(Por Laura Ginsberg y Pablo Gitter/Apemia) Al cumplirse 28 años del atentado a la AMIA y frente a un país sumergido en una de sus peores crisis, el gobierno nacional no puede mostrar noticias de último momento o alentar esperanzas en la búsqueda de Justicia como lo hacía en el pasado. Después de años de fabricar acusaciones y pruebas para vender la historia oficial de un esclarecimiento, oficialistas y opositores borran cualquier grieta que pueda separarlos y siguen ocultando la responsabilidad del Estado nacional y sus estructuras en este crimen de Estado que nos recuerda las peores prácticas terroristas de la dictadura.

El Poder Ejecutivo negó tener archivos secretos hasta 2015. Después “desclasificó” un fondo documental muy importante que no termina de entregar y que tampoco incluye los archivos más sensibles. Éstos siguen cerrados con siete llaves. Resulta evidente que al Poder Ejecutivo no le interesa terminar con los sótanos de la democracia como prometió.

La Fiscalía ya no sabe cómo hacer para que estas pruebas encajen en su raquítica acusación contra terceros países. Llegaron a afirmar que la conexión local de responsables sería la de algún familiar de los acusados que vivía en el país y no de las estructuras del Estado nacional.

Si los documentos oficiales desmienten y no se ajustan a sus viejas teorías, los descartan. Esconden los papeles, dificultan su entrega y análisis. Bajo responsabilidad del Procurador y su Secretaría contra el terrorismo, la Fiscalía se está vaciando de objeto y personal para transformarse en un “observatorio” de los movimientos migratorios de los iraníes, al servicio del Mossad y el FBI. Hasta los jueces reconocen que el proceso judicial está en crisis. Las pocas novedades que hay vienen de nuestro aporte.

Meses atrás, evitamos que el Fiscal sobreseyera a los integrantes de la “conexión local”. Una provocación armada con el visto bueno de AMIA y DAIA -que hasta hoy los apoyan- y que la entonces jueza Capuchetti paró, ordenando que antes de sobreseer a nadie entregaran las pruebas. Pocos días después renunció…su pedido cayó en saco roto.

Ahora, el juez Rafecas dio otro paso. Le ordenó a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia que, además de proveer escaners y entregarnos la documentación de la exSide, la analicen sin mirar “la realidad sesgada de la información existente” limitada a la acusación contra Irán o Líbano, dejando “fuera del expediente un sinnúmero de información que se descarta sin control de las partes”, cuando al Fiscal no le sirve porque cuestiona los fundamentos de su acusación sin sustento.

“Es una obligación del Estado asegurar a las querellas el ejercicio de sus garantías constitucionales…y así, el reconocimiento del derecho a la verdad”. Hace años hacemos lo posible para que esta declaración sea realidad, aunque el Poder Judicial poco ayuda.

La verdad histórica y el relato oficial son antagónicos. Los documentos del Estado desmienten su acusación, la muestran sin sentido y hasta la menosprecian. La negativa Fiscal a reconocerlo y encarar una investigación objetiva es terminal. El proceso judicial está agotado.

Sea por el secreto que impone el Ejecutivo a la documentación o porque los fiscales prefieren ignorarla, el Estado resguarda a sus propios servicios de Inteligencia y no investiga su participación en el crimen.

El Presidente elige respaldarse en las cloacas de los “sótanos”. Nada puede ser más perturbador. Interesados en un futuro con Memoria, Verdad y Justicia, impulsamos una investigación independiente junto a figuras representativas de los derechos humanos, académicos y organizaciones sociales y políticas. Después de 28 años de un esfuerzo implacable del Estado para no esclarecer su responsabilidad en el ataque a su población, este aniversario interpela nuestro presente y la crisis.

Laura Ginsberg y Pablo Gitter integran la Asociación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA)

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