Francisco Benítez, uno de los abogados que llevó adelante a defensa de los acusados, expuso de manera sintética pero contundente las inconsistencias del único testimonio en que está basada la acusación contra los seis campesinos en el caso Cubas: el que fuera brindado por el informante de la Fiscalía Dionisio Olazar.
Tres relatos diferentes y contradictorios realizó Olazar entre el año 2006 y el año 2012: el primero de ellos en el primer juicio a miembros del Partido Patria Libre en el caso Cubas, llevado adelante en el año 2006, con el cual se condenó a 14 personas a penas de entre 4 y 35 años de prisión. Entre ellas se encontraban los principales dirigentes del partido, acusados y condenados por haber participado en una reunión en la que se habría decidido poner fin a la vida de Cecilia Cubas el 13 de enero de 2005.

El segundo relato de Olazar fue hecho al programa “Algo Anda Mal” que lo entrevistó en 2009, en el cual aseguró, entre otras cosas, que la decisión del asesinato de Cecilia Cubas no fue tomada por la dirección política del partido, y que el mismo fue ejecutado el 24 de diciembre de 2004.

El tercer relato lo realizó en su declaración testimonial en el juicio contra los seis dirigentes extraditados por Argentina, realizado en el año 2012. Allí aseveró que la decisión de asesinar a Cecilia Cubas la tomó el Comité Político del partido Patria Libre, reunido el 13 de enero de 2005, y que la víctima fue asesinada al día siguiente.

Las recurrentes y groseras contradicciones en sus dichos hubieran bastado para descartar de plano la validez de su testimonio. Sin embargo, Benítez relató que fue el propio Tribunal el que impidió a la defensa formular preguntas al testigo y evitó que quedaran asentadas en las actuaciones los señalamientos que la defensa intentó hacer con respecto a las contradicciones entre los tres relatos, lo que hubiera echado por tierra la construcción acusatoria de la Fiscalía y hubiera hecho posible el pedido de revisión de las condenas dictadas con anterioridad.

Presencia de organizaciones argentinas:

En el panel debate también fueron parte Mirna Rodríguez, representando a los familiares de los seis campesinos; Amado Najeeb, del Partido Comunista Paraguayo, y Eduardo Soares, titular de la Asociación Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina y letrado de los seis durante su proceso de extradición.
El “Negro” Soares se refirió a la experiencia sobre el caso en Argentina, a las responsabilidades políticas tanto argentinas como paraguayas que hicieron posible la extradición de los dirigentes al Paraguay.

Un amplísimo marco de solidaridad rodeó a estos presos políticos paraguayos durante su periodo de prisión en Argentina entre los años 2006 y 2008. Numerosas organizaciones fueron parte de la campaña por el refugio político y por la denegación de la extradición al Paraguay, objetivos que sin embargo no se pudieron cumplir ante la decisión del gobierno nacional de entregarlos a la mafiosa justicia paraguaya.

Seis años después, la solidaridad y el acompañamiento de las organizaciones argentinas sigue estando presente en el caso de los seis dirigentes extraditados.
Así se expresó con la presencia de la Gremial de Abogadas y Abogados de Argentina representada por el Negro Soares en la actividad, como en las sucesivas visitas al penal de Tacumbú de militantes argentinos. El 11 de diciembre, en tanto, el secretario General de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre José Schulman presentó en nombre de su organización un Amicus Curiae ante la sala penal de la Corte Suprema de respaldo a la apelación presentada por la defensa de los seis contra el fallo del tribunal de la causa.