Desde los espacios militantes antirrepresivos que venimos acompañando la lucha por la libertad de Oscar Vega, un joven trabajador de La Matanza injustamente detenido en diciembre de 2020 por el homicidio del colectivero Pablo Flores, ocurrido en Virrey del Pino en octubre de 2020, llamamos a acompañar la última audiencia del juicio, donde el armado de la Policía Bonaerense y la justicia pretenden condenar a perpetua a Oscar. Luego de haber conocido las circunstancias del juicio oral en dos audiencias realizadas los días 6 y 7 de septiembre, cuyo acceso no permitió plenamente el Tribunal Oral 5 de La Matanza como correspondería a un debate oral y público, seguimos denunciando que esta es una causa armada por el aparato policial y judicial de clase para descargar el código penal sobre los pobres y los laburantes.
Desde el inicio hemos dicho que el hecho que se juzga es gravísimo, el homicidio a sangre fría de un trabajador del transporte, por el cual manifestaron en el juicio oral sus compañeros colectiveros organizados. Pero entendemos que no se puede pretender involucrar a cualquier persona para que ese crimen no quede impune, porque ello sería avalar el accionar corrupto de la policía, especialmente la oscura área de Investigaciones, y de los fiscales que convalidan sin más todo lo actuado por la fuerza represiva en la invención de responsables penales a partir del «engarronamiento» de personas inocentes, lo que popularmente se denomina «perejiles». Oscar es un trabajador que se dedicaba al reparto de embutidos, y en la causa consta el testimonio de su patrón, quien manifestó el mejor concepto de Oscar y dijo que trabajó cumpliendo todos los días hasta que quedó detenido.
LA CAUSA ARMADA
Los hechos de la causa de Oscar son claros: el 1 de octubre de 2020 cerca de las 21:45 el chofer de la línea 218, Pablo Roberto Flores, de 36 años, fue asesinado arriba del colectivo de dos tiros, en un hecho ocurrido en las calles Río Orinoco y Fernández, a la altura de la rotonda del barrio San Javier, de Virrey del Pino, en La Matanza. Esa noche, Flores reemplazaba a un compañero a bordo del interno 75 de la línea 218 de la empresa Almafuerte, cuando, según testigos, dos hombres pararon el colectivo, se acercaron por el lado izquierdo de la unidad a la ventanilla del conductor y efectuaron varios disparos, tres de los cuales dieron en la cabeza del chofer, que murió en el acto. La Policía y la Fiscalía apuntaron la investigación hacia tres personas: Néstor Marone, su hijo Adrián Marone y Oscar Vega. Así imputaron a Oscar sin poder explicar ni mostrar ninguna prueba concreta en su contra. Solamente tienen una campera plantada y un supuesto testimonio de un vecino (nunca identificado) que dijo que el apodo de Oscar era “Boli” y que también era dueño de un Peugeot 504, un vehículo similar pero de modelo distinto al que se habría usado en el crimen. Oscar y su familia aclararon desde el primer momento que jamás lo apodaron el “Boli». Y respecto al auto, fue el propio Oscar quien informó a la justicia que el auto suyo era de otro modelo y que lo había vendido antes de la comisión del homicidio. Además le pasó a la policía los datos del comprador, y les dijo que al momento del hecho él estaba jugando al fútbol con un grupo de amigos que le podían salir de testigos. En el allanamiento a su casa no encontraron nada comprometedor, por lo cual le plantaron una campera de River que habría sido usada por uno de los autores del crimen, cuando Oscar y toda su familia son hinchas de Boca Juniors. Desde diciembre de 2020 Oscar está preso injustamente, acusado en una causa muy pesada, con la carátula de homicidio calificado por uso de arma en concurso premeditado, cometido con alevosía, y por tenencia ilegal de arma de fuego.
