Cuando el secretario del Tribunal Oral Criminal 5 de Morón leyó el veredicto, en la pequeña sala del tercer piso, el silencio ocupó todo el espacio. El público esperaba la reacción de Luz Gómez y Diego Romero. Ellos no hicieron ningún gesto. “Recién entendí cuando mi abogada me dijo al oído: ‘Te absolvieron’. Y ahí me largué a llorar”, contó Luz después de conocer la sentencia. Hace casi tres años que la pareja de jujeños esperaba estas palabras. Desde diciembre de 2011 estaban acusados de matar a un colectivero en Castelar ese mismo año. En ese tiempo estuvieron presos por dos años por un crimen que no cometieron. La única prueba que los incriminaba era una mochila que ellos olvidaron en un remis y una rueda de reconocimiento irregular. Denunciaron que se trataba de una “causa armada” y que había habido fallas en la instrucción. Hoy, después de un juicio oral que se extendió durante cuatro audiencias, los magistrados confirmaron lo que sus familiares, amigos, militantes y organismos de derechos humanos sabían: eran inocentes.

“Todavía no caigo que fuimos absueltos. Ojalá todo esto que nos pasó quede como un lejano recuerdo. Ahora tenemos que retomar nuestras vidas con todo lo que quedó en pausa por esta causa”, dijo Luz a Infojus Noticias cuando salió. La resolución de hoy es un punto de inflexión en estos tres años para Luz, Diego y sus hijas: Zaira y Lucía. Todo lo que se puso en pausa para esta familia ahora comenzará a marchar. Luz retomará sus estudios. Quiere ser abogada y para eso está yendo a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. También podrán dedicarse a trabajar en la panadería que improvisaron en su casa en Monte Grande. No tendrán que ir hasta Morón para pedir permiso para viajar a su Jujuy natal. Tampoco para sacar una mesa en la puerta de la casa y vender los panificados que hacían con su novio mientras cumplían prisión domicilia. La fiscalía se las había negado. “A la gente de los sectores más humildes es la que les pasa estas cosas”, reflexionó Luz.

La audiencia fue breve. Estaba pautada para las 11 y terminó a los pocos minutos. “Por no haber probado la acusación su responsabilidad penal en los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, portación de arma de guerra y homicidio criminis causa”, explicó el secretario sobre la absolución. Cuando Luz reaccionó y abrazó a su compañero, la sala estalló en un aplauso. Cerca de ellos estaba la abogada Gabriela “Chiqui” Conder, ayudante de su defensor, Eduardo “Negro” Soares, que llegó un poco más tarde. El fiscal Marcelo Varona Quinternosian no estuvo. La semana pasada había pedido la pena máxima, los magistrados le contestaron con el fallo que no pudo probar la acusación. Los jueces Susana Leticia De Carlo, Carlos Enrique Thompson y Angélica Parera se fueron rápido.

“¿Por qué nos hicieron esto? ¿Por qué tuvimos que pasar por todo esto?”, se preguntó Amalia Ortega, la mamá de Luz, entre llantos. Fueron casi tres años de recorrer organismos de derechos humanos contando el caso de su hija. Nora Cortiñas estaba en primera fila, como en cada una de las jornadas del debate oral. También los acompañó Pablo Pimentel, titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza (APDH). Afuera de los Tribunales los esperaba un grupo numeroso de militantes de derechos humanos. También sus familiares. Cuando Luz y Diego bajaron, los recibieron con otro aplauso.

Ahora resta aguardar si el fiscal apela la decisión de los jueces. “Estamos esperando que el fiscal apele o no. Después de eso, evaluarán si piden un resarcimiento económico contra el Estado provincial. Pero eso ya corre por la vía civil”, explicó Soares a Infojus Noticias. “De todos modos no hay dinero que pague todo el dolor que vivimos”, opinó Luz.

“Una causa mal investigada”

“Quedó demostrado que fue una causa en la que trabajaron e investigaron mal: violaron normas procesales y contaminaron la prueba. Podría haberse resuelto de otra manera. En el expediente están los autores del hecho”, opinó el abogado de la pareja. Además del fallo absolutorio, el Tribunal comunicó que no hizo lugar a los pedidos de nulidades que había reclamado Soares. Estas objeciones estaban vinculadas a serias gravedades de la causa. Los policías bonaerenses que intervinieron el 1 de octubre de 2011 y el fiscal Matías Rapazzo que llevó delante de instrucción y pidió la elevación a juicio son el foco de estas irregularidades.

Según se desprende de los testimonios del debate oral de vecinos que estuvieron en el lugar, la prueba fue manipulada. Ezequiel Mansilla colaboró como testigo con la Policía Científica el día del crimen. Acompañó todo el procedimiento de recolección de huellas dactilares, muestras de sangre y objetos. Uno de estos elementos fue un arma que los agentes encontraron dentro de la mochila donde también estaba el certificado de vacunas de la hija de la pareja de jujeños. Consultado sobre si manipuló esos objetos, Mansilla contestó que sí. “Tuve el arma en mis manos y no tenía guantes. Le avisé a la policía que tenía miedo por eso y me dijo que no pasaba nada”, declaró. Por eso, Soares había reclamado la nulidad de las actas de incautamiento de la mochila y el levantamiento de evidencia

Otro de los puntos cuestionados por la defensa fue la rueda de reconocimiento en la que señalaron a Luz y a Diego. “Antes de la rueda, a mí me cortaron el pelo en una celda con una maquinita”, declaró Diego entre sollozos ante los jueces. El joven tenía en ese entonces el cabello largo. El identikit del supuesto asesino mostraba un hombre con barba candado y pelo corto.

El debate oral comenzó hace dos semanas. Durante las tres primeras audiencias y las declaraciones de una veintena de testigos quedó demostrado cómo ellos olvidaron la mochila después de hacer una compra en un supermercado. También pudieron explicar lo que estaban haciendo el día del crimen, el 1 de octubre de 2011. Hay testigos y boletas de tarjetas de crédito que dan cuenta que ni Luz ni Diego estuvieron ese día en Castelar.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había presentado un amicus curiae por ellos. “El CELS ha observado que el caso de Gómez y Romero presenta una serie de particularidades que requieren de especial atención de la Cámara y que podrían determinar que nos encontramos frente a una causa armada, en el sentido que se direccionó la investigación hacia los imputados sin prueba determinante”, dice el escrito que lleva la firma de la directora del Área Justicia y Seguridad, Paula Litvachky y el abogado Mariano Lanziano.

“La absolución trae satisfacción, pero demostró que todo esto podría haberse evitado. Se los persiguió penalmente y hubo un gasto de recursos del Estado innecesario. Ahora hay que evaluar las responsabilidades de quienes estuvieron a cargo de la investigación, puntualmente el fiscal Rapazzo y el Ministerio Público Fiscal que pidió la perpetua en el juicio oral”, dijo Maximiliano Medina, también del CELS, que acompañó el caso.

“Hay que analizar el efecto que genera esto en las víctimas. Operadores judiciales que actúan así, como actuaron contra Luz y Diego, van contra determinada población, contra sus sueños y posibilidades de desarrollo. Ellos habían venido a la provincia a trabajar. Después de todo esto se querían ir”, reflexionó Medina