«Supimos que uno de los detenidos por el ataque al despacho de Cristina Fernández era beneficiario de Potenciar Trabajo desde noviembre de 2018. Ya lo dimos de baja. La sociedad argentina los ayuda para que puedan trabajar, no para que atenten contra la vicepresidenta». Con eso quedaba condenado a la culpabilidad sin ser juzgado: migrante, terrorista, marihuanero y vividor de planes sociales gracias a la «generosidad argentina». A Jaru ya lo condenaron, así como están condenando a Oscar Santillán por protestar ese día o como condenan a César Follonier en Paraná por manifestarse pintando contra el FMI y por la libertad de Facundo Molares». Fragmentos salientes del pronunciamiento de la Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados de la UTEP en defensa de Jaru Alexander Rodríguez Carrero, migrante venezolano que se encuentra detenido tras las manifestaciones en el Congreso contra la aprobación del acuerdo con el FMI del pasado jueves. Contacto: 11 2252 7205 – 11 3443 8004/ correo electrónico: secretariamigrantectep@gmail.com
1) LA PROTESTA Y SU CRIMINALIZACIÓN:
Existen diversas formas de protesta contra el acuerdo del Estado argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la legitimación de una deuda tomada por el macrismo que en nada impactó en el bienestar del pueblo. Una forma fue la rueda de prensa efectuada el miércoles 9 de marzo por parte de las organizaciones que hacen vida en el Frente Patria Grande (FPG), el cual se encuentra dentro del Frente de Todos (FdT). Esa rueda de prensa fue una posición política ante el debate que se iba a desarrollar en el Congreso por el acuerdo de deuda con el FMI. Allí se dejó claro que lxs diputadxs del FPG no iban a acompañar el pacto de la clase política a espaldas del pueblo que sigue empobrecido, sin tierra, sin techo, sin trabajo, que, con el pacto, queda atado a un violento ajuste económico, pues debe pagar la deuda que el macrismo ilegalmente adquirió.
La otra forma de protesta fue la escenificada en las inmediaciones del Congreso de la Nación el día jueves 10 de marzo por parte de diversas organizaciones políticas y sociales de un sector de la izquierda argentina. En el Congreso se debatía, desde las 14 horas, el acuerdo del gobierno nacional con el FMI para refinanciar la deuda. Era la legalización de una deuda contraída ilegalmente. Los medios de comunicación comenzaron a vandalizar la protesta, que en todo momento fue pacífica.
Pasadas las 15 horas la policía llega al lugar, ya el grueso de la marcha se estaba retirando por Av. Rivadavia y por Av. Hipólito Yrigoyen. La policía no sólo fue contra lxs pocos que lanzaron piedras sino que reprimió a lxs manifestantes que ya se habían ido, fueron perseguidxs y acosadxs. Mientras que en la sesión del Congreso, el diputado José Luis Espert llamaba a lxs manifestantes vándalos, violentos y asesinos, criminalizando así la manifestación popular de ese día.
Conociendo el accionar violento de la policía muchxs manifestantes debieron protegerse y proteger a las familias que trataban de encontrar refugio de la represión policial. Para los medios de comunicación y para la clase política que pactaba en el Congreso la manifestación era violenta, criminal y asesina, esto último se verifico al día siguiente cuando la Vicepresidenta de la Nación muestra un vídeo de la agresión a su oficina en el Congreso. Ya la mesa estaba servida, el que no esté de acuerdo con las decisiones del Estado es su enemigo.
Para nosotrxs ambas formas de protesta son validas y legitimas. Vemos más violencia cuando se acuerda de espaldas al pueblo, cuando se legaliza una deuda contraída ilegalmente, cuando nuestras familias van quedando sumidas en la pobreza, cuando cada vez más hay deserción escolar, cuando no hay trabajo digno ni acceso a la vivienda… lo que se pacto el 10 de marzo es más violento y más criminal para el pueblo que los vidrios que fueron rotos en el Congreso.
2) DISCIPLINAR A LA SOCIEDAD:
Una manera de disciplinar a la sociedad es hacerle ver quien tiene el poder. El poder se demuestra, se ejerce. Para la clase política no podía quedar impune las acciones del 10 de marzo. Así, se emprendió una cacería contra las organizaciones que participaron y sus militantes. Los medios ya habían realizado su trabajo, la matriz de opinión estaba lista, cualquier acción de las fuerzas de seguridad contra la militancia iba a ser acompañada favorablemente por la opinión pública en las redes sociales.
El lunes 14 de marzo en horas de la noche, casi madrugada del 15, nos enteramos que es allanada una sede del Movimiento Teresa Rodríguez y una vivienda en Acasuso, Provincia de Buenos Aires. El martes 15 los medios de comunicación anuncian rimbombantemente que fue apresado uno de los sospechosos del ataque a la oficina de la Vicepresidenta, pero hicieron un curioso hincapié en sus títulos: es venezolano. Su nombre es Jaru Alexander Rodríguez Carrero. Ahora su nombre e imagen inundan los medios y redes sociales como arquitecto de un plan macabro. Su figura es mostrada con una cantidad de imágenes descontextualizadas, entre ellas plantas de marihuana. La sospecha ahora era más grande: «terrorista de izquierda», migrante y marihuanero.
