Como se sabe, la mayor parte de estas mujeres son jefas de familias monparentales y, aún desde el encierro, se ocupan como pueden de la alimentación y educación de sus familias. Está quita insostenible desde cualquier perspectiva moral, solo se entiende en el marco de una política de ajuste implacable impulsada por gobierno de Mauricio Macri y/o el latrocinio estructural del SPF. ¿Quizá evaluaron que las trabajadoras tras las rejas iban a aceptar la rapiña con mansedumbre? No fue así, se organizaron y tomaron una encomiable medida de lucha.

Cabe destacar que en las cárceles todos los artículos comestibles, de higiene personal, limpieza, etc, SON COBRADOS CON PRECIOS ENCANDALOAMENTE SUPERIORES A LOS DE AFUERA, porque esos comercios son regenteados por penitenciarios o sus testaferros y se aprovechan de la debilidad de los más vulnerables.

Parte sustancial del aparato represivo
El SPF, parte sustancial del aparato represivo estatal, no se detiene en sus sevicias. Aún permanecen impunes los que asesinaron en esta cárcel de mujeres a Silvia Nicodemo, Yanina Hernández Painnefil, Romina Leota, Vanesa García Ordoñez, Ema Alé, Noelia Randone , María Laura Acosta, Cecilia Hidalgo y Florencia “La China” Cuéllar, muertes perpetradas entre 2009 y 2012. Las familias de estas chicas bajo la custodia del estado nunca recibieron explicaciones y mucho menos justicia.

Por denunciar estos crímenes y latrocinios es que la Agencia Para la Libertad tiene prohibida la entrada a las cárceles federales hace más de un año. Sin embargo, la prohibición no impedirá la denuncia de la vileza. Matar mujeres pobres en el encierro y robarles el dinero de su trabajo ingresa en la categoría de los delitos más repugnantes de la historia de la ruindad.

Toda nuestra solidaridad con las trabajadoras en pie de lucha.