(Por Espacio de Lucha Nilda Eloy) El 17 de abril de 1974, Mahmud Baker Hijazi, preso político palestino, fue liberado de la cárcel en el primer acuerdo de canje de prisioneros palestinos con el Estado de Israel. Ese mismo año, el Consejo Nacional Palestino declaró el 17 de abril como jornada de solidaridad con los presos políticos palestinos. Es en ese sentido que distintos países que continúan su pelea por la liberación nacional acordaron conmemorar cada año el 17 de abril como Día Internacional del Preso/a Político. Posteriormente, organizaciones políticas, sociales y Derechos Humanos (DDHH) reivindican dicha fecha y es así que cada 17 de abril en todo el mundo las calles se llenan de actividades exigiendo libertad.

Desde nuestros espacios de lucha y organización consideramos que la prisión política existe y es parte de un esquema represivo más amplio, conocido con el nombre de contrainsurgencia. La contrainsurgencia es un conjunto de acciones desplegadas por los agentes estatales para evitar los procesos de transformación revolucionaria de nuestros países, estas acciones se realizan desde hace décadas siendo su máxima expresión las realizadas antes y durante los golpes de Estado acontecidos en nuestros países del cono sur en las décadas de 1960-1970, precisamente cuando nuestros pueblos se levantaban en luchas y proyectos de clase, por la liberación nacional y el socialismo, es decir, luchaban decididamente, con todas las formas de lucha contra el imperialismo y el capitalismo.

La contrainsurgencia a lo largo de los años ha tomado diversas formas abiertas (como en el caso de los golpes de Estado o actualmente Paraguay) o encubiertas (como conflicto de baja intensidad o “guerra sucia”, tal es el caso de Chile en el primer lustro de 1990). Sin embargo, la prisión política ha sido una constante presente desde la creación de los estados-nación. Hoy, las fachadas legales de la prisión política son las llamadas leyes antiterroristas de cada país. Como lo planteamos en las líneas anteriores, para nuestras organizaciones, un prisionero político es todo aquel o aquella que realiza acciones en contra del status quo apostando a la transformación revolucionaria de la sociedad, o en defensa de los derechos conquistados (o negados) a la clase trabajadora y el pueblo, entendiendo que es la lucha de calle es la partera de las condiciones subjetivas que permitirá derribar la sociedad de clases propia al modo de producción capitalista.

La lucha de clases y por la construcción de una sociedad distinta y mejor no tiene fronteras, es por ello que, en este 17 de abril, recordamos a militantes internacionalistas presos y presas en diversas cárceles de nuestro continente:

    Mauricio Hernandez Norambuena, comandante Ramiro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) de Chile. Ramiro es parte de una generación de combatientes contra la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, fue militante de las organizaciones que continuaron la lucha armada postdictadura por la construcción del socialismo. Él, junto a decenas de militantes de diversas organizaciones que no creyeron en los cantos de sirena de la democracia protegida y al servicio de los ricos, fue encarcelado en la llamada Cárcel de Alta Seguridad (CAS), recinto diseñado para romper convicciones y cuerpos, acusado de autor intelectual del ajusticiamiento del senador y redactor de la Constitución dictatorial de 1980, Jaime Guzmán. Sin embargo, en la operación llamada Vuelo de Justicia de diciembre de 1996, Ramiro, junto a tres militantes rodriguistas, fue rescatado en helicóptero. Posteriormente, Ramiro es encarcelado en Brasil, al participar en el secuestro de un empresario de dicho país, junto a un grupo de militantes de distintas nacionalidades que participaron en una acción de financiamiento para diversas organizaciones revolucionarias del continente. Luego de más de 18 años de prisión en Brasil, sufriendo torturas constantes, Mauricio Hernández es enviado a Chile donde distintas iniciativas políticas y sociales realizan diversas actividades por la libertad de Ramiro.

Hoy en Chile, junto a Mauricio Hernández, se encuentran en prisiones militantes de diversas organizaciones mapuche, jóvenes anarquistas acusados en causas armadas y centenares de jóvenes detenidos en las jornadas de la revuelta popular iniciada el 18 de octubre de 2019. El gobierno de Gabriel Boric y sus funcionarios plantean que en Chile no hay prisión política, sin embargo, para quienes fueron activos protagonistas de la revuelta, organizaciones de DDHH, sociales y políticas de Chile y el mundo, en Chile si hay prisión política y la libertad de todos y todas ellas no será por un decreto, será, más temprano que tarde por la lucha de calle, la conciencia y organización del pueblo.

