(APL) «Uno como padre desearía un imposible: Tener a su hijo vivo. Como no puede ser,  el fallo de ayer reconforta. A partir de eso mi «Bochita» va a poder descansar en paz y a la familia nos dio un alivio. Yo diría una caricia al alma. Tengo que agradecer a mucha gente. A  La Gremial de Abogados. A los fiscales Daniel Pabloscki, que luego lo suplantó el fiscal Andrés Madrea quién hizo un trabajo impresionante; también a los familiares de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Siempre digo y así lo siento que ellos son mi segunda familia. A todos los medios que nos apoyaron desde un principio metiendo presión. A los que hicieron murales, a los que crearon canciones, a la hinchada y jugadores de Huracán.  Creo que el conjunto de todas estas acciones  hizo que terminara en un juicio ejemplar. Espero que el fallo del juicio de mi «Bochita» sirva para que no haya más  asesinatos de jóvenes por el Estado. A todos les mando un fuerte abrazo». Así lo expreso Jorge Rego al concluir el juicio que condenó al asesino de su hijo, exprefecto Pablo Britez, a prisión perpetua.

El TOC 3 sancionó así al uniformado que ejecutó a  Christofer “Bocha” Rego, (26), de dos balazos por la espalda -el 12 de agosto de 2018- por no detenerse en un control vehicular. En tanto, el cabo primero Cristian Alberto López, de 29 años; la marinera Lucila Tamara Carrizo, de 24; el cabo segundo Javier Eduardo Fernández, de 24, y el cabo primero Rubén Darío Viana, de 30, fueron condenados a cuatro años de prisión por “encubrimiento doblemente agravado” y a ocho años de inhabilitación.

La Fiscalía Nº31, a cargo del caso, comprobó que luego de haber disparado a sangre fría contra el joven, los integrantes de las fuerzas federales no lo asistieron ni chequearon su estado de salud sino que se encargaron de levantar los cartuchos para no dejar evidencias y se retiraron.

Los letrados Eduardo Soares y Rosario Fernández, de La Gremial, patrocinaron a Rego, un padre más que debe llorar a su hijo entre miles, miles y miles de casos perpetrados en la Argentina, dizque, constitucional.

De ese modo, para los luchadores, los juicios  son instancias políticas para continuar enfrentando el genocidio encubierto contra los más vulnerados que impulsan quienes gestionan el estado. Precisamente, este 27 de agosto la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil se movilizará en diversas ciudades del país.