Argentina: Vecinos que luchan contra el agronegocio en el primer país en comercializar el trigo transgénico

(Por Cristina de los Reyes y Mabel Maldonado/APL) Las consecuencias nefastas de las fumigaciones se hacen sentir de norte a sur y de este a oeste en nuestro país. Como contrapartida, en todas las zonas encontramos vecinos organizados dispuestos a luchar contra ellas. Eduardo Roovers (61), es artesano y cultiva su propia huerta, es militante de la Asamblea Paren de Fumigarnos de Mar del Plata y nos explica las consecuencias de la utilización de agrotóxicos en la salud de la población. Los problemas respiratorios y el cáncer entre las enfermedades más frecuentes, se multiplican de tres a cinco veces entre los que habitan o asisten a establecimientos educativos lindantes con los campos en los que se fumiga. La participación mediante denuncias, movilizaciones y el grado de organización de los vecinos afectados es creciente, pero las denuncias son ignoradas por el Estado, al mismo tiempo que el gobierno introduce el trigo transgénico, un agrotóxico más poderoso que el glifosato, asociado a su cultivo, y la tecnología 5G que aumentará la dependencia de los productores y del país a sus requerimientos.

El Holandés, como lo conocen todos, tiene una hija viviendo en CABA y se considera a sí mismo nómade porque ha recorrido el país desde Jujuy a esta ciudad, donde vive hace siete años. Su participación como militante en movimientos y organizaciones sociales lo llevó a ser un activista contra lo que él mismo llama un “ecocidio”. Integra una Asamblea que resume en su lucha y trabajo cotidiano todas las aristas involucradas en el deterioro de los más vulnerados: lo político, lo social, lo alimentario, la educación y la ética. Su propuesta parte de una cosmovisión de la que dio cuenta en las más de dos horas que duró el diálogo.

-¿Cómo surgió tu interés por lo ambiental?

-En Mar del Plata un amigo me invitó a formar parte de la Asamblea Paren de Fumigarnos, que va a cumplir doce años. En este espacio la lucha en contra de los agrotóxicos no está separada del contexto, de la lucha contra el modelo agroindustrial, y eso es lo que más me motivó, porque están claras las cuestiones sociales, políticas y alimentarias. La lucha es por una sociedad diferente, por un cambio de paradigma en cuanto al modo de producción y también la implicación en otros conflictos. Si hay una toma de tierras y amenaza de desalojo nosotros vamos a estar ahí.

-¿Qué enfermedades generan los agrotóxicos?

– Cada vez son más, desde afecciones respiratorias hasta cáncer, leucemia, malformaciones en lxs niñxs, abortos espontáneos entre otras. En malformaciones y enfermedades visibles se basó una investigación fotográfica realizada por Pablo Piovano, fotoperiodista de Página 12. El caso de Fabián Tomasi, un fumigador que desconocía el poder destructivo de los agroquímicos, fue emblemático, pero en todo el país se pueden comprobar las consecuencias devastadoras sobre la salud de las poblaciones. En más de treinta relevamientos que realizó la cátedra de Damián Verzeñassi, – docente de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario -, en distintas ciudades y pueblos, las casas más cercanas al campo tienen los índices más altos de problemas respiratorios y cáncer, y a medida que se van alejando es mucho más bajo. Y haciendo una comparación, si a nivel nacional este índice es del 1%, en esos lugares es de 3, 4 ó 5 %, se cuadriplica, se quintuplica. Esto es un ecocidio y un genocidio. Si a pesar de conocer los efectos de los agrotóxicos no hacen nada, el Estado y los gobiernos son responsables.

-En el documental “Pueblos Fumigados” dirigido por Pino Solanas (cineasta y político de larga trayectoria fallecido recientemente) aparece un laboratorio de Mar del Plata como opción para realizar análisis que determinen existencia de agrotóxicos.

-Sí, Fares Taie es uno de los pocos laboratorios donde se hacen los análisis completos. Pino Solanas y otros protagonistas de ese documental se hicieron los análisis ahí. Lo que es controversial es que el laboratorio tenga un convenio con la Municipalidad para realizar los análisis bromatológicos y otros estudios, esto puede ser un condicionamiento en relación al tema contaminación por agrotóxicos. Bios, que es una asociación civil integrada por profesionales en defensa del medio ambiente y la salud, hizo análisis de suelo y agua en varias zonas del país, y en Mar del Plata hizo dos campañas, de análisis de sangre en 2013 y análisis de orina en 2015. Ellos enviaron las muestras a Fares Taie y a un laboratorio en España al mismo tiempo.

-Cuáles fueron los resultados de esas campañas?

