Desde la Cárcel de Mujeres del Buen Pastor, vengo a denunciar la violencia física, psicológica y mediática, ensañamiento y atropello que a diario sufrimos de parte del Estado Paraguayo dos mujeres paraguayas privadas de nuestra libertad por décadas: Carmen Villalba y Francisca Andino.

Soy esta última, habiendo sido educadora de escuelas rurales y anteriormente religiosa franciscana misionera de María, siendo al momento de mi detención y condena a 22 años en 2006, miembro ejecutivo del Partido Patria Libre. Condenada, sin prueba suficiente, por estar supuestamente conectada con el grupo operativo del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas.

Privada de su libertad desde el 2 de julio de 2004, militante del extinto Partido Patria Libre, madre de Claudia Anahí, de Néstor Alcides, de las mellizas Tamara Anahí “Anita” y Carmen Elizabeth “Lichita”, en 2004 Carmen había sido llevada presa al cuartel de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Fueron negados a ella casi todos los derechos de una mujer privada de libertad, empezando por el mismo lugar de reclusión que debe ser una cárcel de mujeres. Estuvo presa en este cuartel durante dos años. Después de una larga y tenaz lucha legal y con la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pudo lograr su traslado a la cárcel de mujeres del Buen Pastor. Allí le impusieron un aislamiento de 23 horas, pudiendo salir al patio sólo una hora al día. Las requisas en su celda eran constantes. En esos meses utilizaban los medios de comunicación para hablar de que estaban abortando intentos de fugas de Carmen. El hostigamiento, la persecución, los atropellos estuvieron -y siempre están- a la orden del día. Incautaban en la portería del penal los dibujos de su pequeño hijo Néstor, criminalizándolos y negándole la entrega. En el año 2006, al poco tiempo del nacimiento de sus hijas, el gobierno se las quiso arrebatar, siendo recién nacidas, para llevarlas a un Hogar de Niños. Ante la tenaz oposición de Carmen no pudieron lograr sus objetivos.

En marzo del 2010, fuimos reprimidas de manera brutal e inmisericorde Carmen, jóvenes campesinas del norte de nuestro país que habían sido detenidas y remitidas a esta cárcel, y yo. Para las autoridades de aquel momento nuestra falta grave fue querer compartir entre nosotras horas de trabajo comunitario y de estudios. Hasta hoy no permiten que ninguna presa comparta con nosotras las celdas que están en lo que ellos llaman “el cuadrilátero”. Siendo aproximadamente las 15:00 cortaron la luz y el agua de nuestro pabellón no sin antes exigirles a todas las demás presas que salieran al patio del penal. Minutos después irrumpieron por los angostos y oscuros pasillos del pabellón un pelotón de policías antiterroristas, que empezaron a disparar por doquier con balines de goma en un espacio reducido, cerrado y a oscuras. En medio de los tiroteos nos van tomando una a una esposándonos y tirándonos al piso boca abajo, con patadas y cachiporrazos, pegándonos a la cabeza y pisándonos el cuello con sus botas. Luego de un largo rato, nos bajaron al patio del penal y nos rodearon. Las compañeras heridas estaban sangrando constantemente sin ser atendidas por nadie, estando ahí la directora del penal Elga Escobar y la directora de Institutos Penales Olga Blanco. En todo momento la represión fue acompañada por el director de inteligencia Aquino. Mientras, todas nuestras compañeras privadas de libertad de este penal estaban encerradas en un patio chico con los portones cerrados y con guardias policiales. Todas ellas pedían a gritos que dejaran de reprimirnos. Inmediatamente la policía abrió el portón y entró a reprimirles a ellas. Después de esta brutal represión nos aislaron durante un mes.