Como si fuese poco, a todo esto se sumó el tweet de Juan Zabaleta, Ministro de Desarrollo Social (MDS) de la Nación, que subió el 16 de marzo a las 16:14 horas lo siguiente:
«Supimos que uno de los detenidos por el ataque al despacho de Cristina Fernández era beneficiario de Potenciar Trabajo desde noviembre de 2018. Ya lo dimos de baja. La sociedad argentina los ayuda para que puedan trabajar, no para que atenten contra la vicepresidenta». Con eso quedaba condenado a la culpabilidad sin ser juzgado: migrante, terrorista, marihuanero y vividor de planes sociales gracias a la «generosidad argentina». A Jaru ya lo condenaron, así como están condenando a Oscar Santillán por protestar ese día o como condenan a César Follonier en Paraná por manifestarse pintando contra el FMI y por la libertad de Facundo Molares.
El poder fue ejercido con todas las armas a su favor. Es Jaru contra un Estado y una sociedad odiadora de pobres y puntualmente, de migrantes pobres no blancos europeos.
3) ¿QUIÉN ES JARU?
Jaru Alexander es un migrante venezolano de 29 años de edad, vivió en La Candelaria, Caracas junto a su familia. Reside desde el 2015 en la Argentina, con DNI permanente. Es estudiante de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Nunca antes tuvo un problema legal ni antecedentes penales en Argentina ni en su país de origen.
Jaru es un trabajador de la economía popular que siempre ha estado comprometido con las causas sociales. Durante la pandemia participó territorialmente en diversos comedores populares y trabajó en «qué comes cuando comes», desarrollando una labor agroecológica y dando la discusión acerca de la soberanía alimentaria que tan necesaria es para nuestros pueblos.
En Venezuela no estaba organizado en ninguna agrupación política, sin embargo, simpatizaba abiertamente con el movimiento bolivariano y chavista, así nos lo hacen saber sus amigos y familiares. En Argentina se sintió atraído por la militancia en la Facultad, en esos espacios universitarios conoce a compañerxs argentinxs y migrantes que le acercan a conocer y participar en la Secretaría de Trabajadorxs Migrantes y Refugiadxs – UTEP / Movimiento Popular NuestrAmérica. Luego comienza a colaborar con la Coordinadora de Unidad Barrial Movimiento Teresa Rodríguez (CUBa – MTR) en comedores y ollas populares, espacios algo más cercanos a su residencia. Jaru es un militante socio-comunitario, que compartía su tiempo militando, con sus estudios y trabajando de delivery.
El día de la manifestación a Jaru lo invitan, desde el MTR, a movilizarse. Él estuvo allí, pero no es como dicen los medios de comunicación que para culpabilizarlo difunden imágenes sin explicación. En la foto dónde aparece volteando un contenedor de basura, era para proteger a lxs compañerxs que huían de la represión.
A Jaru lo detienen luego de 5 días pasados los hechos y, previamente a su detención, la policía, sin identificación, lo estuvo siguiendo y acosando durante toda la tarde mientras el trabajaba con su auto. Si bien estuvo en la concentración en contra del FMI, no hay pruebas que determinen que el haya sido uno de los agresores al despacho de la vicepresidenta.
A Jaru lo han tenido incomunicado en la Comisaría 8 en Villa Lugano, ha sido sometido a la humillación pública, ha sido acusado sin la presunción de inocencia, han inventado viajes militantes cuando Jaru ha salido con su novia argentina a fuerza de ahorros y como mochileros. A Jaru, y a todxs lxs detenidxs por los hechos del Congreso, los imputan de causar disturbios, de ser parte de asociación ilícita y de premeditación de agresión a la vicepresidenta. La fiscalía pidió prisión preventiva y que la causa pase a a la justicia federal. Mientras tanto su madre Desxi Carrero se encuentra en Caracas desesperada sin poder ver a su hijo y sin saber nada de él. Jaru no tiene familia en la Argentina, pero tiene muchxs compañerxs que creemos en él.
4) NUESTRA POSICIÓN:
Desde la Secretaría de Trabajadorxs Migrantes y Refugiadxs – UTEP / Movimiento Popular NuestrAmérica denuncia y exige la libertad de nuestro compañero migrante Jaru Alexander. Denunciamos la criminalización a la protesta por parte del Estado argentino. Llamamos a la solidaridad y a un posicionamiento de las organizaciones sociales que hacen vida en el Frente Patria Grande.
Repudiamos los dichos xenófobos y discriminatorios de Juan Zabaleta. Asignar un derecho o no, en función de una posición política o una nacionalidad, es discriminatorio, antidemocrático y autoritario. Castigar la protesta social desde el poder ejecutivo para disciplinar a la sociedad, va en contra del proceso de organización popular necesario para que el país y para que la región salga adelante ante las opresiones imperialistas. Quienes llevan adelante este tipo de discursos no tienen nada que ofrecerle al movimiento popular.
Por ello creemos que no es un caso aislado ni azaroso, sino que hubo una premeditación y una investigación previa para llevar adelante su arresto, en un acto político con fines de criminalizar la protesta social.
Jaru puede ser cualquiera de nosotrxs. Libertad para Jaru y demás compañerxs detenidxs.
Contacto: 11 2252 7205 – 11 3443 8004/ correo electrónico: secretariamigrantectep@gmail.com
REPUDIO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
LIBERTAD AL COMPAÑERO JARU ALEXANDER
BASTA DE PERSEGUIR A LA MILITANCIA
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