-A través de estas muestras se comprobó que el 70%, – entre población rural y urbana -, tenía glifosato; el 70% tenía metabolito del glifosato, que es lo que se genera en el cuerpo cuando ese agrotóxico se metaboliza; muchas personas tenían ambas sustancias; y solo una persona no tenía ninguna de las dos. Se comprobó así que el glifosato no desaparece, sino que se metaboliza en el cuerpo.

En 2012 se hizo un relevamiento en los barrios Hipódromo y San Jorge desde la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que encontró una alta incidencia de cáncer entre los habitantes de esa zona afectada por las fumigaciones. Este año los compañeros de Félix U. Camet tenían preparado un relevamiento que se iba a realizar en marzo, pero no pudieron concretarlo por la pandemia.

-¿Los agrotóxicos afectan más a las personas con una enfermedad preexistente?

-Primero veamos otra cosa: uno de los problemas de las frutas y verduras tratadas con agrotóxicos es la pérdida de nutrientes, eso es muy importante, porque tiene que ver con el deterioro de nuestro sistema inmunológico. Vamos a quedar más debilitados para enfrentar las pandemias, por ejemplo. Las últimas pestes que pasamos, con los pollos, con los chanchos, con todos los bichos tiene que ver con los antibióticos y venenos que les meten. Por ahí los que están en la ciudad creen que no los toca. Pero vamos a hablar de las galletitas por ejemplo, ¿quién las fabrica?

-¿El sueño de vivir en el campo para tener una vida saludable es ahora irrealizable?

-El 95% de la gente vive en ciudades en nuestro país, somos el país más urbanizado del mundo. La expulsión de trabajadores del campo creció no solo por las diferencias entre campo y ciudad y la búsqueda de mejores condiciones de vida, sino por la imposición de un nuevo modelo de producción que excluye y obliga a migrar a pequeños propietarios y trabajadores en las últimas décadas. A partir de 1996, con la gestión de Felipe Solá, -actual canciller -, como Secretario de Agricultura se profundiza el modelo de producción o agronegocio dependiente de los venenos. Se autoriza la soja transgénica por primera vez, resistente al glifosato.

-¿Qué otras organizaciones denuncian las fumigaciones en General Pueyrredón? 

-Además de Paren está la Asamblea Félix U. Camet, que sumó a las denuncias una movida artística y cultural importante. La Asamblea Ambiental de Chapadmalal, – integrada por vecinos de ocho barrios del sur -, le exigió al intendente Montenegro en 2019 que garantice el cumplimiento de la cautelar por los 1.000 metros, así como la creación del registro de productores de la zona. En Sierra de los Padres se formó recientemente una asamblea de vecinos, porque las fumigaciones se vienen haciendo desde hace años, pero ahora hay mayor conciencia. En el sur los vecinos tienen una organización importante, y no sólo contra las fumigaciones; ahí existen por lo menos tres asambleas que defienden las reservas naturales en la costanera y denuncian la contaminación en las playas: Luna Roja, Verde Mundo y Salvemos Paradise. El tema más complicado es la falta de controles, cosa que no es casual. 

-¿Se reúnen entre las diferentes asambleas barriales?

-Si, por temas puntuales hacemos reuniones. La interrelación es uno de los ejes fundamentales. Si no, quedás encapsulado en vos mismo. Todos los años en marzo se hacen los Encuentros de Pueblos Fumigados de la provincia de Buenos Aires, y acá el año pasado se hizo por primera vez en Santa Clara el Primer Encuentro Regional contra los agrotóxicos en el que participaron más de 200 personas. El crecimiento de las organizaciones y de personas individuales es impresionante. Lo que pasa es que si todo esto no está acompañado por políticas de estado, es ahí donde estamos en el horno.

-¿Cuando los vecinos quieren denunciar una fumigación, a quiénes se recurre?

-Hay que llamar a Policía Ecológica que depende de la provincia y a Gestión Ambiental de la Municipalidad que permite que quede asentada la denuncia, y después eso va a la Fiscalía de Delitos Ambientales. En  enero de este año la Secretaría de Producción y Trabajo nos convocó a una reunión a todos los sectores interesados. Fuimos unas veinte personas, representantes de Bios, de la Asamblea Félix U. Camet, Paren de Fumigarnos, Agroecología en Movimiento y Verde Mundo. En esa reunión les pedimos voluntad política para hacer cumplir la prohibición de fumigar establecida por ordenanza en 1.000 metros y no pudieron hacerlo. También pedimos un teléfono las veinticuatro horas para poder hacer las denuncias, porque Gestión Ambiental tiene horario de oficina y fuera de ese horario no atiende. Pero a nada de eso se dio respuesta. 

-¿Siempre fueron mil metros o antes hubo alguna normativa que fijó una distancia menor?