Mi amiga Carmen cumplió ya una doble condena , de 18 años por secuestro y toma de rehenes. En julio de 2021, hace 2 años y 5 meses, Carmen cumplió la totalidad de su condena. Sin embargo, la jueza de ejecución penal, y luego también el tribunal de apelación, impugnaron la prescripción de su causa, habiendo siendo imputada en 2018 en otra causa de 2004 por resistencia, triplemente prescripta, a la que, para que Carmen prosiga en la cárcel, le da nueva calificación: homicidio doloso en grado de tentativa, fuera de todo plazo razonable, violando el debido proceso (artículos 494 del Código Procesal Penal, 69 del Código Penal, y 296 del Código de Ejecución Penal). En contraste con el principio de igualdad de toda persona, sin discriminación alguna, ante la ley, y según las leyes nacionales y los pactos internacionales – como el Pacto de San José de Costa Rica al que suscribe el Estado Paraguayo como Ley 1 en 1989, acabada formalmente la dictadura de Stroessner -, Carmen sufre actualmente detención ilegal, inconstitucional, arbitraria, parcial, deshumana. El motivo: el stroessnerismo que perdura luego de más de 30 años de recuperación formal de la democracia, y que teme la libertad de una mujer, que también sufre la condena de la opinión pública a cargo del tentáculo mediático de los pretendidos dueños políticos y económicos del Paraguay.

Esta injerencia del poder político y económico sobre el poder judicial es un capítulo más que se suma a los sucesivos y sistemáticos atentados contra la vida y la integridad del núcleo familiar Villalba. Néstor Alcides fue asesinado, a los 12 años, en 2010, envenenado camino a su escuela en Clorinda (Formosa, Argentina), sin encontrar sospechosos ni culpables. En noviembre del 2019, las mellizas de Carmen, Anita y Lichita, y su prima Tania Tamara, que vivían con su abuela en Puerto Rico (Misiones, Argentina), terminado el ciclo escolar, fueron de visita a sus familiares en el norte paraguayo, junto con sus primas más pequeñas, Lilian Mariana, hija de Miriam Villalba, y María Carmen, hija de Laura Villalba, ambas de 11 años, argentinas, escolarizadas también en Misiones, acompañadas y a cargo de Laura, hermana de Carmen Villalba. A causa de la pandemia, cerrada la frontera, no habían podido regresar a Argentina, cuando, el 2 de setiembre de 2020, las Fuerzas de Tareas Conjunta – FTC – creadas en la dictadura de Stroessner -, en Yby Yaú (Concepción), simulando un enfrentamiento con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), secuestran, vejan, asesinan y visten como guerrilleras a las niñas, a la vista de Laura y de Lichita – que fue herida en una pierna – que escapan desesperadas, como también Anita y Tania que, por otro camino, logran eludir el cerco infanticida militar y regresan a Argentina. El 30 de noviembre las FTC capturaron a Lichita en Cerro Guazú, sin orden de detención, y la “desaparecen”. A Laura la detuvieron, sin orden de captura, el 23 de diciembre, en un camino vecinal, mientras buscaba a Lichita. Trasladada a Encarnación, le toca enfrentar dos juicios armados ilegalmente: por “violación del deber de cuidado, educación y violencia familiar”, y por “asociación terrorista, tentativa de homicidio y portación de armas de guerra”. De todos estos delitos de lesa humanidad, Anita y Tania dieron testimonio ante el Comité de los Derechos del Niño y la Relatoría de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU. También la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina reclamó ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas que le da lugar y abre la Acción Urgente 1006/2021. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, en enero del 2021, “urgió a las autoridades paraguayas a emprender urgentemente la búsqueda de la niña desaparecida, Carmen Elizabeth. A la luz de las nuevas versiones de testigos sobre la captura y asesinato de las otras dos niñas, también llama a las autoridades paraguayas a llevar a cabo una investigación rápida, independiente y efectiva sobre las numerosas preguntas sin respuesta que rodean sus muertes. Ello incluye determinar por qué no se llevó a cabo un completo examen forense previo a su entierro, o posteriormente luego de que surgieran alegaciones sobre una posible ejecución extrajudicial. Tal investigación debería examinar también por qué evidencia importante fue destruida. Un examen forense independiente debería aún ser llevado a cabo … y tomó nota sobre la dimensión de género en un caso que involucra a mujeres y niñas familiares de integrantes del EPP”. En junio del 2022, Ibrahim Salama, jefe de la subdivisión de Tratados de Derechos Humanos del Alto Comisionado notificó por escrito al Estado Paraguayo de su alta preocupación por la suerte y el paradero de Lichita, razón por la que ha decidido mantener abierta la Acción Urgente. También allí expresó preocupación de que sea la FTC la entidad designada para buscar a la menor, sin que el Estado trate el caso como desaparición forzada, ni cumpliendo con su obligación de informar a los familiares sobre el desarrollo de la investigación y la búsqueda; le reiteró las recomendaciones que le hiciera en 2021 y agregó otras puntuales para que sean implementadas y respondidas. Entre otras, máxima transparencia en la investigación y búsqueda, considerar como hipótesis la posible participación u aquiescencia de las autoridades, y permitir la plena participación de los familiares en los procesos de participación y búsqueda. Y el Estado Paraguayo siguió sin responder satisfactoriamente.

