(Por Adriana Meyer) Durante 2021 fueron asesinadas 981 personas por el Estado, en sus diferentes modalidades represivas con preminencia de un considerable aumento de las muertes en lugares de encierro. «La deuda es con el pueblo», es la consigna de la presentación anual del Archivo de Casos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) en Plaza de Mayo, que engloba otras: «Basta de gatillo fácil, femicidios de uniforme, muertes en cárceles y comisarías, desapariciones en democracia y represión a la protesta social». Y así lo gritaron en la plaza sus militantes y los familiares de las víctimas en esta ya tradicional cita de cada diciembre, acompañados por organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos. «Desde 1983 hasta 2021 las personas asesinadas por el aparato represivo del estado son 8.172», enumeró Correpi, una organización autogestiva que cumple tres décadas.
«Hace más de 30 años empezamos a salir a las calles para denunciar las distintas formas que adopta la represión policial en democracia, nos empezamos a organizar desde la masacre de Budge en 1987, los fusilamientos de Agustín Ramírez en 1988 y de Marcelo «Peca» Rivero en 1989, la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio en 1991 nos dio el impulso final para dar forma a lo que desde mayo de 1992 se llama Correpi», dijo la abogada María del Carmen Verdú, una de sus fundadoras. «Seguimos señalando las responsabilidades políticas, gobierne quien gobierne; y a 20 años reivindicamos la memoria de las 38 personas que calleron en la represión a la rebelión popular de 2001, y recordamos a nuestro compañero Carlos ‘Petete’ Almirón», agregó. El público ondeó sus banderas y gritó «presentes». Varios videos mostraron las imágenes de los familiares con el puño en alto y la foto de sus seres queridos asesinados, que se sumaron a Correpi «en el peor momento de sus vidas, para construir a partir de su dolor una lucha colectiva y organizada contra cualquier forma de represión».
LOS DATOS DEL ARCHIVO
Durante 2021, a pesar del paulatino cambio del ASPO al DISPO, los datos objetivos que surgen de los documentos de Correpi no son alentadores. En esta 26ª actualización, incorporaron 585 casos al Archivo, lo que hace un total de 8.172 desde 1983 hasta mediados de noviembre de 2021. De esos casos nuevos, 417 ocurrieron en el curso de 2021. En términos generales se destacan picos en los años de crisis: 1989-91, 2000-2001, 2009/10, 2013 y los cuatro años 2016-2019, bajo la Doctrina Chocobar. En particular, el año 2020 y los primeros once meses de 2021 muestran otro salto importante, debido al crecimiento inusitado de muertes en lugares de detención en pandemia. «Aunque no todas las muertes fueron por covid-19, esto comprueba el impacto brutal que tuvo la falta de políticas adecuadas para proteger a la población carcelaria frente a la pandemia», expresó la organización.
En los últimos dos años, la muerte bajo custodia triplica los fusilamientos por gatillo fácil. «Esto es consecuencia directa de que, sin que se modificara la política punitivista que abusa de la prisión preventiva –salvo cuando son represores– y dilata las concesiones de beneficios ganados como la libertad asistida o condicional, en el contexto de pandemia, además de las muertes por covid-19, se multiplicaron los fallecimientos por otras enfermedades evitables o que no hubieran causado la muerte extra muros». Además, el hacinamiento y los reclamos aumentaron los niveles de violencia carcelaria, y por ende, las muertes durante protestas o por castigos.
Desde el escenario montado frente al Cabildo, Verdú destacó que hubo un incremento de facultades a las fuerzas durante la pandemia. «Muy lejos quedaron algunas medidas iniciales auspiciosas como la derogación de los protocolos Bullrich, la saturación represiva en los barrios sigue en alza con proyección de crecer como demuestran los presupuestos de provincia y de Ciudad de Buenos Aires, los dos gobiernos a ambos lados de la grieta, planean destinar más fondos a la infraestructura represiva que a la educativa o de la salud», dijo la letrada. «En las últimas semanas trascendieron fusilamientos de gatillo fácil y muertes en lugares de detención, las dos modalidades predominantes en nuestro archivo: la Policía de la Ciudad fusiló a Lucas González en Barracas, la Bonaerense a Luciano Olivera en Miramar, y Lucas Galván fue asesinado a tiros por un miembro de la Prefectura Nacional; Alejandro Martínez murió torturado en la comisaría de San Clemente del Tuyú, y Eric Valdez murió del mismo modo en la comisaría de Concordia, Entre Ríos; la policía de Chubut está reprimiendo ferozmenteal pueblo movilizado y en Jujuy crece la represión a les trabajadores», enumeró.
