Pocos días después, tal como lo publicara revista superficie, Miguel Pezuk (20) y su padre Mario Pezuk (48) se presentaron ante la Fiscalía de Instrucción Nº 4 de Apóstoles, para denunciar que en la Comisaría de Azara fueron detenidos y torturados inclusive con picanas. Estos hechos ocurrieron el mismo 24 de Marzo, mientras en todo el país se conmemoraba el Día Nacional de la Memoria.

El 19 de julio de este año, Carlos Guirula fue asesinado a golpes poco después de ser detenido por policías de la provincia en la ciudad de Posadas.
Ante todos estos casos la postura oficial, encabezada por el Ministro de Gobierno Jorge Franco —el máximo jefe político de la policía de la provincia de Misiones— ha sido la de minimizar los hechos, situar la sospecha sobre las víctimas, ensayar imposibles justificaciones y, rotundamente, mirar para otro lado.
A principios de agosto y en medio del debate mediático provocado por el asesinato de Guirula, el ministro concurrió al programa “La mesa grande” que emiten en conjunto Radio República y Canal 12 de Posadas. En su intervención defendió la aplicación de “mano dura” por parte de la policía a su cargo. Entre otras perlas dijo: “…la policía está bien así y va a seguir así, la policía tiene que ser así (…) Ustedes que van siempre a Brasil, en Brasil cómo es?, en Brasil la policía pega primero y después conversa”.

Tal como lo indica el ministro y con su aval político, la policía pega primero y luego amenaza. En las últimas semanas, al menos tres denuncias sobre graves hechos volvieron a ser difundidas por diferentes medios en distintos lugares de la provincia.
El 20 de octubre pasado, el joven Sergio Gabriel Fayón (22), residente en Puerto Rico, denunció a policías de la localidad de Garuhapé Mí por haberlo agredido a golpes y patadas en la comisaría.

Todo comenzó con un altercado callejero con una persona que lo agredió con una cachiporra y le fracturó el dedo pulgar. Cuando concurrió a la comisaría a realizar la denuncia se encontró con su agresor del otro lado del mostrador. Inmediatamente fue apresado y ferozmente golpeado en una celda por varios policías. Después lo dejaron incomunicado hasta que su padre fue a buscarlo al día siguiente.
Entonces, la violencia psicológica se sumó a la violencia física que ya había soportado Sergio Gabriel Fayón “…fijate pibe que yo te pego un balazo y te tiro por ahí y nadie va a saber qué fue lo que pasó con vos, así que te conviene no contar nada…” le dijo el policía cuyo apellido sería Duarte.
Por su parte, la médica policial que lo revisó consignó en el acta que las lesiones que presentaba Fayón se debían a “una pelea callejera”.

Paradójicamente, la intimidadora advertencia del policía fue realizada en los días posteriores a la “aparición” del cadáver de Luciano Arruga, cinco años después que se denunciara su desaparición en manos de la policía bonaerense.

Pocos días antes, dos detenidos debieron ser internados en estado de suma gravedad en la localidad de San Vicente. Mario D. (33) y Gabriel T. (30) llegaron al hospital de esa localidad provenientes de la Comisaría Primera. Posteriormente realizaron la denuncia, que fue caratulada por la Justicia como “apremios ilegales”, figura jurídica mucho más leve que la de “tortura”, si bien las lesiones que presentaban son pruebas contundentes de la sesión de tortura a la que fueron sometidos ambos denunciantes.
En Posadas el joven Nicolás Enríquez denunció que un grupo de efectivos policiales lo detuvieron cuando estaba esperando el colectivo, lo golpearon esposado y lo torturaron provocándole asfixia por ahorcamiento y golpeándolo repetidamente. El joven realizó además de la denuncia judicial una denuncia pública en la que detalló el estado de angustia e indefensión en que se encontró mientras lo golpeaban estando esposado: “no sabía que hacer, estaba a merced de la tortura digamos…” le relató el joven a Misiones Cuatro el 10 de noviembre.

También contó que fue amenazado: “Vino un policía y me dijo: ´escuchame una cosa, cabeza, si vos llegás a denunciarme a mí o a todos los que están acá, nosotros te vamos a ir a buscar y ahí nos vas a conocer de verdad, y al tal Correntino ése que se agarró con vos, no te vamos a defender más, vamos a dejarle que te haga lo que quiera…”

La postura oficial de restar importancia a estos hechos no solamente contrasta con la realidad sino que deja el camino abierto para que sigan ocurriendo. De esta manera, se siguen dando estas graves situaciones en nuestra provincia y, las víctimas, además de la traumática experiencia de la tortura, se enfrentan a la evidencia de su indefensión ante una fuerza policial que las amenaza y se muestran libres de hacer lo que les plazca, mientras su jefe político niega los hechos.

Cifras Negras
En julio de 2014, luego de conocerse las atroces circunstancias en que fuera asesinado Carlos Guirula, la periodista Alicia Rivas entrevistó al ministro Franco, quien entre otras temerarias afirmaciones sostuvo que “no hay casos de tortura en la provincia”. El ministro dice basarse en la escasa cantidad de denuncias realizadas por casos como ésos.

Sin embargo, la baja cantidad de denuncias no refleja la inexistencia de la tortura, por el contrario, puede expresar la eficacia de la tortura como forma de amedrentamiento y la cerrada impunidad que existe alrededor de estos casos.
Especialistas en el tema consideran que la escasa cantidad de denuncias sobre estas situaciones responde a varias causas, entre las cuales, el temor a la represalia se ubica en primer lugar, sobre todo tratándose de casos en los cuales la impunidad de los hechos denunciados es un dato casi absoluto.
La falta de expectativa de que la denuncia sirva para lograr el castigo a los autores, también incide en forma negativa, sobre todo porque en la mayoría de los casos quienes deben dar curso a la actuación pertenecen a la misma institución que los denunciados y porque la mayoría de las veces las denuncias no son investigadas.
Estas circunstancias están tan bien probadas en términos estadísticos que han sido volcadas en los fundamentos para la creación de diferentes mecanismos estatales para la erradicación de la tortura, tales como la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) en el ámbito nacional y diferentes mecanismos provinciales de prevención de la tortura.
Si a eso se le suma la renuencia judicial a caratular a tales hechos como “tortura”, se puede ver que los pocos casos denunciados se diluyen en una serie de carátulas menores como “abuso de autoridad”, “severidades”, “apremios ilegales” que raramente son instruidas y rápidamente quedan archivadas. Esa actitud de la Justicia a la hora de caratular y buscar sanciones a los hechos denunciados también ha sido caracterizada como uno de los factores que ayudan a la permanencia de esas prácticas e inclusive a la impunidad de casos de asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad.