La arbitrariedad y represión policial se viralizan en Chaco y Corrientes, más de 2000 detenciones en 96 horas.

El Observatorio de Conflictos Sociales en el Nordeste Argentino (OCSo-NEA) de la Universidad  Nacional del Nordeste (UNNE) junto a la Red de DDHH Corrientes lleva adelante un relevamiento de las detenciones policiales en el marco del “aislamiento social preventivo y obligatorio”, ordenado por la presidencia de la nación mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020. El estudio en proceso muestra que desde el viernes 20/3 hasta el lunes 23/3 se produjeron 2012 detenciones en las provincias de Chaco y Corrientes. Estos procedimientos se dan el marco de un estado de excepción en el que -invocando a la democracia- han quedado suspendidas garantías constitucionales, afectando principalmente al sector popular (trabajadorxs informales, changarines, carreros y trabajadoras sexuales). A 44 años del último golpe cívico-militar-eclesiástico resulta de suma preocupación el nivel de represión y violencia estatal que estamos experimentando y las enormes atribuciones que se le han otorgado a los agentes de las fuerzas de “seguridad” y el uso arbitrario con el que lo están empleando. Cualquier ciudadano queda expuesto a ser considerado un “peligroso delincuente”, tal como lo ha enfatizado el propio presidente Alberto Fernández. 

En magnitud, la provincia de Chaco ha aglutinado un número tres veces mayor de detenidos que Corrientes: 1451 casos. Esto que se debe a múltiples factores, como la circulación del CoVid.19 en el territorio pero también a la arbitrariedad policial y el nivel de represión que se venía advirtiendo desde el inicio de la gestión de Capitanich. El registro de detenciones durante el viernes 20 fue de 212 personas, el sábado 21 395, el domingo 22 aumentó a 563 y el lunes 23 fue de 281. El Gran Resistencia -distrito más pobre del país- concentra la mayor cantidad de casos pero se conocido números hechos en jurisdicción con una densidad demográfica mucho menor: Charatas (236), Villa Ángela (221), Sáenz Peña (157) y Castelli (125).

En la provincia de Corrientes se ha contabilizado hasta el 23/03 un total de 573 personas detenidas.  El  viernes 20 se han registrado 114 detenciones, el sábado 21 fueron 151, domingo 22 la cifra descendió a 112  y ayer lunes 23/03 se incrementó a 196. Se tiene conocimiento de al menos seis casos judicializados: 1 penal y 5 contravencionales. La Capital concentra más de 50% de los casos pero solo en 48 horas (entre domingo 22 y lunes 23) hubieron 92 detenciones en localidades del interior.

La base de dato en elaboración ha sido confeccionada en base a reportes oficiales de las policías de Corrientes y Chaco, sus respectivos ministerios de Seguridad e información periodística. Pero más allá de los “datos oficiales” también hay que tener en cuenta las decenas de denuncias por redes sociales de aprensiones, persecuciones y hostigamiento en los barrios de Chaco y Corrientes. Circulan videos donde se ve un trato alejado de las mínimas medidas sanitarias para evitar contagios. Se amontonan personas provenientes de distintos lugares y los dejan encerrados en sitios reducidos incluso en celdas superpobladas, sin medidas de prevención del coronavirus. Estos procedimientos, lejos evitar la expansión de la pandemia atentan contra la vida y salud de todxs.

 Además no podemos soslayar la situación de las personas presas, sólo en las últimas 48 horas se registraron seis protestas -tildadas de “motines”- en cárceles de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Chaco. Hoy en las cárceles de  Corrientes y Chaco el hacinamiento y la falta de higiene elemental puede conducir a una situación semejante.

La normalización del control y la represión en democracia nos resulta alarmante. En este nuevo 24 de Marzo, aniversario del inicio de la dictadura genocida, consideramos necesario visibilizar  este tipo de prácticas y denunciar las arbitrariedades que se están realizando mientras el grueso de la población permanece indiferente en su aislamiento. Creemos que con el argumento de una crisis sanitaria el Estado no puede avasallar nuestros derechos conquistados  con lucha popular.  

Grupo de Investigación sobre Conflictos Sociales (GrICSo)

Facultad de Humanidades – Universidad Nacional del Nordeste