El endurecimiento de las penas no previene la inseguridad. Mantener al condenado más tiempo encerrado agrava su estado de vulnerabilidad y lo vuelve más propenso a cometer nuevos delitos. Mayor tiempo de encierro trae aparejado un desinterés en el fin resocializador de la pena. Independientemente del delito que se cometa la pena deberá ser cumplida en su totalidad. Mas violencia en las calles y dentro de los centros de detención traerá hechos más violentos para lograr impunidad.
Las modificaciones propuestas ya fueron implementadas en Mendoza y fracasaron rotundamente. Aumentaron los delitos, la violencia y el número de personas detenidas sin tratamiento.
El cumplimiento total de la pena torna inexistente la asistencia post penitenciaria. No se requieren normas de conducta alguna al egreso dejando librado al condenado a su suerte luego de mucho tiempo de encierro y siendo más posible que vuelva a cometer delitos.
El estado gasta enormes cantidades de dinero en establecimientos penitenciarios y organismos que no cumplen su función como tal. Los fondos destinados a los detenidos, son grandes cajas a disposición del poder político de turno. La corrupción también es un delito que en el fondo provoca inseguridad.