En Rosario la situación es cada vez más clara: el gran delito no sólo es amparado por la Policía, sino que las fuerzas represivas son una de las piezas fundamentales en el entramado del narco rosarino, a las que se suman la protección judicial y política.

Una investigaciónpublicada por el portal RosarioPlus dejó aún más clara esta relación: desde 2004, 97 policías fueron investigados por aumentos desproporcionados de sus patrimonios. Todos los 97 casos llegaron a la Justicia, pero en ninguno hubo condenas. Más aún: de las 97 investigaciones sólo 26 se mantienen en pie.

Entre los acusados figuran jefes de brigada, comisarios e incluso el exjefe de Policía Hugo Tognoli. La relación entre los ingresos declarados y los patrimonios llega al límite del absurdo: el ex Jefe de Policía, Carlos Solá , declaró una propiedad valuada en 500.000 dólares, teniendo un sueldo de bolsillo de 15.000 pesos. Otro caso es el del ex comisario Mayor Hugo Giuliano, que tenía numerosas cuentas en bancos privados, varias propiedades, locales comerciales, dos automóviles y una lancha. También ilustrativo es el caso de Daniel Cáceres, quien fuera la máxima autoridad policial en los gobiernos de Obeid y Binner, y que es propietario de dos casas céntricas en Rosario, una casaquinta con pileta en Puerto Paraíso, un barrio cerrado de la localidad de General Lagos con amarradero de embarcaciones y tres vehículos de alta gama. Y en esta sucesión podríamos seguir nombrando a todos los jefes de Policía de la provincia, al menos desde el 2008.

No se puede dejar de mencionar, particularmente, el caso de Hugo Tognoli, uno de los casos centrales en la saga narcopolicial santafesina. Más aún luego de que un nuevo testimonio lo complicara aún más, ubicando a su segundo al mando en una reunión en un auto con el narco Daniel “Tuerto” Mendoza.

En Santa Fé, cada día sale a la luz una nueva muestra de la convivencia entre la policía y las mafias. Porque si algo se demuestra es que no se trata de casos aislados, sino de una institución que regentea el delito con jugosas ganancias. Una Policía que funciona como una verdadera “asociación ilícita” con jueces, fiscales y políticos para proteger sus negocios y enriquecerse.