Regresando a nuestra vida tras las rejas, el pasado viernes 17 de noviembre a las 6:00 de la mañana Carmen y yo fuimos atropelladas en nuestras celdas por más de 30 efectivos, varios encapuchados y con armas largas bajo el mando del comisario Nimio Cardozo y dos fiscales.

Sucede que el Estado Paraguayo, a través de la Ley 5162 de Ejecución Penal, expresa que está abocado a la política de reinserción social de las personas privadas de libertad. Para el cumplimiento de dicho objetivo los pilares fundamentales son el estudio y el trabajo. Desde el año 2015 junto con un grupo de aproximadamente 15 mujeres privadas de libertad, iniciamos la carrera de Psicología mediante un convenio del Ministerio de Justicia con la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD). Después de muchas dificultades, Carmen y yo estábamos llegando a la elaboración de nuestra tesis final de Psicología siempre bajo la tutoría de la UTCD. Dentro del Programa de Reinserción Social fueron donadas por la CONATEL varias computadoras a distintas cárceles de mujeres, entre ellas a la del Buen Pastor. Teniendo conocimiento de que dichas computadoras estaban siendo utilizadas por las estudiantes privadas de libertad, el jueves 16 me constituí al despacho de la directora señora Norma Bogarín, y le expuse nuestra situación de que Carmen y yo teníamos que entregar nuestras tesis al día siguiente, viernes 17 de noviembre. La directora accedió a mi solicitud de una de esas computadoras, que me fue entregada a las 16.30 de ese día. Al día siguiente, en el atropello del cual fuimos objeto, en mi celda encontraron la computadora. Inmediatamente di las explicaciones como corresponde pero no sirvió de nada. Unas horas después en una conferencia de prensa ya la estaban exhibiendo y afirmando que dicha computadora es de Carmen, y que la usa para comunicaciones con el EPP, al que dirige desde la cárcel. Los 4 millones y medio de guaraníes que le encontraron no eran mal habidos ni mal destinados, sino para saldar el arancel universitario de la UTCD.

Este largo y minucioso relato es para que se sepa la verdad, mi verdad, nuestra verdad. Es porque los agentes de este Estado Paraguayo terrorista están armando una causa contra Carmen utilizando esta situación, para seguirle impidiendo la libertad que legalmente le corresponde, a partir de la cual, Carmen quiere abocarse personalmente a la búsqueda de su hija Lichita.

Es inmensa la impotencia que siento, es una lucha muy desigual la que llevamos. Pero seguimos adelante resistiendo a la barbarie del Capitalismo.

Por la inmediata libertad de Carmen!

¡Por la aparición con vida de Lichita!

Francisca Andino

Cárcel del Buen Pastor, 19 / 12 / 2023

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