Hablamos hoy en repudio al golpe de estado de 1976, reivindicando a una generación que dio su vida por cambiar el mundo, y lograr una Argentina sin explotación, sin opresión y sin miseria. Estamos aquí para decir: 30.000 PRESENTES! Cada 24 de marzo, durante todos estos años hemos repudiado y denunciado esa brutal represión racional y planificada contra nuestro pueblo, y luchamos para que se reconozca su verdadero nombre: Genocidio. Un genocidio que impuso la desaparición forzada de personas para sembrar el terror y que tuvo como objetivo principal aniquilar el amplísimo movimiento obrero y popular que se proponía conseguir transformaciones revolucionarias en la Argentina. Un genocidio que no empezó el 24 de marzo de 1976, sino que tuvo años de planificación y de formación, que se inició antes del golpe, con el Operativo Independencia en Tucumán, con las acciones de la Triple A y demás bandas facistas, y con los decretos de aniquilamiento firmados por Isabel Perón en 1975.
Un plan sistemático que fue organizado para secuestrar, torturar, desaparecer y asesinar a miles de personas, y que fue llevado adelante a través de la represión clandestina organizada en cientos de campos de concentración a lo largo y ancho de la Argentina. Un plan macabro de aniquilamiento de miles de compañeros, dirigentes y militantes obreros y populares que adoptaron diferentes formas de lucha. 30.000 detenidos-desaparecidos, centenares de asesinados, miles de presos, exiliados, insiliados, y casi 400 niñxs con su identidad apropiada, fueron producto del genocidio que desplegó el Terrorismo de Estado. Un plan instrumentado no por «inconducta de algunos» sino por el conjunto de las fuerzas armadas en su conjunto y el resto de las fuerzas represivas, con la participación de empresas, de iglesias, de jueces y fiscales. Un plan articulado con las demás dictaduras del continente, a través del Plan Cóndor.
Un proyecto genocida que se valió de todos los métodos represivos para profundizar el enriquecimiento de unos pocos a costa del hambre de muchos, para generar cada vez mayor explotación y liquidación de conquistas de los trabajadores, para la entrega de los recursos del país, para la destrucción de la industria nacional, para el brutal endeudamiento externo, el cercenamiento absoluto de las libertades individuales y colectivas, y para la violación sistemática de todos los derechos.
Una dictadura que buscó destruir las formas de organización de importantes sectores de los trabajadores y el pueblo: cuerpos de delegados, centros de estudiantes, organizaciones políticas, barriales, profesionales, culturales: se propuso terminar con las prácticas sociales que basaron su acción en la solidaridad, en poner el interés común por encima del individual, en privilegiar la organización e impulsar la participación.
Han pasado 44 años, y somos parte de un movimiento que lucha contra las políticas de olvido, de perdón, y de reconciliación con los asesinos, con los torturadores, con los violadores, con los apropiadores, con quienes fueron sus cómplices civiles, empresariales, religiosos y políticos. No nos olvidarnos de los decretos alfonsinistas que juzgaron a las cúpulas militares y a lxscompañerxs de las organizaciones armadas en base a la teoría de los dos demonios; los indultos del menemismo, las leyes de obediencia debida y punto final, la designación de Milani en el kirchnerismo, el negacionismo del macrismo y el intento de implantar el 2×1 para liberar a los genocidas condenados.
Entre el 2003 y el 2019 se realizaron 238 juicios contra los genocidas, se dictaron 1354 condenas sobre 975 represores y hubo 240 absoluciones. Todo ello sobre un universo de 7.848 víctimas. Sabemos que miles de represores actuaron en la dictadura y que hubo 600 Centros Clandestinos de Detención, al día de hoy hay menos de dos represores presos por cada lugar de detención. Y para mayor impunidad, casi el 70% de los represores detenidos goza del beneficio de la prisión domiciliaria, y unos 1.590 represores imputados están en total y completa libertad.
Por eso seguimos exigiendo el juicio y castigo a todos los genocidas! Hasta hoy no tenemos respuesta sobre qué pasó con todos y cada uno de lxs 30.000 desaparecidxs; existen centenares de jóvenes que fueron apropiadxs y no conocen su identidad; la mayoría de los ejecutores del genocidio no han sido identificados ni juzgados en su totalidad, continuando la «carga de la prueba» sobre las espaldas de lxs sobrevivientes, de los familiares y del pueblo argentino que ha develado tantas evidencias y continúa denunciando a los genocidas y sus cómplices.
Hemos aprendido en estos años, que la lucha no termina siquiera cuando los genocidas son condenados, porque los socios de la impunidad en el poder judicial otorgan el beneficio de la prisión domiciliaria a torturadores, asesinos y apropiadores. El único lugar para los genocidas es la cárcel. Quienes formaron parte de la maquinaria genocida no pueden ser beneficiados con la prisión domiciliaria, ni con excarcelaciones, sus crímenes son imprescriptibles y además siguen cometiendo el mismo delito al respetar un pacto de silencio. Necesitamos ya! la apertura de los archivos secretos de la dictadura, para conocer el destino de cada uno de nuestros compañeros y para conocer el paradero de aquellos hijos que fueron apropiados.
