(Informe del Centro de Estudios Legales y Sociales) Protestar hoy en la Argentina implica exponerse a una serie de riesgos. Quienes se manifiestan reciben insultos y amenazas de parte de las más altas autoridades políticas y sus seguidores en redes sociales. Para llegar al lugar convocado para una movilización hay que esquivar caminos bloqueados por las propias fuerzas de seguridad para impedir el desplazamiento de manifestantes. En la calle o el transporte público se puede ser objeto de demoras y requisas ilegales por parte de policías que buscan banderas y otros indicios de pertenencia política, algo no visto desde la dictadura militar. Durante las protestas, hay serios riesgos de sufrir golpes, empujones, enfrentar una corrida o persecución por parte de poli- cías a pie o en motocicletas. O sufrir quemaduras por el uso de gases químicos irritantes. Y recibir impactos de balas de goma en el cuerpo o el rostro. También de perder la vista. Además, se está ante el escrutinio constante de las fuerzas policiales que hoy naturalizaron la práctica ilegal de filmar manifestantes para su identificación. Se corre el riesgo de una detención sólo por estar ahí, manifestándose, trabajando o simplemente pasando por el lugar. Una vez detenida, una persona puede pasar horas sin saber dónde será trasladada. Y días hasta que las autoridades judiciales concedan que no existen pruebas que justifiquen la detención. Aun así, se verá imputada por delitos que pueden ir desde la resistencia a la autoridad hasta la asociación ilícita y la intimidación pública. Mientras, en los me- dios de comunicación y las redes sociales, las autoridades retoman los insultos y acusan de “terrorismo” a quienes se manifiestan.
OTRAS REGLAS (QUE NO SON LAS DE LA DEMOCRACIA)
El 14 de diciembre de 2023 el Ministerio de Seguridad de la Nación publicó la resolución 943/2023 con un “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”. Establece que cualquier manifestación pú- blica que se realice con cortes de calles o rutas y que disminuya la “circulación de vehículos, el ancho de las calles, rutas o avenidas” constituye un delito en flagran- cia, y habilita a que las fuerzas de seguridad repriman, desalojen y detengan a quienes se manifiestan sin orden judicial. También avanza sobre otras responsa- bilidades judiciales, al habilitar a la policía a recabar información sobre las perso- nas y organizaciones que se manifiesten con el fin de perseguirlas penalmente. Al suprimir el derecho a elegir el modo y lugar de la protesta, anula por completo el derecho a manifestarse. Las Naciones Unidas, a través de sus relatorías especia- les, expresaron que este protocolo implica la criminalización de la protesta y va en contra de derechos y garantías básicas.
Desde entonces este “protocolo” funciona como una justificación para que, en- cualquier situación, las policías actúen de manera violenta y arbitraria. A partir de estas nuevas reglas, la actitud policial en las calles durante los operativos es de hostigamiento constante. También se naturalizan situaciones como policías que no tienen identificación visible, porque ya nadie controla este tipo de irregulari- dades. El protocolo a veces se aplica, a veces no (como en las masivas manifes- taciones del 8M, el paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis trans y no binaries, el 24M, en el aniversario del golpe de Estado y el 23 de abril, en defensa de la educación pública), y a veces se usa para justificar la dispersión de protes- tas que ni siquiera estaban interrumpiendo el tránsito.
La misma resolución que aprobó este protocolo derogó una resolución anterior del Ministerio de Seguridad –la 210/2011– que establecía los criterios mínimos para el control de la actuación policial en manifestaciones públicas. Hoy no existen criterios para ese control.
“ARMAS MENOS LETALES”
El uso indiscriminado e ilegal de armas “menos letales” se convirtió en un rasgo permanente de la actuación policial en manifestaciones públicas. En lugar de utilizar esas armas como recurso para defenderse de agresiones o proteger a ter- ceros, las utilizan como armas ofensivas, lanzando gases y disparando balas de goma como método para desalojar manifestantes.
El resultado es una gran cantidad de personas heridas en manifestaciones en los últimos seis meses. Si bien no existen cifras oficiales, porque el gobierno no las produce, las distintas organizaciones que monitorean las protestas so- ciales y atienden a personas heridas (Posta Sanitaria, Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, Comité Nacional de Prevención de la Tortura y de la Ciudad de Buenos Aires, Monitor de Respuestas Represivas de la CTA) registraron al menos 665 personas con heridas de distinta gravedad en seis episodios represivos en la Ciudad de Buenos Aires en los meses de enero, febrero, marzo, abril y junio de 2024. En Misiones, la represión dirigida contra docentes y policías que reclamaban mejoras salariales dejó al menos 20 personas heridas en mayo.
BALA
Las balas de goma son disparadas al rostro, contraviniendo todas las reglas internacionales de uso de estas armas. El resultado es que varias personas sufrieron heridas oculares graves. Entre ellas, el abogado defensor de dere- chos humanos Matias Aufieri, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH). Matías estaba en la manifestación del 1° de febrero frente al Congreso para hacer un relevamiento sobre el accionar de las fuerzas de seguridad cuando recibió un balazo en el rostro. Tuvo que ser operado y per- dió la visión del ojo izquierdo. También Claudio Astorga, militante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), perdió la visión de un ojo por un impacto de bala recibido cuando la policía desalojó a un grupo de personas que pedían alimentos frente al Ministerio de Capital Humano el 10 de abril.
