(Por Fernanda Giribone/APL) Bajo el nombre, “Plan de acción gubernativa en emergencia de la provincia de Jujuy”, el gobernador Carlos Sadir intenta aprobar de forma exprés un proyecto ajustador, que le otorga poderes especiales, para supuestamente paliar la “grave crisis económica” que atraviesa el país, y para poder compensar los recortes de fondos que enviaba Nación a la provincia y que con la Motosierra de Milei ya no llegan más. La medida propuesta prepara un ataque a las y los empleados estatales, y pretende implementar “políticas de austeridad” que casualmente solo recaerán sobre los hombros de las y los trabajadores. 

Se trata de una verdadera reforma laboral, que quita derechos y garantiza salarios de miseria para la planta estatal, lo que entra en sintonía con las políticas de ajuste del presidente Milei. El proyecto habilita a que a los trabajadores estatales se los cambie de función o se reasignen tareas; también congela los ascensos y recategorizaciones; se frenan los pases a planta permanente; se restringen nuevas contrataciones y se habilita la posibilidad de jubilar trabajadores compulsivamente. En materia salarial se recortan las horas extras, y sobre todo el gobierno se compromete a garantizar exclusivamente el pago del salario mínimo, vital y móvil (una suma que se encuentra muy por debajo de la canasta básica), con lo cual se garantizan salarios de hambre, y se pone un techo a futuros aumentos.

En conclusión se congelan los sueldos muy por debajo de lo que un trabajador necesita para vivir, mientras se impide que generen ingresos complementarios (como son las horas extras). A la par de este congelamiento de sueldos a la baja, se intensifican los ritmos de trabajo, porque se cortan las horas extras que ya hacían, pero también porque se reduce personal (al jubilar gente compulsivamente y no contratar nueva), lo que concluye en que se trabaje mucho más por menos sueldo (y posiblemente se trabaje en tareas que no se remuneran como tal o que no eran las anteriormente acordadas). Asimismo los traslados y cambios de tareas abren la posibilidad a que se den todo tipo de arbitrariedades.

Tras 8 años de Gobierno de Morales, de supuesto superavit con la producción de Litio y otras inversiones (como el Parque Solar y Cannava), su sucesor Sadir lanza esta medida que demuestra que la provincia en realidad no genera, ni nunca generó, fondos suficientes y que ahora el ajuste que pide Milei lo pagarán trabajadores y sectores populares directamente desde sus bolsillos.

Además del capítulo laboral, la ley pretende facultar al Ejecutivo para revisar o rescindir contratos y regímenes de promoción fiscal, y para renegociar de la deuda pública. El proyecto incluye también la declaración de la emergencia en materia ambiental, en transporte, sanitaria y en asistencia social, y aplicar modificaciones en este sentido.

Además, para garantizar su cumplimiento, el Ejecutivo Provincial extorsiona a Intendentes. En el artículo 15 se invita a los municipios a adherir a lo dispuesto y generar medidas similares en sus territorios, so pena de no recibir “ningún tipo de aporte del tesoro provincial” que pudieran financiar erogaciones no ajustadas a la “presente normativa”. Lo mismo que aplica el Ejecutivo Nacional contra las provincias.

El gobernador Sadir se utiliza como excusa los brutales recortes de Milei a las provincias en materia de coparticipación, educación y transporte, para lanzar esta ley y pedir superpoderes, sin embargo a la hora de gobernar el ejecutivo provincial propone el mismo camino de ajuste que el Gobierno Nacional: que la crisis la paguen los que menos tienen y no los grandes empresarios de Jujuy (como las multinacionales mineras, las tabacaleras y Ledesma). Gobierno provincial y gobierno nacional se achacan responsabilidades en este cruento ajuste fiscal que estamos viviendo, un objetivo a la medida del FMI, pero ambos cumplen sin chistar el mandato. Lo que muestran como pelea, es en realidad una simple negociación -entre el presidente y los gobernadores- de cara al pacto del 25 de mayo, y los acuerdos que quieren alcanzar antes de poner a funcionar la nueva versión de la Ley Ómnibus.