(Por Espacio de Lucha Nilda Eloy y Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata) Que una persona demorada por una contravención sea golpeada y termine muriendo en una comisaría es un hecho absurdo, pero no por ello poco frecuente. Eso fue lo que pasó con Alejandro Nicolás Martínez, un comerciante de 35 años oriundo de Brandsen que había ido a San Clemente del Tuyú con una suma importante de dinero para realizar un negocio y se alojó en el hotel Fontainebleau. Al parecer el 18 de noviembre de 2021 sufrió una crisis nerviosa, provocó algunos daños en el hotel y los empleados del lugar lo trataron de calmar. Tras acompañarlo a su habitación llamaron a la Policía, que lo detuvo de inmediato y, en lugar de actuar en atención a una situación de salud mental, lo llevaron a la comisaría 3ra de San Clemente. Las cámaras del lugar registraron la detención, y allí se ve a Alejandro esposado y en calma. cuando se lo llevaron esposado y tranquilo. Horas más tarde murió en la sede policial. A sus familiares les dijeron que había sufrido un paro cardíaco, pero durante la autopsia los peritos forenses revelaron que Martínez tenía golpes y que murió por un mecanismo de asfixia.
La causa quedó a cargo del Juzgado de Garantías 4 departamental, a cargo de Diego Olivera Zapiola, e instruye en la UFI descentralizada del Partido de La Costa. En diciembre de 2021 se procesó y se detuvo a 9 policías: José Carlos Pereyra, Evelyn Garofalo, Cristian Rohr, Laura Florencia Chiarullo, Miguel Alejandro Boulos, Paola Mansilla, Carla Cantarela, Maximiliano Munche y Sandro Wilfredo Mujica. Todos ellos fueron imputados por homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento, por el concurso premeditado de más de dos personas, y por haber sido cometido por miembros integrantes de una fuerza de seguridad. En marzo pasado la Cámara de Apelaciones de Dolores confirmó las imputaciones contra los oficiales Pereyra y Rohr y el teniente Munche, pero dio razón a los abogados de parte de la defensa y decretó la libertad por falta de mérito de seis de los imputados: las cuatro mujeres policías, el ayudante Mujica y el subcomisario Boulos. Por las dudas aclararon que los liberaban sin perjuicio de lo que surja de la investigación, como así también de otros delitos posibles como la omisión de denuncia o evitar maltratos, torturas o apremios.
Ocho de los policías imputados declararon en indagatoria y negaron los cargos, mientras que Pereyra prefirió guardar silencio. La versión policial intentó hacer pesar que al encerrarlo en el calabozo Alejandro mismo se golpeó, pero testigos declararon que lo arrastraron violentamente hacia el destacamento y una vez adentro lo golpearon brutalmente.
Brenda Martínez, la hija de Alejandro, contó que a la familia le dijeron primero que había muerto en la vía pública y después que había sido en el calabozo de la 3ra de San Clemente. Brenda agregó un detalle a la investigación que aún no fue debidamente investigado: “Estamos en esta lucha por justicia, que se hagan responsables de lo que hicieron. Si tenía problemas psiquiátricos hubieran llamado a la familia y no lo hicieron. En lugar de eso lo golpearon, lo asfixiaron y lo mataron. No sabemos si lo mataron por el dinero que llevaba. Él tenía 350 mil pesos en su mochila, los cuales desaparecieron. Inventaron muchas versiones, pero mi papá ya no está y no podemos saber lo que pasó”. Como decía Walsh, la secta del gatillo alegre es también la secta de la mano en la lata.
LA IMPUNIDAD CON PRETENSIÓN CIENTÍFICA
El primer fiscal, Martín Prieto de la UFI 2 de La Costa, entendió que los 9 policías planificaron darle muerte a Martínez “asignándose y cumpliendo cada uno de ellos un rol determinado”. Así les imputó a Rohr, Munche y Pereyra los golpes que produjeron múltiples lesiones, tales como “fracturas costales derechas, infiltrado hemorrágico, aponeurosis epicraneana fronto parietal, cianosis cérvico facial y en tercio superior de tórax con infiltrado petequial en piel, en pulmones y corazón”, que le provocaron “un paro cardíaco traumático”.
El segundo fiscal, el subrogante Pablo Gamaleri de la UFI 11 descentralizada de La Costa, ordenó la autopsia, que reveló que había fallecido a causa de una “asfixia mecánica” y que además había sufrido golpes y lesiones. Tras estas medidas las defensas de los policías cuestionaron los resultados, por lo que se dispuso una segunda autopsia. La reautopsia fue presionada políticamente por el carapintada Sergio Berni, Ministro de Inseguridad de Axel Kicillof, quien trató de hacer pesar su título de médico militar para sembrar dudas en la causa. Sin embargo la segunda medida confirmó a la anterior y fue más contundente: estableció que el cuerpo presentaba lesiones que no habían sido notificadas en el análisis inicial, como ser una quebradura en la nariz y marcas compatibles con patadas de borceguíes y golpes con tonfas. En la segunda autopsia intervino Virginia Creimer, médica forense y perito del parte de la familia de Martínez, quien afirmó que Alejandro “claramente fue sometido a numerosos traumatismos, a una violencia extrema, a distintos golpes, que entre ellos, le producen la fractura intercostal derecha, lo que provocó una asfixia que lo llevó a la muerte”.