EL JUICIO
Las testimoniales de los policías en el debate oral no dejaron dudas de que el armado de la hipótesis de la instrucción fue completamente arbitrario y sustentado en supuestos testigos que luego no estuvieron presentes en el debate para ratificar lo que habían dicho antes. Las actuaciones más importantes fueron hechas por el policía Javier Oscar Gómez, quien tras no tener cámaras ni testigos del hecho dijo que fue a Virrey del Pino y supuestamente se entrevistó con una supuesta vecina, una señora mayor, que le habría dicho que en el hecho participaron dos personas que serían los Marone, que eran padre e hijo, y un tercero al que apodaban «Boli». Otra vez, supuestamente a partir de ello realizaron tareas de inteligencia desde la DDI Morón (los policías las denominaron «tareas de campo») y de esos relevamientos surgieron 3 domicilios: los de los Marone, que tenían antecedentes penales, y el de Vega. Sin inmutarse los policías instructores dijeron ante el tribunal que «La femenina que habló, después no quiso presentarse a declarar» y que «se negó a dar los datos, nos mandaron a buscarla y fuimos. Pero no la encontramos». Uno de ellos dijo no recordar el apodo que les había mencionado la mujer, y que para confirmarlo oralmente en el juicio el dato le fue señalado irregularmente por el fiscal del juicio Alfredo Luppino.
Realizados los allanamientos a los domicilios dudosamente señalados, la justicia tiene solo un arma que no se puede determinar pericialmente si fue la que se usó para matar al colectivero, un auto distinto al señalado en el hecho y secuestrado a una persona distinta al imputado, y una campera señalada por un testigo también ausente y plantada en el allanamiento para intentar hacer coincidir los datos. En síntesis la acusación está construida en dichos de testigos que no pudieron ratificar su declaración en el juicio.
Oscar Vega declaró en el juicio por videoconferencia desde la Unidad 43 de González Catán y dijo que «Siempre me pregunto por qué me llevaron a mí. A mi dicen conocerme, dicen que mi apodo es «Boli», yo no tengo apodos y si me conocieran hubieran dicho Oscar. El Peugeot 504 lo compré barato, lo arreglé y luego lo vendí. Lo compré el 13 de septiembre y lo vendí el 27 de septiembre para festejarle el cumpleaños a mis hijas, que era el sábado 3 de octubre. Era modelo 89, con faroles «cola de pato», que es como un círculo, es anterior a otro modelo que le dicen «cola china», que tiene las luces finitas. La persona a la que se lo secuestraron no es la misma persona a la que se lo vendí. Mi vida es una pesadilla desde que me detuvieron. Al momento del hecho yo no tenía ni auto, andaba en remis para hacer mi trabajo de reparto. Dicen que el día del hecho yo tenía una campera de River, que supuestamente secuestraron en mi casa. Pero toda mi familia y yo somos fanáticos de Boca. Ese día estuve trabajando y después me invitaron a jugar a la pelota. Dos amigos fueron a alquilar la cancha para las 9 y arrancamos 9:15. Jugamos una hora y media. Terminamos de jugar, compramos gaseosa y nos fuimos cada uno a su casa, pero por el mismo camino, ya que q vivimos todos cerca».
Pese a las contradicciones que quedaron en evidencia sobre la identificación de los imputados en la causa, y pese a no tener determinado el móvil del crimen -es decir, por qué mataron a Flores-, el fiscal Luppino pidió prisión perpetua para Oscar Vega, por sindicarlo como coautor de homicidio agravado y planificador del hecho, y solicitó 18 años de condena para Néstor Marone como partícipe secundario, mientras que a su hijo Adrián desistió de acusarlo. Según Luppino el ataque fue una «emboscada» al colectivero, con el detalle de que se sospecha pero no se ha probado que era un desquite dirigido a otro chofer enemistado con los Marone que había cambiado el turno con Flores. Luppino intentó argumentar que Oscar reclutó a un grupo para ejecutar el hecho, condujo el auto Peugeot 504 blanco usado en el ataque, esperó al colectivero, produjo los disparos y luego de la huída le devolvió el arma a los Marone, la que fue secuestrada en poder de esa familia. En base a qué pruebas el fiscal elabora semejante novela para pretender no dejar impune el crimen de Pablo Flores, se desconoce. Además intentó desacreditar a los testigos de la defensa, amigos de Oscar que certificaron que al momento del crimen estaban con él jugando al fútbol. En el colmo de la orfandad acusatoria el fiscal tuvo que reconocer textualmente que «el hecho que ejecutó Vega tenía un móvil que la fiscalía no pudo determinar».