REPRESIÓN, GASES
Los gases irritantes también se usan de manera irregular y violenta. Son ro- ciados a corta distancia al rostro y al cuerpo, lo que produjo a varias personas quemaduras químicas de gravedad. Según un médico que atendió a personas lesionadas por el gas pimienta, el irritante químico utilizado por parte de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones del 31 de enero y 1 de febrero estaba mezclado con alcohol, “por lo tanto persiste más en el tiempo, seca más la piel y el efecto irritativo puede ser mucho mayor”. En la represión del 12 de junio, se pudo constatar que el gas lacrimógeno utilizado había vencido en 2022, lo cual también puede afectar la salud de quienes se manifiestan.
AGRESIONES A LA PRENSA
Entre las personas agredidas y heridas por la policía se destaca una gran canti- dad de trabajadores y trabajadoras de prensa. Según su sindicato, el SiPreBA, y la CPM, al menos 47 sufrieron heridas en episodios represivos entre eneroy junio de 2024. Recibieron impactos de bala, gases, y golpes con tonfas. En la manifestación del 18 de marzo, Carlos Ferrara, periodista de Canal 9, fue atacado junto al camarógrafo que estaba registrando los hechos represivos y tuvo que ser trasladado a un centro de salud. Las imágenes tomadas registra- ron a Ferrara con lesiones en el torso a raíz de los golpes. Las agresiones a tra- bajadores y trabajadoras de prensa son especialmente preocupantes teniendo en cuenta la reciente derogación de la Resolución 210/2011, que establecía una protección especial para el libre ejercicio del trabajo de prensa que no está con- templada en la normativa ahora vigente.
CÁRCEL
Las detenciones producidas en las manifestaciones responden al mismo objetivo de provocar miedo y desmovilizar. Por eso, en casi todos los casos son detencio- nes arbitrarias. La policía golpea y dispersa la movilización, y en la persecución posterior detiene a personas al azar. Luego inventa acusaciones, que no son contrastadas e investigadas, sino convalidadas por el Ministerio Público Fiscal.
Desde diciembre de 2023, al menos 80 personas sufrieron detenciones de este tipo en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Los golpes durante las detenciones fueron corroborados por distintos organismos que monitorean las manifestaciones y la situación de las personas detenidas.
CRIMINALIZACIÓN
La decisión de detener a una persona acusada de cometer un delito flagrante (como resistencia a la autoridad) y trasladarla a una dependencia es siempre de la fuerza de seguridad que está en el terreno o por orden del centro de monitoreo. Pero luego es responsabilidad de las fiscalías que esta situación se extienda en el tiempo durante horas o días. Éstas no controlan la actuación policial, sino que usan la información inverificable que les pasa la policía como base para construir hipótesis conspirativas, como la supuesta pertenencia a organizaciones políticas
que ejercen una violencia premeditada para desestabilizar al gobierno. Buscan así encuadrar las acciones de quienes se manifiestan en tipos delictivos graves, como asociación ilícita o sedición. Se trata siempre de construir una pseudo evidencia que, amplificada por los medios masivos, brinde sustento a las declaraciones de autoridades políticas que ante cada protesta acusan a las y los manifestantes de delincuentes y a las organizaciones o sindicatos de desestabilizadoras o de terro- ristas y golpistas. La otra cara de las detenciones arbitrarias, el encarcelamiento y la imputación de delitos fuera de toda escala, es la ausencia de investigaciones judiciales sobre la violencia policial.
LA ESCALADA CRIMINALIZADORA DEL 12 DE JUNIO
Las detenciones realizadas durante la represión del 12 de junio en la Ciudad de Buenos Aires ilustran estos patrones y al mismo tiempo sugieren una escalada en el agravamiento de la violencia estatal. Fueron detenidas 33 personas acusa- das de una multitud de delitos: lesiones, daños, incendio, atentado y resistencia a la autoridad, delitos contra la seguridad pública, instigación a cometer delitos, intimidación pública, pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto impo- ner sus ideas por la fuerza, perturbación del orden en sesiones de cuerpos le- gislativos, entre otros. Entre los detenidos se contaban estudiantes, vendedores ambulantes y transeúntes.
Una vez realizadas las detenciones, el gobierno nacional a través de la red social X se refirió a los detenidos como terroristas y los acusó de intentar un golpe de Estado. El fiscal Carlos Stornelli tomó esta expresión política extrema como base para su acusación. La Justicia Federal aceptó estas primeras imputaciones y se hizo cargo de la investigación. La fiscalía solicitó que se dicte la prisión preventiva a todos los detenidos. Sin embargo, en los días posteriores, la mayoría debió ser liberada (28 en total) y se les dictó la falta de mérito ante la ausencia de pruebas que justificaran su detención.