Respecto de las muertes en comisarías, es necesario remarcar que la mayoría sigue correspondiendo a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones. «En esos casos resulta aún más incomprensible el argumento de la ‘crisis depresiva’, como dicen los partes policiales para justificar los ‘suicidios’, pues son personas que en horas recuperarían la libertad». Rodolfo Walsh lo explicaba mejor que nosotros: “Como todo el mundo sabe, la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu, los ebrios, los chilenos carteristas y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella. Otro factor deprimente que acaso contribuya a la ola de suicidios en tales calabozos son las inscripciones que dejan los torturados”.
Desaparecer en democracia
Respecto de las desapariciones, trascendió, debido a la movilización popular, la de Lautaro Rosé en Corrientes, en el marco de una razzia policial contra la juventud reunida en la costanera de la ciudad. Su cuerpo sin vida fue encontrado por pescadores días después, un kilómetro río abajo del lugar donde se lo vio por última vez, escapando de la policía. «Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para ‘hacer estadística’ y los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, reconfirman la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, trata de personas, entre otros, incluso a veces como parte de ‘operaciones de prensa’ para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas, potenciadas por la coexistencia de más de una fuerza en los territorios», analizó Correpi.
La organización antirrepresiva, cuyo despliegue es nacional, detectó que siguen sin registrarse fusilamientos a manos de personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en 2020 y 2021. «Esto se explica a partir de la prohibición, dispuesta a principios de marzo de 2020, a los miembros de esa fuerza federal, de portar el arma reglamentaria fuera de servicio. Sin perjuicio de la baja incidencia de esa fuerza, la menos numerosa del país, es una comprobación empírica de cómo se podría reducir el gatillo fácil significativamente si la misma decisión se tomara respecto de la totalidad de las fuerzas, ya que más de la mitad de los fusilamientos en la vía pública son cometidos por funcionarios de civil, pero que portan y usan el arma reglamentaria».
Leandro teysseire
DE MAURICIO A HORACIO
En números netos, la Policía de la Ciudad supera por poco a la PFA (Policía Federal Argentina) en cantidad de casos en estos dos años, con el 5,20% del total de casos en ese período, a pesar de tener apenas 25.000 efectivos. «Como denunciamos con cierta repercusión cuando Lucas González fue ejecutado por policías de la Ciudad, los policías porteños acumulan 121 muertes injustificadas sobre sus espaldas. En los mismos cinco años, la policía de la provincia de Buenos Aires, dirigida en ese lapso primero por Cristian Ritondo y luego por Sergio Berni, mató 390 personas de manera igualmente injustificada». Estas cifras podrían indicar que la Bonaerense es casi cuatro veces más letal que la de la Ciudad, pero la proporción de efectivos también es casi 4 a 1, porque mientras la porteña apenas llega a los 25.000 integrantes, la provincial supera los 95.000. Es decir que en proporción a la cantidad de efectivos, la Porteña es más letal que la temida Bonaerense. «A 14 años de gestión ininterrumpida del PRO en CABA, la letalidad destacada, antes con la Policía Metropolitana, y desde 2017 con la Policía de la Ciudad, no deja dudas del perfil particularmente represivo que impuso Mauricio Macri y continúa Horacio Rodríguez Larreta».
FEMICIDIOS DE UNIFORME
Desde que Correpi comenzó a elaborar el Archivo pudo advertir que la enorme mayoría de los asesinatos de gatillo fácil, con su fuerte componente de control social, correspondía a varones, especialmente adolescentes, con muy pocos y excepcionales casos de mujeres y niñas. «Sin embargo, también advertimos que, en un porcentaje importante, los casos registrados de víctimas mujeres se relacionaban con situaciones de violencia machista y patriarcal. La cantidad de mujeres asesinadas por integrantes del aparato represivo estatal en el marco de ese tipo de violencias nos llevó a empezar a sistematizar esas situaciones, sin perjuicio de que, simultáneamente, encuadraran en otras modalidades según la forma de la muerte».
En el caso de los femicidios, los dos primeros casos registrados se remontan a 1992. Desde entonces el índice ha sido creciente, hasta llegar hoy a 423 femicidios sobre un total de 722 víctimas mujeres. Esa cifra convierte los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal. Registramos, además, 51 femicidios relacionados, es decir, hijxs u otrxs familiares o personas cercanas a la víctima asesinadas en contexto de violencia machista, para castigar a la mujer o cuando intentaron defenderla. Casi un tercio de los femicidios relacionados tienen niños y niñas como víctimas. En el caso de las personas trans y travestis, encontramos la gran dificultad de que, en los reportes oficiales, especialmente de personas muertas en lugares de detención, pero también en casos de fusilamientos, se consignan los nombres de los documentos de identidad. Así, aunque sabemos que son más, sólo parecen registradas como tales 11 casos de transfemicidios y travesticidios cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.
