas de tortura es el fallecimiento de Lara en el penal de Villa María el 27 de abril de este año. Lara era una detenida travesti que viene a engrosar la lista del genocidio provocado por la falta de atención adecuada y el abandono a la personas con VIH/SIDA encarceladas.
Estas políticas de tormento son implementas por el estado sin ningún tipo de discriminación ya sea por género o por edad como es el caso de un niño de 13 años detenido en el Complejo Esperanza que fue brutalmente golpeado y quebrado por las fuerzas de seguridad y luego esposado a la cama del hospital donde fue atendido.

Otras muertes
Sólo en los últimos días ocurrieron varias torturas y muertes más en distintas cárceles del país como por ejemplo, en la Unidad 31 de Florencio Varela (Buenos Aires) falleció un joven por falta de atención médica y de equipamiento necesario, y en la Alcaidía de Rosario murió otro de los pibes que estaban internados por quemaduras graves ocurridas al ser incendiado el pabellón donde estaban alojados. La Alcaldía rosarina no puede esconder la crueldad mientras que en la semana pasada se desató otro incendio provocado en señal de protesta. Los presos del pabellón B tomaron esta medida al enterarse que habían quedado incomunicados a raíz de la investigación del asesinato de Edgardo Olivera.
En la Seccional 6ª de Comodoro Rivadavia, dos jóvenes murieron asfixiados en un incendio. El fuego se desató con la quema de colchones dentro de la celda donde perdieron la vida Ángel Mirol y Matías Mulheman. Según los relatos recogidos por medios de comunicación, el segundo jefe de la Unidad Regional de Policía, Leonardo Bustos, argumentó que la celda no se abrió inmediatamente debido a las modificaciones que el metal sufrió por el fuego y señaló que los bomberos acudieron. También en el Complejo Penitenciario III de la ciudad de El Dorado, mientras se encontraba en aislamiento se suicidó Antonio C. quien estaba cumpliendo una condena de 17 años.
Todos estos ejemplos no son sino sólo una muestra de los diferentes mecanismos de tortura, disciplinamiento y exterminio que el estado impone a las personas encarceladas desde la existencia misma de las prisiones. Pareciera ser que lo único que ha cambiado desde entonces es la actualización y profesionalización de la tortura misma.
Para los sectores empobrecidos de nuestro pueblo y especialmente para los jóvenes, la prisión a perpetuidad incluyendo la condena a muerte en muchos casos como los citados, pareciera ser la principal política de estado como respuesta a la profundización de la exclusión social y la falta de garantías de derechos.
Coordinadora Anticarcelaria- Córdoba