DE ETCHECOLATZ A BERNI
Las muertes por torturas en sede policial o penitenciaria no son, en el país de los 30 mil detenidos-desaparecidos, cosa del pasado. Durante la última dictadura genocida todas las comisarías de la provincia de Buenos aires era parte del esquema represivo genocida. En particular en los partidos del conurbano existió lo que se llamó “Circuito Camps”, un complejo de más de 33 Centros Clandestinos donde se torturaba, se asesinaba, se violaba y se robaban niños, comandado por el general Ramón Camps, por entonces jefe de la Mejor Maldita Policía del Mundo, y regentado por el Director de Investigaciones Miguel Osvaldo Etchecolatz. Por realizar pericias que determinaron que Etchecolatz fingió afecciones para obtener la prisión domiciliaria en una de las causas de lesa humanidad en las que estaba procesado el genocida, la perito Creimer sufrió amenazas y debió renunciar a su cargo. Hoy sigue comprobando las marcas de La Bonaerense en la población.
El carapintada Sergio Berni se metió a encubrir este caso como en muchos otros en que las prácticas de su fuerza represiva quedaron al descubierto. Entre los disparates que enunció dijo que el caso de Alejando puede haber sido utilizado para tapar el crimen de Lucas González a manos de la Policía de la Ciudad. Agregó que “la autopsia me genera muchas dudas” porque “la muerte dataría de 17 a 20 horas atrás”, que describe lesiones y deja constancia que “tendrían un tiempo de evolución menor a 24 horas, lo que correspondería con el episodio del hotel”. Finalmente intentó aclarar que “no vamos a permitir que se intente desviar la investigación con alguna causa en especial”. Llamar “causa especial a la torturas va mucho más allá del habitual encubrimiento de la Represión estatal como Violencia Institucional, e intenta imponer la idea de que la justicia debe accionar en las causas contra las fuerzas represivas con la misma pretensión de inocencia a priori con que él conduce e incita a su fuerza a actuar. Sin embargo la segunda autopsia, forzada por el ministro, no deja lugar a dudas.
Veamos qué sucede en nuestro país con las “causas especiales”. Los informes de la Procuración Penitenciaria de la Nación señalan que en el período 2011-2020 se registraron más de 13.581 denuncias por torturas y malos tratos en dependencias penitenciarias y policiales en todo el país, hechos que engrosan el Registro Nacional de Casos de Torturas y/o Malos Tratos. Además de las agresiones físicas a los detenidos, el hecho más frecuente, se destacan también como tortura o maltrato las malas condiciones materiales de detención, las requisas vejatorias, el aislamiento, las amenazas, las deficientes alimentación o acceso a la salud, el roo o daño de pertenencias de los detenidos, el traslado gravoso y el impedimento de vinculación familiar o social.
La gestión del gobernador K Axel Kicillof tiene largo historial en materia de muertes en comisarías: desde el caso de Christian Stehli, asesinado el 12/12/19 en la Comisaría 2da de Villa Gesell tras ser detenido por estar alcoholizado; pasando por el de Oscar Barcos, asesinado en 20202 en un calabozo de la Comisaría 1ra de Moreno; el de Alexis Díaz, “ahorcado” en 2020 en la Comisaría 2da de Avellaneda; el de Ezequiel Nieva, asesinado el mismo año en la Comisaría 9na de Villa Caraza Lanús; el de Daniel Olmos, asesinado en la 4ta de Remedios de Escalada Lanús, y otros 20 casos más producidos en comisarías bonaerenses durante la pandemia.
Lejos de ser problemáticas del pasado, las muertes ocurridas en lugares de encierro son la primera causa de asesinatos cometidos por las fuerzas represivas del Estado en todo el país. Cuando asomamos a la problemática de la tortura podemos tender a pensar sólo en los hechos más graves, como maltratos físicos en técnicas como la picana o el “submarino seco”, sin embargo la tortura es definida ampliamente como la provocación del padecimiento físico o psicológico de la persona para mortificarla o para que confiese algo. Sucede que en el país de los 30 mil detenidos-desaparecidos las desapariciones forzadas se investigan como “búsqueda de paradero”, el gatillo fácil como “legítima defensa” y las torturas como “apremios” o como “severidades y vejaciones”. Si es que se investigan
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