No vamos a enumerar aquí las irregularidades que se presentan en el segundo de ellos (CNU), oportunamente denunciadas por la Fiscalía, la querella y cientos de firmantes en nuestra calidad de ciudadanos y organizaciones que bregan por un proceso judicial imparcial en el marco jurídico ya normado -, pero sí vamos a señalar la actitud jurídica de un defensor oficial que actúa en ambos procesos judiciales. Se trata del abogado José Galán, designado como defensor oficial del imputado Mario Durquet en el segundo juicio citado. Para fundamentar este señalamiento nos parece muy gráfica la nota de Julián Axat, – ex defensor oficial, Coordinador del Programa de Acceso a la Justicia de la Procuraduría General de la Nación -, que con el título “Legitimidad de los juicios de lesa humanidad” publicara Página 12 el 03/09/2015. En dicha nota Axat afirma: “Algunos defensores oficiales federales no están allí simplemente porque el caso les ha sido asignado en desgracia, sino por el contrario, pareciera que les hubiera tocado en suerte…”
Tampoco vamos a detenernos en explicar que nuestro reclamo absoluto es por Memoria, Verdad y Justicia, pero sí diremos con claridad que el defensor oficial José Galán, cuyos honorarios son abonados por el Estado (y por lo tanto a dicho pago contribuímos de manera indirecta), se ubica, tal como dice Daniel Axat, entre los que les “tocó en suerte” la tarea asignada. Por su reclamo efectuado el 25 de agosto en el transcurso de la audiencia correspondiente, y la concesión realizada por el Tribunal a dicho pedido, debimos quitarnos los pañuelos que llevaban impresos los nombres de los compañeros asesinados por la CNU y que llevábamos en la espalda, sin fundamento alguno, pero con la advertencia de que si no lo cumplíamos no podríamos acceder a ninguna audiencia. Si los pañuelos no pueden estar adentro, estarán fuera del Tribunal, pero esto no cambiará de ningún modo el hecho de que los imputados sean responsables de esos crímenes.
Muchos de los imputados juzgados por delitos de lesa humanidad en el contexto de dicho juicio se autoadjudican la condición de “perseguidos políticos por el actual gobierno”, reclaman respecto a la supuesta “violación de sus derechos” en el proceso judicial, – tal es el caso de Mario Durquet, imputado por el asesinato de María del Carmen Maggi en la causa CNU, a través de su abogado defensor -, y en algunos casos hablan de “escarnio” y “venganza”.
Al mismo tiempo, en las Audiencias del Juicio de Base Naval III y IV el defensor oficial José Galán sistemáticamente interroga a los testigos, – familiares, compañeros y víctimas directas de desaparición forzosa -, en relación a “qué denuncia hicieron”, y “en qué repartición”, aludiendo a las denuncias que en forma inmediata a al secuestro y desaparición deberían, en el criterio del defensor, haber realizado . Aparece muy clara su estrategia jurídica a partir de estas preguntas tanto como en relación a los fundamentos que acompañaron el pedido de retiro de los pañuelos en la audiencia del 25 de agosto, si tenemos en cuenta que esta ciudad sufrió “la Noche de las Corbatas”, – cuyas víctimas fueron en su mayoría abogados laboralistas -, con un significativo número de abogados detenidos-desaparecidos o ejecutados por dedicarse a presentar recursos de Habeas Corpus en todo el país durante el Terrorismo de Estado, y teniendo en cuenta la perversidad de ese plan de exterminio y amedrentamiento. En el marco de estos procesos jurídicos, el abogado defensor de oficio despliega reiteradamente esta estrategia, la cual le es permitida, y habrá algún colega que argumente que “hace bien su trabajo”.
La gran distancia entre la formación profesional y orientación político-social suele mostrarnos una parcialidad muy notoria. Mientras tanto, junto a quienes han estado, están y seguirán luchando contra la impunidad de ayer y de hoy, persistiremos en el camino del reclamo por Justicia y por una condena efectiva para todos los imputados por los crímenes de nuestros compañeros.