Es importante destacar que quién firmó la orden de allanamiento fue el juez Márquez Gauna, el mismo que libró una orden de prohibición de acercamiento de la compañera Lila Calderón a favor de la concejal Valeria Fernández, luego de que la dirigenta se acercara a la Municipalidad de Cipolletti – donde también tiene orden de restricción- a dejar una nota de la Multisectorial pidiendo soluciones frente al aumento de la garrafa de gas. Entendemos que esto constituye un nuevo acto de intimidación y persecución para acallar los reclamos populares.
La excusa, esta vez, fue que estaban buscando a un convicto fugado de la cárcel hace algunos meses. Una excusa similar utilizó la policía neuquina de Sapag, para allanar ilegalmente la casa de una compañera de Convergencia Socialista, integrante de la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de los gobiernos de Neuquén y Río Negro.

Estamos convencidxs de que estos no son hechos aislados, sino que son parte de una persecución política a lxs que se organizan y luchan por una vida digna, contra la impunidad garantizada por los gobiernos.

Hacemos responsables a Baratti y Weretilneck por la integridad física de la familia de la compañera Lila Calderón.

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