(Por Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata) La gestión de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo se retira tras 4 años de profundización de la política represiva y con una sentencia pendiente por la Masacre de Pergamino. El momento político es una oportunidad para realizar un balance de la gestión saliente en materia represiva y analizar las posibles líneas de acción de la gestión entrante de Axel Kicillof y Verónica Magario.Durante la gestión nacional de Cambiemos fueron asesinadas por el aparato represivo estatal más de 1.300 personas. La cifra representa cerca de un 20% de las más de 6.500 asesinadas por la represión del Estado desde diciembre de 1983. Buena parte de ese acumulado del horror corresponde al accionar de la Policía de la provincia de Buenos Aires. La gobernadora María Eugenia Vidal tuvo claro en qué sector de la bonaerense apoyarse. Inició la gestión designando jefe de la fuerza al comisario Pablo Bressi, responsable de la Masacre de Ramallo como coordinador de los efectivos que cocieron a balazos a dos ladrones de banco y sus rehenes en 1999. La gestión terminó con la conducción policial de Fabián Perroni, un duro que fue personal de la Comisaría 9° de La Plata cuando desaparecieron a Miguel Bru en 1993.
Uno de los caballos de batalla de Vidal fue la transparencia o la lucha contra las mafias y en materia de seguridad ese supuesto norte no fue la excepción. Se intentó mostrar un corte a la mano en la lata de los comisarios exigiendo declaración jurada obligatoria y publicando el registro de exonerados donde se mezcla la baja de genocidas como Miguel Etchecolatz con los expulsados por corrupción o por el benevolente ítem “violencia policial” (A). En los últimos años muchos de los titulares de las comisarías fueron ascendidos a las Departamentales. Y muchos de ellos fueron condenados en marzo de este año por la aparición de 36 sobres con 154 mil pesos de la recaudación ilegal en la Jefatura Departamental de La Plata. Pero no nos engañemos: sin recaudación ilegal La Bonaerense no funciona.
En 2017 Vidal instruyó al Procurador Julio Conte Grand a crear un registro de actuaciones judiciales por hechos de lo que ellos llaman “Violencia Institucional” llamado RVI, que dispone la realización de informes periódicos y una mesa de diálogo con autoridades legislativas, judiciales y de Derechos Humanos.
Una lectura de esos informes da un panorama de la tarea represiva de los uniformados bonaerenses. Allí se detalla la existencia de entre 4 mil y 5 mil expedientes por año de delitos cometidos por policías y penitenciarios entre 206 y 2018. Se afirma que el 58% de los hechos es perpetrado por policías bonaerenses, un 30% por penitenciarios y casi un 4% por policías locales. Entre los delitos más frecuentes se destacan las severidades, vejaciones y apremios ilegales (50% promedio), el abuso de autoridad o la violación de los deberes de funcionario (40 % promedio) y las lesiones (8%), datos promedio de los tres años. Resulta sorprendente descubrir que la Procuración informa que más del 60% de esas causas se suelen archivar por supuesta falta de pruebas, otro tanto se desestima y sólo un 1% promedio se eleva a juicio. Además se detallan 109 expedientes por muertes ocurridas en contexto de encierro para 2018, la mitad de ellas ocurridas en la Unidades Penales 1, 9 y 22 de La Plata. 44 investigaciones penales en curso con 48 víctimas fatales ocurridas en contextos de intervención de las fuerzas de seguridad. Se quedan un poco cortos. El informe del primer semestre de 2019, el último disponible, intenta destacar que las causas por la represión de Estado son pocas, al cifrar que representan el 0,4 % de las 460 mil iniciadas en toda la provincia entre enero y junio de este año. (B)
TRES MASACRES
El 20 de mayo de este año la bonaerense volvió a mostrar su peor cara al producir la Masacre de San Miguel del Monte. Las vidas de Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Camila López y Gonzalo Domínguez, y las lesiones graves que sufrió Rocío Quagiarello no van a ser en vano. La persecución, los disparos y la brutalidad que desplegaron contra los chicos quisieron contarla como un simple accidente de tránsito. Armaron el típico entramado de la impunidad policial: una versión oficial de los hechos exculpatoria, sembrado de pruebas, falseado testigos, y hasta mentirle en la cara a los familiares cuando fueron a pedir explicaciones. Pero la verdad salió a la luz. Los pibes fueron masacrados a tiro limpio. En esta causa se avanzó en un mes lo que en otras tardamos años. Y eso tiene una explicación: primero la movilización popular que llenó las calles con el reclamo. Pero pensemos que la masacre fue tan brutal que en un año electoral la intendenta de Monte, Sandra Mayol, la gobernadora Vidal y su ministro de seguridad no querían verse manchados por semejante crimen. Entonces comenzaron a sobreactuar apartando a los policías implicados y dando conferencias de prensa para despegarse del hecho. Sin embargo Mayol, Vidal y Ritondo siguieron en campaña electoral, como si no hubiera sucedido nada.
En este caso hubo una experiencia importante de organización antirrepresiva de parte de los familiares y amigos de los chicos, para exigir el juicio y castigo a los policías asesinos García, Ecilape, Monreal, Domínguez, Riguero, Gutiérrez, Bianco, Ángel, Durán, Micucci y Genaro, y al secretario de Seguridad de Monte y ex policía Claudio Ismael Martínez. La causa penal también salpicó a la intendenta Sandra Mayol y podría ser elevada a juicio a principios de 2020.
Las muertes en lugares de detención se agravaron en estos años de la gestión de Vidal. Si Scioli había pasado el récord de 40 mil internos del Servicio Penitenciario, Vidal pasó los 50.500, llevando la superpoblación en los penales al 120%, gracias a la profundización de políticas para endurecer la persecución penal y las tasas de encarcelamiento. Hay cada vez más personas presas en la provincia, todas ellas sometidas a un régimen de violencia, hacinamiento, abandono y muerte. Los dos hechos que son símbolo del desprecio de esta gestión por la vida de las personas detenidas son las Masacres de la Comisaría 1ra de Pergamino del 2 de marzo de 2017, y de la Comisaría 3ra de Esteban Echeverría, ocurrida en noviembre de 2018. En ambos casos hay responsabilidad de la Policía pero también del gobierno provincial por las condiciones en que tienen amontonados a los pibes como si fueran perros. Y como siempre, en ambos casos hubo que soportar la “versión oficial” de lo sucedido, que trató de imponer la idea del motín o de la pelea entre presos. En Pergamino los mismos pibes avisaron por celular que los iban a quemar vivos. En Echeverría los dejaron quemarse pese a que la comisaría está al lado del cuartel de bomberos. Los nombres de Jorge Ramírez, Eduardo Ocampo, Juan Lavarda, Walter Barrios, Juan Carlos
Fernández, Elías Soto, Miguel Ángel Sánchez, Jeremías Rodríguez y Carlo Ariel Corvera, van a quedar en la memoria popular y en la lista negra de todos los muertos que se cargó la gestión de Vidal y Ritondo en estos años.
El 20 de diciembre se conocerá el veredicto en el juicio por las víctimas de la Masacre de Pergamino, donde perdieron la vida Sergio Filiberto de 27 años, Federico Perrota de 22 años, Franco Pizarro de 27 años, Fernando Latorre de 24 años, John Claros de 25 años, Juan José Cabrera de 23 años y Alan Córdoba de 18 años. Este hecho ocurrido en la Comisaría 1ª de Pergamino pasará a la historia, junto con la Masacre de San Miguel del Monte y la Masacre de la Comisaría de Esteban Echeverría, como los peores hechos represivos de la gestión de María Eugenia Vidal, su ministro de Inseguridad Cristian Ritondo y su jefe policial Fabián Perroni.
El 2 de marzo del 2017 en la Comisaría 1ª de la ciudad de Pergamino, situada en la calle Dorrego Nº 654 entre La Merced y San Nicolás, los policías Carolina Guevara, Ramón Rodas, Matías Giulietti, Brian Carrizo, Alexis Eva y el por entonces comisario Alberto Donza, dejaron morir a 7 de 19 detenidos que se encontraban en el lugar, tras un incendio que pudieron haber controlado desde su inicio. Además de haber sido un Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura, la sede policial contaba con 4 antecedentes incendiarios: uno durante el 2015 que fue sofocado por los bomberos, y dos en el 2016, uno controlado por los bomberos locales nuevamente y otro por propio personal de la dependencia con matafuegos, pero el caso más relevante fue el del 2003 donde murieron 3 detenidos que encendieron fuego para protestar por las malas condiciones del lugar. La situación en la que estaban alojados los 7 pibes muertos en marzo de 2017 era común a todas las condiciones de encierro del país en comisarías o en el propio Servicio Penitenciario, en cada prisión, cárcel, calabozo o celda de dimensiones reducidas, sin mantenimiento en las superficies de pisos, paredes y cielorraso, ventilación e iluminación escasa o nula, instalaciones eléctricas precarias, las sanitarias deficientes e infectas. A esto le sumamos la densidad (sobrepoblación) donde cada espacio está pensado para alojar a determinada cantidad de personas y en determinado lapso de tiempo, pero ello nunca se cumple y las condiciones de habitabilidad provocan un alto nivel de hacinamiento. Ni hablar del ambiente hostil (amenazas, maltratos y torturas) y corrupción naturalizada para conseguir algún beneficio que termina de decorar el sistema de prisionización en la Provincia. Lo más preocupante es que en la provincia no existe un plan que reduzca la tasa de prisionización, más bien todo lo contrario, el Estado tiene el círculo perfectamente estudiado, se encarga de producir pobres y luego encarcelarlos para justificar el combate al delito.
En julio de este año Ritondo emitió la orden que dio paso a los operativos policiales de saturación en esta plaza San Martín, permitiendo el despliegue de control Urbano y efectivos de Caballería, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediata (UTOI), el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), el Comando de Patrullas, la Infantería y la Policía Local. Este despliegue policial, nunca visto en la capital provincial, intentó erradicar la feria de vendedores ambulantes en ese espacio público, y atacar a los compañeros senegaleses que se la rebuscan con la venta callejera. Así gestionaron la situación de hambre y desocupación que este mismo gobierno ha generado: con más represión. El racismo y la xenofobia de esta iniciativa fue clara, porque amenazaron a los extranjeros con retenerlos y luego expulsarlos del país por una simple contravención y sin estar cometiendo ningún delito. Hoy la presencia de grupitos de efectivos de los UTOI en las calles del centro de La
Plata se ha vuelto habitual y el municipio ha creado otra fuerza policial de patrullaje como es la Guardia Urbana de Prevención, con 170 caminantes supuestamente no armados ubicados en varios puntos de la ciudad.
LA VUELTA DEL PERONISMO
La futura gestión de Axel Kicillof se debate entre la inercia institucional que condesciende al autogobierno de la policía y una situación económica compleja que no permitirá cumplir fácilmente las propuestas de felicidad de campaña. De todas formas los dirigentes bonaerenses peronistas saben mucho de pactos de gobernabilidad con la Mejor Maldita Policía del Mundo. La anterior gestión peronista en cabeza de Daniel Scioli y Gabriel Mariotto generó más de 600 víctimas de su aparato represivo. Y tuvo varios hitos como duplicar la cantidad de efectivos de la Policía Bonaerense, a los que sumó las policías Comunales, y logró superar el límite histórico de presos en el Servicio Penitenciario. Dos de los principales responsables de esta política fueron el ministro de Justicia Ricardo Casal y el de Seguridad, Alejandro Granados, impulsores de la policialización de las problemáticas sociales.
Si tomamos las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de conjunto, el kirchnerismo tiene en su haber el 54% de las muertes producidas por el aparato represivo entre 1983 y 2019.
Kicillof se servirá de mucho del comisariado conservador que reportó a Ritondo, ese que se define más por la acción que por la formación y que reclama una conducción civil afín. La combinatoria será fatal, sobre todo si se tiene en cuenta que el nombre puesto para Seguridad es el del ex militar Sergio Berni, pasado a retiro por la gestión Macri, formado en el ámbito de inteligencia y confeso defensor de la mano dura y las detenciones ilegales. Para conducir la fuerza se menciona a tropa de Perroni, los comisarios Jorge Figini, del área de Formación y de Investigaciones y Néstor Villegas de Inteligencia conocido por realizar uso y abuso del software de investigación criminal llamado “i2”.
Lo ocurrido en los últimos 4 años en materia represiva en la provincia de Buenos Aires es en verdad parte de una política nacional cuyos máximos responsables han sido Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Fueron la garantía para que la represión no se vea limitada en sus métodos. El macrismo pasará a la historia como la gestión que llamó a avalar los fusilamientos públicos de personas más allá de lo que diga la justicia. Quisieron que el poder de matar del policía sea moneda corriente y no la excepción. Quisieron convertir a todo sospechoso en potencial “abatido”. Al igual que en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel el gobierno siempre elige quedarse con la versión de las fuerzas represivas. Quisieron instalar que Santiago murió ahogado, cuando está claro que fue desaparecido y asesinado en el marco de una represión de Gendarmería. En el caso de Rafa el gobierno habló de resistencia armada de la Comunidad que era reprimida por Prefectura, mientras el pibe tiene un tiro en el glúteo que le llegó al abdomen, en clara posición de huida ascendente en el lugar.
Más de 6.500 son los casos que la “doctrina Chocobar” ya se viene cobrando desde 1983. Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo quieren crear miles de Chocobar para contener el conflicto social que su política económica está agravando. También quieren reformar el Código Penal de la Nación determinando la “exención de responsabilidad para
los policías y miembros de las fuerzas de seguridad que en actúan en cumplimiento del deber y con su arma reglamentaria”. Una reforma a la medida de la Doctrina Chocobar: en teoría al estar habilitado al uso de arma 24 hs siempre estarían actuando “en cumplimiento del deber”, incluso cuando cometen homicidios.
El macrismo, acompañado por otras fuerzas políticas, también propuso la baja de la edad de punibilidad a 15 años, para someter a pibes cada vez más jóvenes al régimen penal juvenil, profundizando la criminalización y las políticas de encierro. La gobernadora Vidal inauguró en Campana la “primera cárcel para jóvenes” de entre 18 y 22 años, mientas tanto la provincia como los municipios vienen desfinanciando y desguazando los equipos de profesionales de los Servicios Locales de las áreas de Niñez y Adolescencia. Toda esta campaña que pretende demonizar a las y los jóvenes, es una propuesta de mayor represión basada en una mentira. Menos del 5% de todos los delitos de toda la provincia son cometidos por jóvenes de entre 16 y 18 años. En los delitos graves vemos que los hechos perpetrados por adolescentes representan menos del 0,5 % del total de casos.
La complicidad mediática es clave para estigmatizar a los jóvenes y legitimar la muerte como una “solución” al problema de la inseguridad. Desde los grandes medios se replica el estigma, aumentando y sobredimensionando el delito como fenómeno social, desligándolo de las desigualdades que le dan origen y la discriminación que fomenta la violencia, aún entre los más excluidos.
UNA POLÍTICA DE ESTADO
Este repaso es sólo una parte de los miles de hechos que cometen día a día las fuerzas represivas del Estado, como el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias, el verdugueo, las torturas, las masacres en cárceles y comisarías, las desapariciones forzadas, los armados de causas, los operativos de saturación, la persecución a los que luchan y a los que trabajan en la calle. Toda esta situación represiva es lo que denominamos una política de Estado. Y tenemos que llamar a las cosas por su nombre. No lo podemos llamar Violencia Institucional, porque no son excesos, ni se trata de un uno o de cientos de loquitos uniformados sueltos. Por atrás de estos hechos hay una decisión política concreta de reprimir. Hay una decisión política concreta de generar el hambre y la desigualdad social que se vive, una decisión de sostener una cultura violenta y una marginalidad planificada desde el Estado, para después justificar el uso del aparato represivo.
Por eso llamamos a todos los familiares y a lxs militantes antirrepresivxs a redoblar la lucha para enfrentar este sistema de hambre y muerte. Tenemos que organizarnos de manera independientemente del Estado y de todas sus instituciones que denunciamos y enfrentamos, porque son los responsables de la muerte de nuestros seres queridos. Justicia va haber cuando el Estado deje efectivamente de matar a nuestros pibes y pibas, y para eso es necesario cambiar de fondo el sistema y la sociedad.
(A) https://www.mseg.gba.gov.ar/interior/asuntos_internos/index.html
(B)https://www.mpba.gov.ar/violenciainstitucional