Como hemos denunciando en reiteradas oportunidades, advertimos con preocupación el crecimiento de las prácticas violentas, ilegales e irregulares de las fuerzas de seguridad en su despliegue territorial.

Mientras pintaban un mural como parte del trabajo final que sería presentado en el XIV Encuentro de Jóvenes y Memoria, tres estudiantes de la EEM N° 8 de Zárate fueron abordados por agentes policiales de una patrulla del Comando de Prevención Comunitaria (CPC), hostigados, maltratados y requisados. Luego fueron detenidos de manera arbitraria y llevados a la sede policial.

En las oficinas del CPC, contrariando todas las garantías de defensa, fueron sometidos a una exhaustiva indagación. Además, y como práctica intimidatoria, los policías realizaron una ambiental sobre las casas de los jóvenes e indagaron a los vecinos. A raíz de este operativo, la justicia de Campana inició una causa contra los adolescentes por daño a bienes públicos.

Durante días, las víctimas habían trabajado en el reacondicionamiento de las paredes para la realización del mural sin sufrir represalias ni advertencias por parte de las fuerzas de seguridad. La reacción policial recién se desató cuando los jóvenes hicieron una pintada que denunciaba la violencia institucional en la actualidad.

El caso demuestra no sólo la vigencia de prácticas irregulares de las policías en el territorio, sino también la vulneración de otros derechos civiles como el derecho a manifestarse que se inscribe en una política represiva de la protesta social.

Este nuevo suceso no puede pensarse como un episodio aislado o azaroso, es parte de las violencias perpetradas por el Estado para el control del espacio público y la persecución de los jóvenes, principalmente, de los sectores más vulnerables de la sociedad.

La ilegalidad y selectividad de las prácticas policiales y judiciales se constituyen como elementos normalizadores y disciplinadores del conflicto, que refuerza la política represiva de las agencias penales.

Ante estos hechos de violencia policial que se reiteran en el tiempo y en todo el territorio de la provincia, desde la CPM volvemos a señalar la necesidad de diseñar herramientas de control de las prácticas policiales y revisar las políticas de seguridad.

La CPM se solidariza con las víctimas, sus familias y la escuela, y observa con particular interés este caso que la afecta de manera directa porque se trata de adolescentes que fueron violentados mientras desarrollaban actividades en el marco de un programa organizado por este organismo.

Además exige una exhaustiva investigación judicial y administrativa sobre el accionar policial y la sanción de los efectivos que ejecutaron estos hechos.