Carmen Villaba, pertenece al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Carmen, comenzó su vida militante en las comunidades cristianas de base, en ellas fue desarrollando conciencia de clase para asumir otras tareas para la liberación del pueblo. En el año 2003, nueve meses después de haber sido detenida por un secuestro, Carmen se fugó. Sin embargo, en 2004, la capturaron nuevamente y le iniciaron una causa por resistencia a la autoridad, sin ningún tipo de actuación judicial. Pero en el 2018, cuando ella estaba muy cerca a cumplir su condena, desde la Fiscalía General, se ordenó que se la imputara por dicho delito. Cambiaron la carátula y la imputación a intento de homicidio doloso a uno de los oficiales que habían participado en su detención. Después de 14 años un fiscal solicitó 25 años de condena para Carmen y 10 años de medidas de seguridad, es decir, 35 años en total. El Tribunal de Sentencia no dio lugar a este pedido, pero condenó a Carmen Villalba a 17 años. Sin embargo, en julio del año pasado, una vez que se cumplía su condena y podía quedar en libertad le hicieron una causa armada con el cambio de carátula ya narrado. En resumen, Carmen continua en prisión. Paralelamente a su presidio, en 2010 asesinaron a su hijo Néstor y el año 2020 asesinaron a sus sobrinas y desaparecieron a su hija Lichita. Rescatando las palabras de la propia Carmen Villaba: “Mi condena no es jurídica, mi condena es política”.

Laura Villaba, es hermana de Carmen. Ella viaja junto a un grupo de jóvenes mujeres desde Misiones (Argentina) a Paraguay, a fines del año 2019, para poder visitar a sus padres en prisión. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19 deben quedarse más tiempo del previsto en Paraguay, es así como el día 2 de septiembre de 2020 son secuestradas, torturadas y asesinadas por las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) del Ejército paraguayo, Lilian Mariana y María Carmen (hija de Laura), las dos de 11 años y nacionalidad argentina. Las FTC disfrazaron sus cadáveres como guerrilleras. Laura con el resto de las jóvenes huyen de las FTC hasta mediados de noviembre donde, con ayuda de combatientes del EPP y campesinos, lograron romper el cerco represivo. El día 30 de noviembre Laura, debe salir a buscar agua y alimentos dejando a Lichita (hija de Carmen Villaba, de 14 años) por un tiempo. Al regresar no la encuentra a Lichita, la cual habría sido apresada por las FTC, es decir desaparecida de forma forzada desde ese día.

La solidaridad de los pueblos hoy reclama que liberen a Laura Villalba, joven paraguaya residente en Misiones (Argentina) donde trabajaba de enfermera en una clínica privada hasta noviembre de 2019. Laura, madre de una de las niñas asesinadas y tía de Lichita, estaba cumpliendo acciones de maternar y de cuidado, llevando a las niñas a visitar a sus familiares que están detenidos por luchar.

Laura Villalba, durante meses estuvo detenida en un cuartel militar, en la actualidad se encuentra prisión común mientras espera resolver su situación legal. Hoy se encuentra procesada por terrorismo, asociación criminal, resistencia, transgresión a la ley de armas. Ella no tenía armas, no tenía uniforme, no opuso resistencia. Todo fue plantado. Laura no es parte del EPP. Hace once años que reside en Argentina. De manera mentirosa el gobierno paraguayo la nombra como “la enfermera del EPP”, del mismo modo que antes nombran a la familia Villalba que reside en Argentina como “guardería de guerrilleros”.

Hoy en Paraguay, junto a Carmen y Laura Villaba, hay cientos de prisioneros políticos, militantes y no. Más allá de las acusaciones y los procesos viciados, los rasgos comunes de todos y todas ellas es su combatividad, lo justo de sus causas y el ser pobres. La pobreza en Paraguay es delito y luchar y organizarse para cambiar el sistema injusto es crimen.

El próximo 20 de abril se va a iniciar en Argentina, en el Complejo Penitenciario de Ezeiza a las 13 horas, el juicio de extradición de Facundo Molares, compañero argentino que en su momento militó, por más de una década, en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), hasta el año 2017, donde una vez firmado el Acuerdo de Paz en Colombia él fue desmovilizado con el resto de los combatientes de las FARC-EP, por ende, se fue de Colombia y recorrió América Latina. Estuvo en Bolivia un tiempo, al salir de dicho país las autoridades hacen las respuestas respectivas a Colombia respecto a la situación legal de Facundo, el cual se encontraba sin orden de captura. Sin embargo, al ingresar a la Argentina llego un pedido de captura y de extradición a Colombia. La batalla jurídica para impedir la extradición de Facundo está a cargo de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina y en la lucha de calle está presente la Coordinadora de Solidaridad con Facundo Molares integrada por diversas organizaciones como el Movimiento Rebelión Popular, orgánica a la que Facundo pertenece.

Hoy en la Argentina hay decenas de presas y presos por luchar. Un ejemplo de ello son los compañeros Oscar Santillán del Movimiento Teresa Rodríguez-Histórico (MTR-H), Julián Lazarte del CUBa-MTR y Jaru Rodríguez integrante de CUBa-MTR y de origen venezolano que fueron detenidos con posterioridad la jornada de protesta del pueblo argentino contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) el 10 de marzo de 2022.

Como se sabe las y los prisioneros políticos son muchísimos y no podemos nombrarlos a todos y todas en por ello que hemos contado la situación de este puñado de hombres y mujeres con carácter internacionalista, por ello pensamos que si los estados se unen para reprimir los pueblos debemos unimos para resistir.

LIBERTAD SIN CONDICIONES A TODAS Y TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS POR LUCHAR

NI UN DÍA MAS EN LA CÁRCEL: PRESAS Y PRESOS POLÍTICOS A LA CALLE.

COORDINADORA BARRIAL RESISTENCIA, CBR

ESPACIO DE LUCHA NILDA ELOY-LA PLATA