«Estimamos, tomando como base los registros existentes a nivel nacional que, hasta fin de 2021, una de cada cinco mujeres asesinada en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente en el arma reglamentaria. Ello da cuenta de cómo se potencian, cuando se cruzan, la violencia represiva estatal con la violencia machista y patriarcal. Y es otro dato crucial a la hora de exigir la prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio. Si las pistolas no estuvieran en sus casas, no se matarían a mujeres (o la inversa, mujeres policía no matarían a sus parejas) ni matarían a sus hijxs».
Pandemia y malas decisiones
Además de mostrar los porcentajes totales de cada gestión de gobierno, hacemos el cálculo de los días y horas gobernadas, para obtener un dato comparable, ya que no es lo mismo haber gobernado dos años que doce. Pero lo que queda en evidencia, tanto con los números generales como al calcular el promedio diario o por hora, es que las malas decisiones tomadas a partir de la irrupción de la pandemia, que desarrollamos extensamente en la nota introductoria de este Antirrepresivo, dieron por tierra con los pocos primeros pasos en sentido inverso que se tomaron entre diciembre de 2019 y marzo de 2020. Como surge del gráfico de modalidades en los dos años de gestión actual, la cantidad abismal de muertes en lugares de detención ocurridas en ese lapso, casi el 70% sobre el total de 981 muertes a manos estatales, hacen palidecer el leve descenso de fusilamientos de gatillo fácil por fuerzas federales que detectábamos el año pasado, a partir del cambio de actitud que implicó la derogación de los Protocolos Bullrich.
Así, el escenario ha empeorado enormemente en materia de muertes bajo custodia, y aun sin la explícita promoción desde la Casa Rosada del gatillo fácil, se mantienen con muy pocos cambios las restantes modalidades, en especial los fusilamientos. El notable incremento de muertes en lugares de detención es consecuencia directa de las decisiones políticas tomadas por los gobiernos nacional y provinciales frente a la crítica situación carcelaria durante la pandemia, así como de la promoción de facultades para detener personas arbitrariamente.
Aun sin haber terminado el año, y sin contar con la información oficial completa de muertes en unidades penitenciarias federales y provinciales y comisarías, que se publicará en el curso del año que viene, registramos 273 muertes bajo custodia en 2021, de las cuales 53 ocurrieron en comisarías, y 220 en cárceles. La subsistencia del gatillo fácil, a su vez, es directamente atribuible a la ampliación de facultades que, a contrapelo de aquellas decisiones anteriores al 20 de marzo de 2021, se dio a las fuerzas federales, provinciales y de la ciudad con la excusa de la emergencia sanitaria.
REPRESIÓN A LA PROTESTA
El año pasado señalábamos que, aunque no habían faltado represiones a situaciones de protesta y conflicto social, con multiplicidad de detenciones y de personas heridas, no se habían producido muertes en esas circunstancias. El asesinato de Elías Garay en el territorio Mapuche de Cuesta del Ternero, Río Negro, que sólo fue posible porque el estrecho cerco de la policía provincial dejó ingresar y luego permitió la retirada de los particulares que le dispararon, constituye la primera muerte en el marco de un conflicto social, bajo la modalidad de la tercerización de la represión. Todos estos datos de la realidad ratifican la pertinencia y utilidad de las medidas que promovemos como parte de la Agenda Antirrepresiva urgente, que permitirían mejorar sensiblemente la protección de la vida y la integridad física de las personas frente a la violencia descargada por el aparato represivo estatal.
Este año 2021, Elías Garay, comunero mapuche de Río Negro, se convirtió en el primer asesinado en la represión a un conflicto social en esta gestión, bajo la modalidad de la tercerización, sólo que en lugar de ser una patota de la burocracia sindical, como la que mató a Mariano Ferreyra, esta vez fueron sicarios vinculados a la empresa de (de)forestación que pretende las tierras ancestrales del pueblo Mapuche.
Los datos registrados, con una acumulación de 26 años, permiten extrapolar tendencias y sacar algunas conclusiones. Las que nosotros sistematizamos y exponemos se basan estrictamente en la información recogida, que nunca ha podido ser desmentida ni puesta en duda por ninguno de los sucesivos gobiernos a los que señalamos como responsables de las políticas que llevan a la represión en su respectiva etapa. Pero debe quedar claro que el trabajo de compilar el Archivo y las conclusiones que sacamos de estos fríos números son parte de la lucha organizada contra la represión que nos determina como militantes. Por ello, no esperen encontrar un trabajo aséptico, desligado de convicciones y principios. La contundencia de los datos sólo confirma, año a año, la necesidad de profundizar, en todo el país, la aplicación práctica de nuestra consigna fundacional: Contra la represión, organización y lucha.