-Según los diferentes lugares. Para Pergamino, al igual que en Entre Ríos en 2019 una medida cautelar dictada por un juez federal se estableció que las aplicaciones aéreas deben realizarse a a 3.000 metros y las terrestres a 1.095 metros de la planta urbana. En Mar Chiquita los vecinos habían logrado a través de otra medida cautelar la prohibición de fumigar a menos de 1.500 metros de la zona poblada. Pero en plena pandemia, y después de esa cautelar, el Concejo Deliberante aprueba una ordenanza que reduce la prohibición a 150 metros. Por ese motivo se están haciendo movilizaciones de protesta. Acá siempre fueron 1.000 metros lo que se exigió, y luego se reglamentaron para todo General Pueyrredón. Pero este es el segundo cordón frutihortícola del país, la presión del poder económico es muy fuerte, y a pesar de la ordenanza municipal las fumigaciones continúan.

-¿Hay alguna propuesta desde el Estado de reducción de los agrotóxicos?

-Aparentemente se estaría impulsando una reducción. Por ejemplo, en los últimos siete meses se presentaron dos proyectos de agroecología en la provincia de Buenos Aires, y se designó al ingeniero Eduardo Cerdá como Director Nacional de Agroecología para garantizar las disposiciones que prohíben fumigar en las zonas de exclusión. Pero mientras tanto introducen el trigo transgénico, y más grave aún, el Ministro de Agricultura (Luis) Basterra saca una resolución en octubre de este año que contradice estos supuestos avances, por la cual en el espacio de delimitación fijado por ordenanzas para preservar a las zonas pobladas se podrá fumigar con una reducción de hasta el 80% de agroquímicos.

Esa resolución forma parte del “Plan de Reactivación Agropecuaria y Agroindustrial para una Argentina de Pié” que propone recuperar entre 500.00 y 1.000.000 de hectáreas en la zona de exclusión o amortiguamiento. Si se puede fumigar, ¿quién controlará la supuesta reducción de agroquímicos? Ni hablar del megaproyecto de la cría industrial de cerdos en convenio con China.

-Se habilitará el uso de otros agroquímicos?

-Ahora el gran problema es el trigo transgénico, que fue aprobado por el gobierno para su cultivo. Es el primer país que permite en el mundo su comercialización. Esta variedad transgénica se diseñó para ser resistente al glufosinato de amonio, un agrotóxico diferente y más peligroso. Eso es lo que logra el poder económico. Lo más terrible es que el Estado argentino se está asociando con este Plan al paquete tecnológico denominado AgTech, copia del AgOne de Bill Gates, aplicado a la industria agroalimenticia sobre la base de semillas transgénicas y aplicación intensiva de agroquímicos. La tecnología se llama CRISPR y el objetivo es lograr mayor resistencia de los cultivos a las fumigaciones, y mediante la eliminación de malezas aumentar la productividad.

-¿Cómo hacen la siembra?

-Los campos son vigilados por drones, siembran también con drones teledirigidos, y necesitan instalar la tecnología 5G porque con la tecnología que hay hoy, no lo pueden hacer. Imaginate que tenés un campo en Santiago del Estero y no tenés señal, y con 5G vas a tener siempre señal. O sea, todo va a depender de las nuevas tecnologías, para que sea más rápido y por supuesto sin mano de obra, eso significa que habrá mucha gente no necesaria ni para ser explotada. Quedará a la deriva.

El Holandés podría ser una persona de cualquier ciudad, pueblo o comunidad de la Argentina, en tanto el avance de las fumigaciones sobre nuestro suelo, el agua, el aire y todos los organismos vivos es una realidad comprobada por quienes están en contacto directo con los agrotóxicos, por quienes la investigan desde el campo científico, por los que luchan contra el agronegocio y el extractivismo organizados en movimientos y asambleas, y también por el periodismo de investigación que refleja el avance de la conciencia sobre el poder de contaminación y aniquilamiento de los agrotóxicos.

GLOSARIO:  
Agrotóxicos: Sustancias químicas tóxicas utilizadas en la agricultura para eliminar malezas, hongos e insectos.

Glifosato: Agrotóxico de amplio espectro, creado para la eliminación de hierbas y arbustos, cuya inhalación en humanos provoca diferentes enfermedades, algunas de ellas mortales.

Ecocidio: Destrucción de gran parte del medio ambiente en un territorio, especialmente si es intencionada e irreversible.

Transgénico: Organismo vivo genéticamente modificado, en forma artificial, a través de una técnica que permite insertar genes de virus, bacterias, vegetales, animales e inclusive de humanos, a una planta o a un animal.

5G: Quinta generación de tecnología inalámbrica para la transmisión de datos entre dispositivos con conexión a internet, diseñada específicamente para ser utilizada por industrias como la agrícola. Las denuncias sobre el avance del control de datos, de riesgos aún mayores para la salud por incremento de la radiación y la imposición de consumo de nuevos dispositivos no son atendidas por los gobiernos, descalificándose estudios y pronunciamientos de científicos de los países donde ya se dispone de esta tecnología.