El tiempo transcurrido entre las detenciones y las liberaciones bastó para some- ter a esas personas a una pesadilla. Tratados como presos de gran peligrosidad, fueron inmediatamente trasladados de las dependencias policiales a penales fe- derales, cosa que no sucede prácticamente nunca. Muchos denunciaron que allí sufrieron situaciones de abusos y torturas. En todas las instancias por las que pa- saron (móviles policiales, dependencias, cárceles federales) fueron interrogados de manera violenta por policías acerca de sus opiniones e inscripciones políticas.
REQUISAS POR RAZONES POLÍTICAS
En la previa a distintas manifestaciones, cientos de personas fueron demoradas en las calles y en los transportes públicos por efectivos policiales que requisaron sus pertenencias para tratar de establecer si se dirigían o no a la movilización.
Buscaban banderas u otros indicios de pertenencia política. El propio Ministerio de Seguridad, que celebra estas acciones de persecución como medidas de seguridad, comunicó que se realizaron requisas en más de 700 transportes públicos durante las manifestaciones del 20 de diciembre de 2023.
MULTAS Y CASTIGOS A ORGANIZACIONES SOCIALES
Entre las medidas contra la protesta social anunciadas en diciembre de 2023 el gobierno incluyó la creación de distintos registros o listas negras de organizaciones. El protocolo de “Orden Público” habilita a las policías a realizar un amplio acopio de información sobre las personas que participan de las protestas, lo que genera un riesgo concreto y actual con relación al derecho a la privacidad e inti- midad, además de constituir una medida de persecución política. Luego de las manifestaciones del 20 de diciembre, el Ministerio de Seguridad anunció que ya había incluido a 14 organizaciones sociales y políticas en esa lista negra.
A estas organizaciones se les enviaron multas por protestar. En otros casos, se dio una forma insólita de amedrentamiento a organizaciones: se les envió una intimación para que se hagan cargo de los gastos que le implica al Estado la realización de los grandes despliegues policiales. Es decir, el Estado decide militarizar la ciudad en cada manifestación, y luego le pasa la factura a quienes convocan
a la movilización. Renuncia además a su rol de proteger los derechos de reunión y libre expresión, ya que considera a los operativos como un gasto ocasionado por los manifestantes. Sólo por la represión del 12 de junio, le informó al fiscal Stornelli costos operativos por $130.706.982. Por supuesto que no existe ningún tipo de transparencia en torno al modo en que se estiman esos gastos.
QUE LOS POBRES NO PROTESTEN
El gobierno realizó también una modificación en el programa social de presta- ción económica denominado “Volver al Trabajo” que implica un castigo para las personas que protesten. Esta modificación establece que quienes participen en manifestaciones pueden ser excluidos del programa. Esta disposición busca des- alentar la participación de aquellas personas en situación de vulnerabilidad eco- nómica. Medidas de este tipo son muy extorsivas porque afectan seriamente sus posibilidades de exigir a las autoridades por el cumplimiento de sus derechos.
La ministra de Capital Humano, que gestiona este programa, también amenazó a las organizaciones que organicen o promuevan manifestaciones y señaló que no serán tenidas en cuenta como interlocutoras válidas del ministerio a su cargo.
EL PROBLEMA NO ES EL ORDEN, ES LA PROTESTA
Desde diciembre de 2023 protestar en Argentina es un delito. Salvo algunas ex- cepciones caracterizadas por su masividad, todas las movilizaciones realizadas en la Ciudad de Buenos Aires se encontraron con despliegues policiales desmesura- dos, como si implicaran una amenaza crítica a la seguridad. El tipo de despliegue, la cantidad de efectivos y vehículos, el armamento que portan, así como el nivel de violencia e intimidación que instalan en el espacio público, no responde al objetivo de garantizar el tránsito vehicular. Los desproporcionados operativos policiales que paralizan la ciudad en cada manifestación persiguen otro objetivo. En tanto las manifestaciones públicas son para el gobierno situaciones básicamente ligadas a conductas delictivas, se trata siempre de desalentar, obstaculizar, hostigar a mani- festantes para que no estén en las calles y vuelvan a sus casas.
La perspectiva que considera a las protestas como delitos permea todos los aspectos de las políticas del gobierno nacional, desde la comunicación pública hasta la política alimentaria, pasando por las indicaciones a la policía y el acceso a la información pública. La negativa del gobierno a proveer información sobre los operativos policiales en manifestaciones públicas (solicitada por la diputada nacional Myriam Bregman) escudándose en razones de seguridad no tiene antecedentes. La justificación del gobierno de que brindar acceso esa información podría “comprometer seriamente” la capacidad de prevención y respuesta por parte de las fuerzas de seguridad deja en claro que se entiende a quienes se manifiestan como adversarios peligrosos y no como sujetos de derechos a ser protegidos, en cuyo caso no habría problemas en informar sobre las características de los despliegues policiales, como ocurrió con gobiernos anteriores de distinto signo político.