(APL) El 6 de mayo de 1990, un incendio intencional en el mayor penal de la provincia de Buenos Aires mató a 35 presos, ante la pasividad de los uniformados, todos jóvenes de conducta ejemplar que se desempeñaban en un plan piloto para “humanizar la cárcel”. Hace 30 años, los penales de la provincia de Buenos Aires ya tenían el doble de los presos que podían contener, y estos sobrevivían hambrientos y sin atención para el VIH, la tuberculosis o las neumonías. Creado en 1939 como modelo, el establecimiento tenía una denuncia ante la Corte Suprema bonaerense porque alojaba a 2.976 reclusos en un sitio para 1.000 y el 90% de ellos no tenía condena. Las realidad ha cambiado, para peor claro. Porque hoy las sitios de encierro del distrito tienen 50 mil privadxs de la libertad en hacinamiento y mugre mientras acomete el coronavirus.

En tanto la Corte Suprema «suspendió» la disposición de otorgar libertades y morigeraciones a detenidxs en condiciones obtener este derecho a la vida ante el avance de la covid-19. Y, por su parte, el gobernador Axel Kicillof, mintió que no tiene potestad para hacerlo, cuando el artículo 144 de la Constitución provincial lo faculta para decretar conmutaciones de penas.

Son numerosos los países del mundo que liberaron o dispusieron el arresto domiciliario de cientos de miles de enjaulados, tal como lo recomendó la OMS, la ONU y una multitud de organismos humanitarios. El Servicio Penitenciario Bonaerense tiene capacidad para 24.000 reclusos y la población allí encerrada se acerca a los 50 mil. Además, existen 4.000 presos en comisarías a cargo de la Policía de la provincia de Buenos Aires, donde la vida no vale nada: 7 presos fueron asesinados en Pergamino en 2017 y otros 10 corrieron la misma suerte en 2018, en Esteban Echeverría.

Las libertades y morigeraciones que hoy se niegan a determinar los funcionarios, quizá comporten el genocidio por el cual tendrán que rendir cuentas en un futuro, no tan lejano,  sino actúan a tiempo.