La última vez que fue a la cárcel visitar a Patricio, su pareja, estaba embarazada. Hacía calor y les habían dado una mesa al rayo del sol para ese encuentro. Patricio la saludó y luego se acercó a uno de los guardias a pedir que los dejaran sentarse en un lugar que tuviera sombra. Allí se desató una discusión y se sumaron otros guardias, que comenzaron a pegarle y se lo llevaron. Al rato volvieron y le avisaron a la joven que Patricio estaba muerto. La versión de los guardias era que había salido corriendo, esposado, y se había reventado la cabeza contra las rejas.

Sin embargo, la autopsia reveló que Patricio Barros Cisneros, que estaba detenido en la Unidad 46 de San Martín, había recibido una brutal paliza que le causó la muerte. Tenía treinta golpes en el cráneo y la cara, con hundimiento del globo ocular izquierdo y varias de lesiones en brazos y piernas.

La muerte de Barros Cisneros es apenas uno de tantos casos que muestran una dura realidad que se padece al interior de las cárceles de la Argentina. Un relevamiento realizado por LA NACION a partir de información provista por la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), detectó que en las prisiones que están bajo la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense, se produjeron 625 muertes entre 2009 y 2013, de las cuales el 33,8 % fueron violentas.

En tanto, en las prisiones que dependen del Servicio Penitenciario Federal murieron 219 detenidos en los últimos cinco años. Del total de decesos, 45,2 % fueron de carácter violento.

Son consideradas muertes violentas, según explica la PPN, “aquellas que resultan consecuencia de un homicidio, suicidio, accidente, o la causa que lo ha provocado resulta dudosa de determinar, pero siempre traumática”.

En cambio, se clasifica como muertes no violentas a las que se producen “por enfermedad, son súbitas, o cuya causa aún resulta dudoso determinar, pero siempre no traumática”.

El homicidio de Barros Cisneros ocurrió el 28 de enero de 2012 y por el caso fueron imputados ocho agentes penitenciarios, cuatro de los cuales se dieron a la fuga, dos fueron recapturados, uno se entregó y otro sigue prófugo. Los otros tres fueron detenidos, pero uno se suicidó en su celda. En abril comienza el juicio.

“Cuando mi cuñada me contó que mi hermano estaba muerto, pensé que había sido asesinado por otro preso. Nunca me imaginé que los que se supone que tenían que cuidarlo pudieran matarlo así”, cuenta LA NACION Lorena, hermana de Barros Cisneros.

“Si no fuera por todo el esfuerzo que hicimos nosotros y por el apoyo del Cels, nunca se hubiera llegado a esta instancia de juicio. Quiero creer que vamos a tener una buena respuesta de la justicia. No quiero ni pensar qué puede pasar. Porque si no todo el esfuerzo se iría a la basura”, sostiene Lorena.

Las diez cárceles con más muertes violentas entre 2009 y 2013 se ubican casi todas en Buenos Aires, salvo la Unidad 6, que está en Rawson. Esta última es la que tiene la proporción de muertes violentas más alta en el período (9 sobre 12).

Las causas

A partir del relevamiento de datos realizado por LA NACION, se detectó que en las cárceles federales, dentro de las muertes informadas, la primera causa de mortalidad son las enfermedades (60% de las muertes informadas) y especialmente el Sida, que representa el 34% de las muertes por enfermedad. Las otras causas más mencionadas son las muertes por homicidios, peleas o heridas (19%) y los suicidios (15%). En el 58% de los casos relevados, se desconoce la causa exacta de muerte.

“La principal práctica penitenciaria que regularmente ha influido en la producción de muertes violentas en el sistema penitenciario nacional durante 2013 es la falta de intervención oportuna ante reclamos de diversa entidad”, explica un informe de la Procuración Penitenciaria. “Al no ser canalizados por las vías administrativas establecidas – principalmente la solicitud de audiencia personal con las diversas áreas y profesionales del establecimiento, mediadas por los agentes de seguridad- los detenidos avanzan hacia medidas extremas de reclamo, que pueden incluir autoagresiones como cortes, ahorcamiento o generación de incendios”, indican.

“El vínculo existente entre el uso abusivo, desmedido e irracional de la prisión preventiva y la producción de fallecimientos en prisión resulta evidente”, sostiene el informe de la Procuración. Tal como indicó LA NACION en una publicación anterior , en la Argentina la mitad de las personas alojadas en las cárceles son presos preventivos.

Irregularidades en el registro de muertes

Según el último informe de la PPN, la administración penitenciaria sólo les ha informado de manera “formal y oportuna el 25%” de las muertes ocurridas en el último lustro. “Prácticamente una de cada cuatro muertes es informada a través de otros presos o sus familiares”, sostiene el organismo.

El relevamiento de LA NACION, a partir de información provista por la Procuración, determinó que de 219 muertes que se produjeron en las cárceles del SPF en los últimos cinco años, 51% no fueron comunicadas por el propio servicio sino por otro preso, familiares o incluso en algunos casos, por los medios de comunicación.
Esta situación aumentó en los últimos años. Mientras que en 2009, el 21% de las muertes en las cárceles federales no fueron comunicadas por el servicio, en 2013 el 60% de las muertes en prisión no fueron informadas por el SPF sino por familiares u otros presos.

“En muchas oportunidades, desde los servicios penitenciarios se niega la gravedad de los hechos que se denuncian o bien no se construye información cierta sobre las muertes en custodia”, señalan a su vez desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el informe sobre Derechos Humanos de 2013, en el que denuncian “deficiencias e inconsistencias” en los sistemas de registro de muertes ocurridas en el contexto de encierro.

Por otra parte, las muertes en el ámbito carcelario no siempre son investigadas por la justicia. El informe de la PPN determina que al menos en el 33% de las muertes registradas en el período 2009-2013, y el 27% de los casos de 2013, “la administración de la justicia penal ha decidido no iniciar investigación alguna”.

El informe anual del CELS (2013) sostiene que “ni la administración penitenciaria ni la burocracia judicial se sienten interpeladas a investigar todos los fallecimientos en prisión. Sólo se limitan a trabajar (con fuerte resistencia y deficiencia) los casos de muertes traumáticas o violentas, aunque difícilmente avanzan mientras se sostiene la versión oficial de los hechos”.

Además aclaran que “los casos de muertes por falta de atención médica y enfermedades se toman como muertes naturales y se desconoce la obligación de investigar si el Estado actuó de acuerdo con su deber de cuidado”

En una publicación de la PPN, Ramiro Gual, Coordinador del equipo de Investigación y documentación de fallecimientos en prisión sostiene: “Desde ya, no es posible pensar una muerte en contexto de encierro sin una responsabilidad del Estado, porque él es quien ha decidido, por un acto político, privar de la libertad a una persona”..