El perfil punitivista y anti-Derechos Humanos de Luppino es bien conocido. En 2012 asumió la acusación del Estado en el juicio por el homicidio de Matías Bernhardt, un pibe de 18 años del barrio Santos Vega de La Matanza que fue asesinado por el ex policía federal Hernán Javier Biasotti en un caso de gatillo fácil ocurrido en febrero de 2007. Matías había ido de madrugada a comprar cerveza y al cruzar la calle casi fue atropellado por un auto donde escapaban unos ladrones, a los que perseguía Biasotti en su camioneta a tiro limpio junto a otros efectivos de la Comisaría 42a de Mataderos, todos fuera de servicio. El ex policía asesinó a Matías de un tiro en la nuca en un claro caso de gatillo fácil. En el juicio Luppino decidió no acusar al asesino, intentando una legítima defensa inexistente, y dijo que estaba “cansado de las políticas baratas de derechos humanos y del gobierno que las fomenta”. En el caso el asesino Biasotti fue absuelto y el homicidio de Matías quedó impune.
En el debate la querella de la viuda del colectivero asesinado pidió que los tres imputados sean condenados a prisión perpetua. Mientras el abogado de la hermana de la víctima pidió perpetua para Oscar Vega, 15 años para Marone padre y adhirió al pedido absolutorio de la fiscalía respecto a Marone hijo.
La defensa de Oscar, representada por el abogado Alejandro Bois, afirmó su inocencia y pidió que sea absuelto. Bois cuestionó la manera en que la Policía llegó hasta Oscar: con un testigo que dijo haber visto el auto blanco pero habló en sede policial, el cual «no vino acá a declarar acá y no se le pudo preguntar nada sobre o que pasó y sobre lo que declaró ese día». Además dijo que «la testigo principal desapareció mágicamente del lugar» en relación a la mujer que habría señalado a los Marone y a alguien apodado «Boli». Y agregó que sobre la campera de River que le atribuyen a Oscar para sindicarlo como autor de los disparos, los policías que declararon en el debate hablaron de prendas de color distinto. Finalmente sobre la precariedad de la pretensión de unir a Oscar con el hecho a través del auto sentenció que el Peugeot 504 blanco se secuestró en poder de otra persona y no de Oscar, que claramente «son vehículos diferentes» con el involucrado en el hecho y que «parece que mi defendido fuera dueño de todo los autos Peugeot 504 blancos de La Matanza». A este cuestionamiento de la instrucción de la causa y de la prueba ventilada en el debate se sumó la defensa de los Marone, que pidió la absolución de los dos imputados.
EL LUNES 12/9 VAMOS POR LA LIBERTAD DE OSCAR
Llegados a este punto y después de tanta lucha denunciando que ésta fue desde el inicio una causa armada, en la última audiencia en que se leerá el veredicto no podemos dejar que esta justicia corrupta y de clase convalide que la sentencia a Oscar estaba escrita de antemano. Y estamos convencidos de que sólo la lucha organizada de familiares y organizaciones populares logra desarmar las causas armadas, como pasó en los casos de Claudio Castro, Marcos Bazán, Agustín Torres y Jonathan Agüero.
La impunidad del accionar corrupto de la policía en los barrios más humildes, convalidado por fiscales y jueces, genera lo que llamamos causas armadas: investigaciones judiciales truchas inventadas por la policía con testigos falsos o dudosos, pruebas plantadas, operativos irregulares y una investigación judicial acorde a sus intereses. Así pasó con los casos de Ezequiel Bazán, Nahuel Montenegro, Emiliano Romano, Luis del Castillo y tantas otras pibas y pibes engarronados injustamente. Es un fenómeno tan extendido, que solo podemos conocer apenas un puñado de casos del total.
Que la Policía arma causas lo reconoce hasta el propio Ministerio Público Fiscal bonaerense en lo que ellos denominan «Registro de Violencia Institucional» (Ley 14.687) y que detalla más de 1.000 delitos contra la administración pública por año cometidos por integrantes de las fuerzas represivas en la provincia, entre abusos de autoridad, encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y otros.
Ante esta situación de impunidad hacemos un llamado a todas las organizacones del campo popular a acompañar la audiencia del lunes 12 de septiembre, convocada a las 15 horas en el tribunal de Marcón y Varela (San Justo) para dar lectura al veredicto del caso. Pedimos que el crimen del colectivero Flores no quede impune, pero que paguen los verdaderos responsables. Exigimos la absolución de Oscar Vega y el esclarecimiento real del hecho.
Libertad a Oscar Vega!!!
Basta de Causas Armadas!!!
Libre lo llevaron, libre lo queremos!!!
LUNES 12 DE SEPTIEMBRE – 14 HS – TRIBUNALES DE SAN JUSTO – TOC 5 (MARCÓN Y VARELA).