Sabemos que los genocidas siguieron enseñando a torturar, a desaparecer, a violar, a asesinar, en «sus escuelas en democracia». Por todo eso no podemos, ni queremos dar vuelta la página. Por eso decimos, a 44 años del golpe genocida lo que necesitamos es JUSTICIA!, por todos los crímenes cometidos contra cada uno de los compañeros y compañeras.
Los derechos humanos son de ayer y de hoy. Por eso, ante quienes dicen que no hay, exigimos la libertad de las presas y presos políticos o por luchar, como Milagro Sala y Luis D’Elía; el fin de las persecuciones, como a Sebastián Romero, y el cierre de las causas contra Daniel Ruiz, César Arakaki y demás activistas. Exigimos que se anulen las leyes “antiterroristas” aprobadas bajo el gobierno de los Kirchner (usadas para perseguir la protesta social) y que se desmantelen por completo todas las medidas represivas, que han dado un salto cualitativo durante el Macrismo. A la AFI, más que “transparentar” sus fondos hay que disolverla, como a todos los servicios secretos. Desmantelar el aparato represivo. Y poner fin al “gatillo fácil” policial y a las muertes en los lugares de detención, que cobran la vida de un joven pobre por día. Seguimos exigiendo justicia por Maxi Kosteki y Darío Santillán, Luciano Arruga, Julio López, Mariano Ferreyra, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y todas las personas desaparecidas y asesinadas por el Estado en democracia.
El golpe genocida tuvo un objetivo de fondo. Como decía Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. Esa política económica fue la del ajuste a la clase trabajadora y al pueblo, y la entrega de nuestro país al imperialismo, en base a la deuda externa. Si antes del golpe era de 7 mil millones de dólares, al caer la dictadura trepó a 49 mil millones. Después, todos los gobiernos pagaron y pidieron más. Nunca nos “desendeudamos”. Y con Macri se dio el mayor endeudamiento, que hoy supera los 310 mil millones de dólares.
Toda esa deuda es ilegítima, fraudulenta, impagable y odiosa. Porque se contrajo a punta de pistola. Porque Cavallo estatizó deuda privada. Porque jamás fue en favor del pueblo. Porque fugaron capitales. Y porque además todos los gobiernos la pagan a costa de ajuste, aunque hagan una parodia de investigación como ahora. Por eso desde esta Plaza exigimos no pagar la deuda externa. Y el FMI, que financió a la dictadura y luego dictó cada plan de ajuste, ahora nos monitorea para que sigamos pagando. Por eso lo repudiamos y decimos: ¡Fuera el FMI!
La pandemia del coronavirus desnudó y agravó la crisis sanitaria que ya existía. Ante la emergencia la cuarentena es necesaria, pero no alcanza, menos aún con militarización y amenaza de estado de sitio. Lo que sirve es concientizar y tomar medidas eficaces como el testeo masivo para detección precoz del virus. Por eso hoy más que nunca, y porque la salud también es un derecho humano, los millones que el gobierno destina a pagar la deuda externa deberían ir a fortalecer la salud públicay transformar el sistema en uno único a cargo del Estado y financiado por rentas generales, en especial a su personal, y a proteger al pueblo trabajador, empezando por los sectores más vulnerables, sin techo, precarizadxs, contratadxs, no registradoxs y cuentapropistas.
A la vez, rechazamos el ajuste de Alberto Fernández y los gobernadores. Habla de “solidaridad”, pero les sacó la movilidad a las y los jubilados, niega la cláusula gatillo, da aumentos salariales menores a la inflación y prepara una suba de tarifas, todo para seguir pagando la deuda. Ni ajuste ni pacto social. Reclamamos un aumento general de salarios, planes sociales y jubilaciones, con 82% móvil, paritarias libres y cláusula gatillo. Apoyamos todas las luchas obreras, populares y de los pueblos originarios. Y como los derechos ambientales y de género también son derechos humanos, rechazamos el extractivismo contaminante y decimos basta de megaminería, fracking y agrotóxicos. Y alzando las banderas del 8 de Marzo, exigimos aborto legal y que el Congreso apruebe la ley de la Campaña. También desmantelar las redes de trata y proxenetismo, que haya Educación Sexual Integral efectiva, presupuesto ya para combatir la violencia machista, separar la Iglesia del Estado y anular los subsidios a la educación religiosa. Por último, exigimos el fin del alineamiento internacional con los EE.UU. e Israel. Rechazamos las bases extranjeras en el país y los ejercicios militares con el imperialismo. Argentina debe salir del Grupo de Lima y retirar sus tropas de Haití y Chipre. Apoyamos las luchas contra el represor Piñera en Chile, la golpista Áñez en Bolivia, el facho Bolsonaro en Brasil y el represor Duque en Colombia. Y también las luchas de otros pueblos del mundo, como en Francia y Medio Oriente.
A 44 años del golpe, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. ¡30.000 compañeras y compañeros detenidos-desparecidos, presentes! ¡Ahora y siempre!